EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN EL ÁMBITO DISCIPLINARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
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Resumen
El trabajo analiza criterios jurisdiccionales en relación con la aplicación del principio de presunción de inocencia en el derecho administrativo sancionador desde la perspectiva de su aplicación en el derecho disciplinario. En este contexto, el trabajo tiene por objetivos: Observar la trascendencia de homologar el ámbito penal y el administrativo en la aplicación de principios, analizar la naturaleza de las distintas expresiones del poder sancionador del Estado y reconocer la importancia de crear un marco de aplicación propio del derecho administrativo sancionador. El trabajo se desarrolla en un momento de transición hacia la aplicación de los procedimientos sancionadores disciplinarios en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que pone de manifiesto su pertinencia. La investigación se desarrolla con base en una metodología dogmática a partir del análisis de la información obtenida por técnicas documentales en torno a la legislación, la doctrina y la jurisprudencia. Los resultados permitieron poner de manifiesto que los criterios de los tribunales federales no mantienen una postura clara sobre el objeto de tutela en el derecho disciplinario.
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[*]Tesis: (III Región) 4o.37 A (10a.), Semanario Judicial de la Federación, décima Época, 23 de mayo de 2014), a partir del comentario de la sentencia del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, que fue la que originó la Tesis aislada. La sentencia fue aprobada por unanimidad de votos el 19 de febrero de 2014 teniendo como magistrado ponente a Jorge Humberto Benítez Pimienta.
[†]10ª. E. Registro 201054, TCC, Tesis aislada X.2ª, GSJF Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo IV, P. 3442. Anticorrupción en contrataciones públicas. El artículo 27, fracción II, inciso b), antepenúltimo y último párrafos, de la ley federal relativa, aun cuando limita el principio de presunción de inocencia como regla de trato, se justifica conforme al test de proporcionalidad en derechos fundamentales.
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