El principio in dubio pro natura a la luz de la evidencia científica: la responsabilidad del Estado

The in dubio pro natura principle in the light of scientific evidence:state responsibility

El principio In Dubio Pro Natura ha evolucionado como un principio separado del principio de precaución de acuerdo con el derecho ambiental.  El objetivo de este artículo es analizar tanto el principio In Dubio Pro Natura como el principio de precaución bajo la luz de la evidencia científica y la responsabilidad estatal.  El principio de precaución es aplicable como regla general en casos en que hay riesgos potenciales de un daño grave al ambiente independientemente de la existencia de certeza científica respecto a tales riesgos.  Por otra parte, el principio In Dubio Pro Natura resulta más garantista para el medio ambiente y sus intereses que la obligación de actuar con precaución ya que este es el fundamento para preferir la interpretación de las normas que ofrezca el mayor grado de protección al ambiente.  El autor de este artículo sostiene que en escenarios en los que las autoridades estatales tienen un mayor grado de responsabilidad respecto al manejo de una situación y puedan controlar los efectos negativos de una amenaza al ambiente, la salud pública o la sostenibilidad, por ejemplo, en el caso de proyectos extractivistas, el uso del principio In Dubio Pro Natura debe preferirse.  Por el contrario, este artículo examina la lucha contra el cambio climático y el establecimiento de metas globales, por una parte, así como los riesgos potenciales que las nuevas tecnologías pueden tener sobre la biodiversidad, como dos ejemplos en los que el principio In Dubio Pro Natura no puede ser aplicado.  En el primer caso, existe consenso científico sobre la urgencia de combatir el cambio climático.  Sin embargo, pese a los compromisos globales, la responsabilidad estatal individual y el control sobre la línea de acción es débil.  En el segundo escenario, el autor hace referencia a la regulación del uso de nuevas tecnologías sobre la cual existe un mayor control de las autoridades nacionales en casos en que no existe suficiente certeza respecto a los riesgos ambientales o a la salud pública que estas plantean.  En estos casos se debe preferir el principio de precaución.