Gobernando a la Persona Internamente Desplazada: problemas y fricciones de un nuevo problema mundial1
Ruling Internally displaced people: problems and frictions in an emerging worldwide issue
Governando a Pessoa Internamente Deslocada: questões e atritos de um novo problema mundial
Resumen
Este artículo analiza las condiciones de posibilidad de la emergencia de la Persona Internamente Desplazada (PID) como un nuevo problema mundial. Mediante el seguimiento a los principales eventos que hay detrás de este problema, el artículo se concentra en la configuración de la formación discursiva misma. Metodológicamente, combina el análisis discursivo con una etnografía institucional realizada en distintas locaciones estratégicas para este nuevo problema mundial. Finalmente, se concentra en el caso colombiano analizando algunos de sus efectos secundarios relativos a la ampliación de los procesos de estatalización.
Palabras clave: problematización, población internamente desplazada, formación discursiva, antropología del Estado, derechos humanos.
Abstract
This paper analyzes the conditions of possibility for the emergence of Internally Displaced People (IDP) as a new worldwide issue. By tracing the major events behind this issue, this paper turns around the shaping of the discourse formation itself. Methodologically, it combines discourse analysis with an institutional ethnography made on various locations strategic to this worldwide issue. Finally, the discussion focuses on the Colombian case analysing some of its collateral effects related to the expansion of statalization processes.
Key words: problematization, internally displaced population, discourse formation, anthropology of the State, human rights.
Resumo
O presente artigo analisa as condições de possibilidade da emergência da Pessoa Internamente Deslocada (PID) como um novo problema mundial. Mediante o acompanhamento dos principais eventos existentes por trás deste problema, o artigo concentra-se na configuração de sua própria formação discursiva. Metodologicamente, combina a análise do discurso com uma etnografia institucional realizada em diferentes locais estratégicos desse novo problema mundial. Concentra-se, por fim, no caso colombiano, analisando alguns de seus efeitos secundários relativos à ampliação de processos de estatização.
Palavras chave: problematização, população internamente deslocada, formação discursiva, Antropologia do Estado, Direitos Humanos.
Hacia mediados de los años noventa, habitantes de Bogotá y otras ciudades de Colombia notaron que grupos de personas, familias enteras o individuos permanecían en las esquinas de las ciudades pidiendo dinero a los conductores que pasaban por ahí. Algunas estaban ocupadas por grupos de afrocolombianos; otras por indígenas, y en la mayoría de los casos, se trataba de campesinos que venían de las áreas rurales de Colombia tan lejanas como las del Pacífico colombiano. Como en la mayoría de las ciudades del «Tercer Mundo», y en general de las grandes ciudades capitales del mundo, la escena de personas acompañadas de sus familias pidiendo dinero en las calles es ciertamente común. Pero estas personas no sólo estaban pidiendo dinero, sino que permanecían en las esquinas con cartulinas y fotocopias de documentos que guardaban en carpetas bajo los brazos. Pronto aprendí que estos documentos eran certificaciones oficiales y cartas enviadas a instituciones solicitando ayuda en cuanto a cuestiones de educación, salud y vivienda. Los identificaban no propiamente como simples personas de escasos recursos pidiendo ayuda: hacían mucho más. Éstos los identificaban como «persona internamente desplazada» (PID).
Siguiendo una analítica del poder inspirada por Michel Foucault (1978), la cual entiende el poder no sólo como restrictivo y negativo sino como positivo y productivo, en cuanto a efectos, subjetividades y discursos, hay tres preguntas fundamentales que se desprenden y que quiero analizar acá: ¿de dónde provino esta categoría, «personas internamente desplazadas»? ¿Por qué «personas internamente desplazadas» y no otra categoría? Y, ¿qué hacían estos documentos y carpetas en las esquinas de las calles en ese momento en la historia de Colombia? En este artículo, siguiendo a Rabinow (1986:241), quiero antropologizar esa configuración de conocimiento que permitió que algo como la PID fuera posible en los años noventa como un nuevo problema mundial, «al mostrar lo exótica que ha sido su constitución: al enfatizar esos dominios que son dados como universales; hacerlos ver tan históricamente peculiares como fuera posible» y, finalmente, «mostrar cómo sus reclamos de poder están ligados a prácticas sociales que se han convertido en fuerzas efectivas en el mundo social». Sin lugar a dudas, muchas de las razones por las cuales las personas huyeron a las ciudades en los noventa habían estado presentes en la larga historia de Colombia; otras emergieron más recientemente en respuesta a la violenta confrontación de diversos actores para la explotación de recursos lícitos e ilícitos articulados a economías globales. Pero nunca antes habían sido nombrados como PID. En este artículo, lo que quiero mostrar, una vez más inspirado en el análisis de las formaciones discursivas de Michel Foucault (1972), es que este objeto específico -la PID, simultáneamente un programa, una técnica y un aparato movilizados para gobernar a esta población- sólo entró en existencia hacia la década de los noventa. Ésta es la historia que quiero rastrear acá.
En las páginas siguientes, empiezo delineando mis estrategias investigativas inspiradas por una literatura foucaultiana interesada en el rol de los regímenes discursivos para posicionar sujetos, subjetividades y posiciones de sujeto (Sullivan, 2006). Me ha interesado sobre manera cómo se ha producido un discurso altamente regulado y ordenado sobre la PID. Pero también demuestro cómo este discurso está asociado a la formación efectiva de discursos, subjetividades y eventualidades. Me interesa entonces vincular el análisis del archivo con el análisis del diagrama (Deleuze, 1988), pues, como diría el mismo Foucault, estas tareas, la de cartografiar el archivo y la del diagrama, nunca son separables (Foucault, 1970:64). Luego de esta introducción teórica, una breve sección «histórica» narra eventos ocurridos durante los siglos XVII, XIX y principios del XX, cuando emergieron los iniciales arreglos institucionales que permitieron el surgimiento del régimen del refugiado. A continuación, ubico al escenario de la pos-Guerra Fría que legitimó el régimen internacional de derechos humanos dentro del cual el problema mundial de la PID pudo irrumpir. En mis conclusiones, discuto algunos de los efectos que esta materialidad en sí misma, un modelo para gobernar el problema mundial de la PID, ha tenido sobre la vida cotidiana y proyectos de vida futuros de este grupo de personas.
Historización de la configuración de la PID
Problemas de escala global como la PID dependen de un material específico, de una época y un cuerpo determinado de prácticas y discursos que han continuado existiendo hasta nuestra época. Como lo explica Foucault (1998:32), éstos nunca pueden ser pensados como tipos ideales, sino como programas, tecnologías y aparatos que se encargan de problemáticas particulares, los cuales inducen toda una serie de efectos en lo real que se cristalizan en instituciones, que informan los comportamientos y las acciones individuales como matrices de percepción y evaluación de las cosas. Para entender sus condiciones de posibilidad, es entonces necesario describir su muy reciente invención a través de su diferenciación de otros previos y similares objetos de conocimiento y de intervenciones humanitarias (e.g., de otros programas, tecnologías y aparatos), tales como el de las «personas desterradas», el «desplazado», el «refugiado», etc. (Malkii, 1992, 1995; Arendt, 1951; Loescher, 2003; Lippert, 1999). En esta sección, quiero entender cómo y por qué estos problemas fueron posibles y cuándo y por qué requirieron de su expansión.
En este sentido, lo que uno enfrenta es la emergencia de un nuevo problema (la PID) que requiere desechar, rearticular, transformar o expandir otros problemas previos. Argumento que este detour histórico a través de estos otros problemas es necesario para responder a las siguientes preguntas: ¿Por qué emergió la PID? ¿Por qué emergió hasta hace sólo dos décadas? ¿Si el «movimiento forzado de personas» es algo que todos estos problemas comparten, entonces por qué sus especificidades, diferenciaciones y posibilidades? ¿Por qué se requirió de una nueva categoría? ¿Por qué las otras categorías previas ya no eran más un recurso y ya no eran eficientes? Y, finalmente, ¿este nuevo problema, la PID, ha adquirido tanta estabilidad y solidez mundialmente para incluso nombrarla como un «nuevo problema mundial» o como un «régimen» en sí mismo?3
Los derechos del ciudadano y el Estado moderno
Varios investigadores que trabajan sobre el régimen humanitario y de los derechos humanos han acudido a la Ilustración para trazar la construcción del aparato discursivo que vincula los derechos del hombre (no de la mujer) con el hecho de ser un ciudadano del Estado-nación (Chandler, 2002; Arendt, 1951; Ishay, 2004). Al mirar cómo los derechos del hombre fueron ligados al hecho de ser ciudadano de un Estado-nación durante la Ilustración, estos investigadores han concluido que durante esta época la condición de «pertenecer a un Estado» (stateness) fue asimilada con la de tener unos derechos bajo la protección de una configuración jurídica mayor del Estado-nación enfatizada por sus límites territoriales (Ishay, 2004; Arendt 1951). Para Ishay (2004), las influencias de Rousseau, Montesquieu, Locke y Kant, así como eventos tales como los tratados de Westfalia (1648), la Declaración de Independencia de Estados Unidos (1776), la Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano (1789), entre otros, fueron en su conjunto responsables de crear las condiciones de posibilidad de la idea del rol del Estado soberano como garante de derechos básicos y como guardián para la defensa de los derechos mismos.
Para esta misma época, como Foucault (1997) argumenta, la clásica teoría de la soberanía sustentada sobre el poder de la espada vino a ser complementada por el poder de hacer «vivir» y dejar «morir». Aunque éste no es el espacio para adelantar una discusión al respecto, es claro que la relación entre el Estado republicano y este tipo de poder merece mayor análisis en un futuro. Pero, por ahora, podemos afirmar que esta biopolítica tuvo como objetivo la población tanto como un objeto empírico como un sujeto trascendental en relación con la emergencia y la expansión del capitalismo industrial; en efecto, la regulación y el manejo de los ciudadanos con el objetivo de maximizar y extraer fuerzas bajo el eje del Estado-nación no son de ninguna forma naturales ni originarios. Fueron hechos posibles por la articulación de dos tecnologías del poder bajo la configuración del Estado soberano desde el siglo XVIII: una enfocada sobre el eje del cuerpo-organismo-disciplina-instituciones y otra sobre el eje de la población-procesos biológicos y mecanismos regulatorios (Foucault, 1997). Ahora, al Estado-nación se le encargó el cuidado de sus propios ciudadanos mediante prácticas de gubernamentalidad (Foucault, 1997:246; 2000), que introdujeron mecanismos tales como las predicciones, los estimativos estadísticos, entre otros, siempre ligados a la producción de verdad, con el objetivo de «conducir la conducta del otro, es decir, de todas las maneras de pensar y actuar más o menos calculadas y sistemáticas que buscan moldear, regular o manejar el comportamiento de los otros, sean los trabajadores de las fábricas, los internos en las prisiones, los pacientes en el hospital mental o los miembros de una población» (Inda, 2005:1).
Hannah Arendt (1951:267), entre otros, argumenta que los eventos que rodearon la Primera Guerra Mundial y sus severas consecuencias de inestabilidad habían fragmentado la fachada del sistema político europeo lo suficientemente como para dejarla al descubierto. Para esta época, Loescher (2001:32) estima que aproximadamente dos millones de polacos migraron de sus lugares originales hacia Polonia durante los imperios ruso y austro-húngaro, y un millón de alemanes étnicos se movieron hacia Alemania. La guerra greco-turca desplazó de Anatolia a un millón de griegos y armenios. Para este autor, como producto de los cambios en la naturaleza de la guerra internacional, la disolución de los viejos imperios multinacionales en Europa del Este y la región de los Balcanes, así como la expansión del Estado-nación y su intento de crear grupos política y culturalmente homogéneos, forzaron a millones de personas a abandonar sus antiguos hogares y escapar a nuevos territorios. Como Arendt (1951) lo demuestra, este impresionante movimiento de personas entre Estados creó un vacío de poder en el cual las minorías étnicas de los excluidos de los nuevos territorios no tenían un Estado que les garantizara unos derechos.
Lo que hace llamativo estos eventos, como lo ilustra Lippert (1999:298), es que antes de este movimiento masivo de personas «los [Estados-nación] europeos no concebían que grandes masas de seres humanos forzados a escapar y buscar un refugio para su protección experimentaran un tipo de victimización distintiva». Aún más, para el autor, «no había una condición de refugiado y no existía tal condición» (1999:298). De manera similar a lo que intento argumentar, el autor no quiere decir que no había movimientos de refugiados (o en mi caso, de la PID) antes de este período. En cambio, dentro de una perspectiva foucaultiana argumenta que «no había movimientos, prácticas o refugiados» antes del siglo XX, de la misma manera en que «no había una sexualidad hasta el siglo XVIII ni seres humanos con múltiples personalidades hasta finales del siglo XIX» (Lippert, 1999:299)4. Pero muy pronto, junto con otros eventos alrededor de la Primera Guerra Mundial, como inmediatamente lo mostraré, emergió una serie de programas, tecnologías y aparatos, tanto prácticas discursivas como materiales, durante las primeras décadas del siglo XX para responder a este nuevo problema.
Fue precisamente esta coyuntura la que llevó a la Liga de las Naciones a comisionar en 1920 al explorador noruego Fridtjof Nansen como el Primer Alto Comisionado para los Refugiados, con especial atención a los refugiados rusos únicamente. Después de varios años, también fue comisionado para lidiar con las consecuencias de la contraofensiva de Kemal Atatürk frente al ejército griego en Asia Menor (Barutciski, 1999). A través de su mandato, sin embargo, Nansen recibió un limitado apoyo político de los países donantes (Barutciski, 1999). Aún más, como lo sugiere Lippert (1999), el cuidado de los refugiados dependía en su mayor parte de empresas filantrópicas privadas, en donde la oficina central de Nansen estaba simplemente encargada de la coordinación de las ayudas. Nansen fue enviado específicamente a reducir el sufrimiento de las personas y ayudar a reasentarlas. En términos prácticos, para mitigar los problemas del movimiento transfronterizo de refugiados, el Alto Comisionado expidió documentos de viaje que fueron conocidos como los «Pasaportes Nansen», inicialmente para los nacionales rusos, luego a armenios, y varios años después a otras nacionalidades (Torpey, 2000).
Por otro lado, como los ilustra Skran (citado en Loescher 2001), las actividades del Comisionado comprendieron el reasentamiento de los refugiados, las oportunidades laborales, la emigración y el vínculo de la asistencia al refugiado con el desarrollo económico. Como argumenta Barutciski (1999), el fundamento de su mandato consistía en actividades «no polítizadas», lo que puede ayudar a explicar por qué la protección del refugiado, para ese entonces, era considerada como distinta a otros tipos de actividades más intervencionistas. En efecto, como lo sugiere Loescher (2001:25), el Comisionado creía que el régimen internacional del refugiado también contribuiría a solucionar los problemas económicos de Europa. Aunque todavía lejos de lo que Chandler (2002) denomina como la ampliación del humanitarismo, el cual involucra un fuerte componente desarrollista en las ONG y organizaciones internacionales desde la década de 1980, uno puede confirmar la presencia de una razón fundamental que vincula la protección del refugiado, desplazado o desplazado interno con el tipo de soluciones eminentemente «económicas». Dentro de esta razón fundamental, por supuesto, no existe debate político alguno sobre las profundas causas por las cuales se desplazan grupos de personas, en primer lugar. En efecto, para Chimni (1998), quien historiza los cambiantes contextos de la política relacionada con la ley de refugiados, el consenso de la aproximación positivista entre las décadas de los cincuenta y los ochenta que separa las esferas legales y políticas es el perfecto ejemplo de este discurso despolitizado.
Luego del período de las guerras mundiales, como lo describe Loescher (2001), refugiados antifascistas escaparon de Alemania, Italia, Portugal y España. En el período de posguerra, y muy importante para entender las condiciones de posibilidad de la PID en los noventa, un nuevo término, las personas desplazadas (PD), fue creado para referirse a las personas forzadas a moverse dentro de la guerra. Ishay (2004:268) argumenta que en 1945 la Unión Soviética expulsó a un millón de alemanes de territorios densamente poblados por alemanes, que habían sido dados a Polonia. Y con estos eventos, la previa configuración del Estado-nación-soberanía-ciudadano heredada de la Ilustración -la cual aseguraba la protección bajo el territorio y la jurisdicción del Estado en el cual se hace- tuvo que reorganizarse, al menos en términos teóricos. Como Foucault sugiere con el concepto de la problematización, tuvieron que darse nuevas respuestas «que hicieron que algo entrara en el juego de la verdad y la falsedad y constituirlo como un objeto de conocimiento (ya sea en forma de reflexión moral, conocimiento científico, análisis político, etc.». (Foucault, 1998:670, citado en Rabinow, 1984:138). Ahora los Estados, y aún más, mejores, más eficientes y sólidas instituciones distintas a las Ligas de las Naciones y al mandato Nansen aparecieron para responder a este nuevo problema: el refugiado.
Loescher (2001) hace un listado de las distintas agencias internacionales creadas durante estos años alrededor del problema del refugiado. Simultáneamente, hay que entender que en esta alineación institucional, el refugiado entra un juego de verdad y falsedad y se construye como un objeto de pensamiento, ya sea en la forma de reflexión moral, conocimiento científico, análisis político, etc. (Foucault, 2000a). Por ejemplo, el Comité Intergubernamental para los Refugiados (IGCR, por su sigla en inglés) se crea en 1943 para negociar con Alemania lo relacionado con la migración judía. La Agencia para la Protección y Rehabilitación (UNRRA, por su sigla en inglés) proveerá asistencia de emergencia a los millones de personas desplazadas que cayeron en manos de los Aliados. Como producto de las tensiones alrededor del reasentamiento y repatriación de refugiados a lo largo del eje Occidente-Oriente, Estados Unidos corta su apoyo a la anterior y crea luego la Organización Internacional de Refugiados (IRO, por su sigla en inglés), la cual tuvo como misión primordial el reasentamiento de refugiados y desplazados desterrados por la Segunda Guerra Mundial. Debido a desplazamientos masivos ocurridos en la península coreana, en China y en Palestina, muchas de estas instituciones cerrarán luego de discusiones sostenidas entre 1948 y 1950 en las Naciones Unidas, al dar cuenta de que el flujo de refugiados es un fenómeno internacional. Es en este contexto donde las discusiones sostenidas consideraron el cierre de la IRO para dar paso a una nueva organización internacional para los refugiados: el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Para Loescher, el libreto del Estatuto del ACNUR de julio de 1950 y el de la Convención de julio de 1951 concerniente al estatus del refugiado estuvieron fuertemente influenciados por la experiencia del período de la posguerra europea (2001:44). En efecto, como argumenta, una tensión común a lo largo de la historia del ACNUR ha sido la de la protección de los refugiados vis-à-vis las prerrogativas de soberanía y los intereses de los Estados (Loescher, 2003). Estos documentos definieron al refugiado como una persona «que, como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951, y debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país» (Artículo 1, Definición del término «refugiado», Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, Ginebra, 1951). Para el autor (Loescher, 2001:44), esta definición centrada en la persecución moldeada por los Estados occidentales percibía a los refugiados como víctimas de regímenes opresivos, totalitarios y comunistas. En este contexto, los refugiados eran vistos como «votando con sus propios pies» (Nyers, 2006). Durante las reuniones hubo discusiones sobre si esta definición se aplicaría a los refugiados en todo el mundo, o si sólo debería restringirse a los refugiados europeos; Estados Unidos argumentó a favor de una definición más reducida y enumeró las categorías que requerían protección; al final, su visión prevaleció luego de que los estadounidenses presionaran a las delegaciones de América Latina y otros lugares para cambiar su posición (Nyers, 2006:45).
Un evento importante para esta discusión es que, en junio de 1957, los representantes de los gobiernos debatieron sobre cómo deberían ser considerados los refugiados internos en esta definición, y decidieron excluirlos del mandato (Loescher 2001:45). Como lo argumenta el autor, el miedo a movimientos masivos ilegales de minorías alemanas que totalizaban aproximadamente nueve millones de personas estaba presente en estas discusiones. La sospecha de que estas poblaciones pudieran más adelante reclamar un estatus de refugiados para invocar su protección llevó a excluir de la competencia de la Alta Comisión a todas esas personas que «poseen los mismos derechos que los habitantes del país en donde viven» (Loescher 2001:49). Para esta época, también, nuevos flujos de personas fuera de la frontera europea llevaron a la formación de otras instituciones, tales como la Agencia de las Naciones Unidas para el Trabajo y la Protección (UNRWA, por su sigla en inglés), para responder a la crisis de palestinos refugiados que perdieron su lugar y su bienestar luego del conflicto de 1948 (Farah, 2004; Feldman, 2007; Kelly, 2004). Fundada en 1949, esta agencia se convertiría en las décadas siguientes en un nodo de intereses distintos e incluso contradictorios en relación con el reconocimiento de refugiados y la protección en Israel y en los Territorios Ocupados (Farah, 2004; Feldman, 2007; Kelly 2004).
En las páginas anteriores he descrito de manera muy superficial los distintos programas, tecnologías y aparatos que emergieron para confrontar un nuevo problema: el movimiento masivo de personas impulsado por el fraccionamiento de los antiguos poderes imperiales en Europa y las guerras entre Estados, entre otros eventos históricos. Argumenté cómo estos eventos problematizaron la configuración ilustrada y liberal que garantizaba la protección de los ciudadanos bajo la condición de que habitaran su territorio. Con estos eventos, tal configuración tuvo que ser rearticulada y reacomodada para dar pie a un nuevo ensamblaje de programas, tecnologías y aparatos que vinieron con este nuevo objeto: el refugiado. También fueron fundamentales la aparición simultánea de eventos tales como el tratado de Westfalia, el Estado-nación, el pasaporte Nansen, la Liga de las Naciones, los tratados para las minorías, justo en este momento, y no antes ni después. En conclusión, como lo demuestra Lippert (1999:299), los refugiados fueron posibles cuando fue inventada la categoría de los refugiados.
La emergencia de un nuevo problema: fricciones y dilemas del período de la pos-Guerra Fría
Éste no es el lugar para adentrarse en una narrativa histórica detallada del período de la pos-Guerra Fría. Para el argumento del artículo sobre la emergencia de la PID, es suficiente indicar que las raíces del humanitarismo basado en los derechos humanos (Chandler, 2002:27) se originaron en buena parte en el consenso creciente para apoyar la intervención de los países occidentales en los asuntos internos del mundo en desarrollo desde la década de los setenta. Aquí, el modelo del Estado soberano como el guardián de los derechos humanos de sus ciudadanos fue reemplazado por un modelo de derechos humanos centrados en la protección de las instituciones internacionales (Chandler, 2002; Duffield, 2002; Esteva y Prakash, 1998). Chandler identifica dos corrientes del nuevo intervencionismo «humanitario» que preceden al consenso del período de la pos-Guerra Fría. La primera, siguiendo al autor, «fue la extensión de la ayuda a las víctimas del conflicto con un mayor compromiso y acciones de defensa para las víctimas y preocupaciones por la protección a largo plazo de los derechos humanos para grupos "en riesgo"» (2002:27). La segunda, «aunado a las hambrunas y las sequías, llevó a que la protección de las ONG se alejara de humanitarismo de emergencia, para entrar a promover el desarrollo de larga duración en la década de los setenta» (Chandler, 2002:27).
Con estas tendencias, como ha sido argumentado por varios autores (Chandler, 2002; Esteva y Prakash; 1998, Sassen, 2006), el argumento clave adelantado por los defensores de los derechos humanos es que las instituciones internacionales, las Cortes de justicia nacionales e internacionales, las ONG y los comités de ética son mejores representantes de las personas que los gobiernos elegidos. Bajo estas argumentaciones discursivas fueron comunes las representaciones de «Estados abusivos y corruptos» y un enfoque en las explicaciones «internalistas» por ejemplo, para explicar en las instituciones internacionales los flujos de refugiados o PID (Chimni, 1998). Para este autor, en el caso de las naciones poscoloniales africanas, la condición de refugiado o PID permitió interferencias «apolíticas» en estas regiones, primero con ayudas de emergencia para los refugiados, y luego con programas adiciones para el desarrollo de los refugiados. Junto con orientaciones en la ley de refugiados que empezaron a favorecer las políticas de contención de los países del Norte, estos eventos en su conjunto facilitaron el resquebrajamiento del régimen del refugiado y la mayor atención a la PID, así como la intervención humanitaria militar5.
Para Roberta Cohen, una de las figuras centrales en estas transformaciones, así como en la emergencia de la PID en los noventa, lo que estas transformaciones impulsadas por estas ONG de derechos humanos movilizaron fue la misma reconfiguración del concepto de soberanía heredado de Westfalia. Para ella -en una ponencia clave para esta historia leída en una prestigiosa ONG en Washington (que para varios observadores sería el lugar donde «todo empezó») (Weiss y Korn 2006)-, la concepción misma de soberanía dentro de Naciones Unidas debía ser modificada. Frente al rechazo de Sudán de recibir ayuda para sus propios desplazados, aludiendo al argumento de la soberanía, varias ONG apuntaron precisamente hacia una modificación que impediría a los gobiernos «invocar la soberanía del Estado [en 1988] cuando obstruía o rechazaba la ayuda a las personas desplazadas» (Cohen, 1991:16). Como más adelante se expone, esta misma discontinuidad con la racionalidad westfaliana sería clave para la operación del mandato mismo de la PID.
Simultáneamente, para Duffield (2002:1052), quien analiza los reportes de instituciones tales como el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDP, por su sigla en inglés) en los noventa, un patrón constante en la descripción de los conflictos en el mundo parecen reforzar una serie de dicotomías implícitas entre «nosotros» y «ellos». «Sus» conflictos son internos, ilegítimos, basados en la identidad, que requieren no sólo la intervención de agencias internacionales, sino también de un trabajo inmenso de distanciamiento y ocultamiento necesario para producir estas representaciones (Duffield, 2002; Mitchell, 2002; Ferguson, 1994; Escobar, 1995). Por ejemplo, Chimni (1998) sugiere que las explicaciones «internalistas» fueron fundamentales (aunque insostenibles) para conceptualizar las crisis de Ruanda y Yugoslavia. Sin embargo, argumenta que estas explicaciones nunca tuvieron en cuenta cómo las reformas macroeconómicas reforzadas por las instituciones financieras internacionales exacerbaron las tensiones étnicas y aceleraron el proceso del colapso político que llevó al flujo masivo de personas.
Durante la década de 1980, como varios de mis entrevistados lo confirmaron, ONG religiosas tales como el Consejo Mundial de Iglesias y la Oficina de los Cuáqueros de las Naciones Unidas empezaron a recibir información en terreno de sus oficinas, principalmente de Sudán, Guatemala, Sri Lanka, sobre un fenómeno al cual no tenían cómo llamarlo. «No había un nombre para describir este fenómeno dentro de los marcos existentes de la crisis humanitaria y de derechos humanos», me explicó Roberta Cohen, arriba mencionada. Los reportes de estas organizaciones religiosas afirmaban el desplazamiento forzoso debido al conflicto armado de miles de personas que no abandonaban su país de origen. Por ahora, vale la pena anotar el rol que las instituciones religiosas han tenido en la protección de «ese extraño que sufre» (i.e., the suffering stranger) (Bornsteim y Redfield, 2007). En Colombia, sin lugar a dudas, las instituciones religiosas han sido uno de los actores fundamentales en la defensa de estas poblaciones, y también lo serían en la visualización de la PID. A lo largo de los años, fueron en parte estas mismas organizaciones (el Consejo Mundial de Iglesias y la Oficina Cuáquera de las Naciones Unidas) las que iniciarían todo tipo de estrategias y presiones tanto en Nueva York como en Ginebra para que este nuevo problema fuera pensado y enunciado dentro de marcos epistemológicos que no lo consideraban6.
Adicionalmente, dos conferencias internacionales sobre Desplazamiento Interno fueron fundamentales para empezar a visibilizar este problema en una escala internacional: la Conferencia para la Protección de Refugiados, Retornantes y Desplazados en el Sur de África (SARRED, por su sigla en inglés), realizada en Oslo en agosto de 1988, y la Conferencia Internacional de Refugiados de Centroamérica (CIREFCA), llevada a cabo en Guatemala (Cohen y Deng, 1998). Estas conferencias fueron fundamentales para empezar a estabilizar la identidad de sus sujetos (Callon, 1986): la PID. Como lo mostraré más adelante, este acto fundamental de nombrar una población objetivo no sólo es primordial para las agencias de desarrollo (Mosse, 2005), sino también, siguiendo los argumentos de Escobar (1995:109), para entender cómo este discurso textualmente mediado sustituye las relaciones y prácticas de «los beneficiarios, enterrando su experiencia en la matriz que organiza la representación institucional». Desde este punto de vista, la conferencia de Guatemala da una primera definición al respecto.
Para la Conferencia,
El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, muy preocupado por este asunto, un año después solicitó al Secretario General «iniciar una valoración del sistema mundial para evaluar la experiencia y capacidad de las diversas organizaciones en la coordinación de la asistencia a refugiados, desplazados o retornantes»8. En efecto, la Comisión de Derechos Humanos, en su resolución del 5 de marzo de 1991, «exige que el Secretario General tenga en cuenta la protección de los derechos humanos de las personas internamente desplazadas, en una evaluación mundial, y que entregue a la Comisión en la sesión Número 48 un reporte analítico sobre los desplazados internos»9. El 29 de junio de 1991, el Secretario General envió una nota verbal a todos los gobiernos y organizaciones relevantes, en la cual solicitaba información y análisis al respecto. Este reporte fue, sin duda alguna, exitoso para empezar a reclutar seguidores. Luego de que este reporte analítico fue entregado, la Comisión de Derechos Humanos reconoció que «las personas internamente desplazadas están en necesidad de asistencia y protección»10 Y aún más, en 1993, la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos enfatizó la importancia que los distintos órganos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas deben tener para dar atención a este problema11.
El enrarecimiento del discurso: el representante
Gracias a este reporte, la Comisión solicita al Secretario General «designar un representante para buscar aún más información de todos los gobiernos sobre los derechos humanos relacionados con las personas internamente desplazadas»12. Este representante debe entregar reportes anuales y compilar perfiles sobre los países, para entender mejor los asuntos relacionados con la PID 13. Aparte de su mandato, debe desarrollar una estrategia global amplia para proveer apoyo, asistencia, reintegración y desarrollo efectivos para la PID (Cohen y Deng, 1998a:ix). Entre 1992 y 1998, con un grupo de colaboradores del Instituto Brookings y otras instituciones internacionales, el representante estaría a cargo de crear la primera investigación global basada en perfiles de cada país (Cohen y Deng 1998a), de publicar la Compilación y análisis de los marcos legales y normativos para las personas internamente desplazadas (Deng 1998) y, finalmente, de elaborar los Principios fundamentales del desplazamiento interno, en 1998, un marco de recomendaciones que orienta a los gobiernos para responder al problema de la PID .
De lo que este mandato trata en gran medida es de la producción de conocimiento, de la misma manera en que Redfield (2006) argumenta para el caso de Médicos Sin Fronteras (MSF). Como el mismo Deng (2003) diría más adelante, un pilar importante de su mandato es el desarrollo de una base de conocimiento sobre el desplazamiento interno. Libros, conferencias internacionales, reportes, estadísticas y reportes irán a ser centrales en su mandato. Así como Redfield (2006) analiza la producción de conocimiento dentro de la organización francesa, este Representante visita «el campo», da «voz» a las víctimas y presenta «hechos» para poder reclamar una autoridad moral y técnica. El mandato también tiene una propiedad espacial. Como lo argumentan Ferguson y Gupta (2005:112), la práctica de viajar para realizar inspecciones, disciplinar, recompensar, promover y castigar es central para la manera en que los Estados se representan a sí mismos como entidades enrarecidas con propiedades espaciales particulares (en ambos casos, de «dimensiones verticales y horizontales»). Por lo demás, no sobra mencionar que toda el tropo de «viajar» y «haber estado ahí» no sólo es fundamental para estas prácticas humanitarias, sino también para construir la llamada «autoridad etnográfica» (Clifford, 1997).
En la primavera de 1992, el Secretario General nombró a Francis Deng, ex diplomático sudanés e investigador principal del Programa de Estudios de Políticas Internacionales del Instituto Brookings (Cohen y Deng, 1998). Como Deng me lo dijo en una entrevista que sostuvimos en diciembre de 2005, el Secretario General, para esos años el egipcio Butros Butros-Gali, lo conocía bien. Ambos eran internacionalmente reconocidos intelectuales públicos y, ciertamente, miembros de la intelligentsia africana. Como lo argumenta Korn:
Como respuesta a esta solicitud, el Instituto Brookings tuvo una aproximación colaborativa con el Grupo de Políticas para Refugiados (RPG, por su sigla en inglés), un centro independiente de investigación de políticas y análisis concerniente a asuntos de refugiados y de emergencia humanitaria. El proyecto sobre desplazamiento interno, como lo explica su mismo sitio web, «fue creado para promover una efectiva respuesta nacional, regional e internacional a este problema global y para apoyar el trabajo del Representante del Secretario General de Naciones Unidas para llevar a cabo sus responsabilidades». Ciertamente, el hecho de que sea escogido el Instituto Brookings14 para esta tarea no es un asunto menor, como lo demostraré más adelante. Como Bebbington (2004:73) argumenta en su análisis de las geografías de las ONG, la presencia de estas instituciones no sólo «cuelga» estos problemas como el de la PID a redes globales, sino que también trae consigo significados, recursos, formas de ejercitar el poder, nociones de modernidad y todo un rango de influencias. En este sentido, como lo argumento más adelante, puedo mencionar que estoy particularmente interesado en entender cómo el problema de la PID, al ser incorporado dentro del Instituto Brookings, quedó enmarcado dentro de las nociones de «Estado fallido» y «buen gobierno».
La formación del objeto: la población internamente desplazada
El primer reporte del Secretario General definió a la PID como «personas que han sido forzadas a escapar de sus hogar sorpresiva y repentinamente en gran número, como resultado del conflicto armado, conflicto interno, violaciones sistemáticas de los derechos humanos, o por desastres ocasionados por el hombre o por la naturaleza; y que están en territorio de su propio país»15. El segundo reporte, esta vez preparado por el Representante, el cual incluía también otras agencias, informa que hubo controversias sobre esta definición. Específicamente, se mencionaron dudas respecto a la mención de «en gran número» y «sorpresiva y repentinamente» de la primera definición. Uno puede imaginar si acaso la constante referencia al contexto africano, donde precisamente éste es el caso, o el hecho de que los reportes de América Latina llegaron tarde para ser incorporados en el reporte, hayan sido los causantes de esta primera definición.
Otras controversias sobre la definición vinieron de Comités de Abogados para los Derechos Humanos, quienes propusieron un concepto más amplio de «personas desposeídas» (dispossessed persons). Las autoridades de El Salvador, por ejemplo, apuntaron a la relación entre el grave problema del subdesarrollo y el problema específico del desplazamiento interno, aun sin promocionar la inclusión de todos los afectados por la pobreza, el desarrollo desigual y la degradación ambiental. Países como Chipre sugirieron que el elemento de la posibilidad de retornar debe ser agregado a la definición. La Cruz Roja respondió que la definición es «muy general para servir a instrumentos específicos»16. Para el propósito de entender cómo fue estabilizada la identidad de la PID, es interesante mencionar que el Representante sugiere en 1993 que lo importante es identificar las principales características, y que la definición del Secretario General anteriormente citada sirve para este propósito17.
La formación de estrategias: gobernancia y democracia
Una vez en el cargo, como el Representante lo enunció en la entrevista que tuvimos, él y otros investigadores y abogados de derechos humanos internacionales y derecho humanitario tenían que elaborar una plataforma conceptual para hacer operacional su mandato. Acá es crucial el comentario de Foucault sobre cómo la formación de estrategias nunca es externa al discurso sino esencial para su movilización (Foucault, 1972). En efecto, como lo argumenta Deng (1993), hubo ciertas conferencias internacionales de derechos humanos a principios de los noventa que llegaron a la conclusión de que la noción de soberanía - hasta ese entonces uno de los principales obstáculos para las organizaciones internacionales de derechos humanos cuando trataban de intervenir en las violaciones de derechos humanos dentro de los países- debería ser replanteada (ver discusión más arriba).
Como lo afirma su reporte de 1994, el Representante tuvo que partir de los siguientes principios para llevar a cabo su mandato18. Primero, sus esfuerzos deben conducir a aumentar la posibilidad de proveer protección y atención efectiva a la PID. Segundo, como la PID cae dentro de la jurisdicción doméstica, su mandato debe dialogar y cooperar con los gobiernos, bajo el entendimiento de que la soberanía trae consigo la responsabilidad de asegurar la protección y asistencia a sus ciudadanos. Como lo sugirieron varios de mis entrevistados, esta conexión conceptual entre responsabilidad y soberanía se convertiría en la pieza fundamental. En efecto, esta conexión entre responsabilidad y soberanía había sido ya trabajada por Deng y otros colegas alrededor de las prácticas de buen gobierno en África (Cohen, 2006). Sin lugar a dudas, como también lo aseguró en 2007 un funcionario de ACNUR en Ginebra, esta misma visión ha sido central en la movilización misma del concepto de protección a la PID en los llamados Estados, fallidos así como en los Estados fuertes (para varios de mis observadores, el caso colombiano cabe en esta última categoría). En esencia, se trata de una visión en donde un Estado fuerte con prácticas de buen gobierno protege mejor su PID. Lo que en gran parte hay que hacer, afirmaba el funcionario, es recomponer la misma capacidad del Estado para aliviar sus propias crisis. Como afirmó Deng en 1998, hay esperanza de que la expansión de la democracia y el respeto de los derechos humanos muestren el camino para aliviar la crisis de la identidad nacional y el desplazamiento interno (Cohen y Deng, 1998:23). Y tercero, cuando los gobiernos son incapaces o no quieren proveer protección y asistencia, entonces la acción internacional se vuelve imperativa (Deng, 1993). En efecto, para el Representante, «las bases, los pilares e incluso las estructuras de un gobierno global estaban formándose en el período del orden internacional de la pos-Guerra Fría, dentro del cual la PID será beneficiada necesariamente» (Deng, 1993:20).
Desde 1993, gran parte de las actividades del mandato del Representante consiste en coordinar los Estándares Legales Internacionales y los Arreglos Institucionales para responder a la PID. Una red entera de tratados, regímenes e instituciones empieza a formarse (Deng, 1998). Sobre estos arreglos, sin embargo, hay algo que empieza a llamar la atención. No existe ni habrá ninguna agencia internacional dentro del sistema de Naciones Unidas dedicada exclusivamente a la PID, como sí existe para los refugiados en el caso del ACNUR, a pesar de que las cifras (25 millones y 8 millones, respectivamente, Consejo Noruego para Refugiados, 2005) lo justificarían. Al ACNUR, en ocasiones, como es el caso colombiano, se le han dado instrucciones especiales, donde puede combinar su atención de refugiados con la de los desplazados internos. Como el mismo Deng (1993a) lo argumenta, la defensa de la soberanía y el miedo a las intervenciones internacionales en las crisis domésticas fueron responsables de nunca haber tenido suficiente impulso político en la esfera internacional, para haber creado una institución dedicada exclusivamente a los desplazados internos. En cambio, la aproximación correspondiente ha sido una cooperación entre agencias de distintas instituciones internacionales. En diciembre de 1994, el Comité Permanente Interagencial (IASC, por su sigla en inglés) designó al Coordinador de Apoyo ante Emergencias (ERC, por su sigla en inglés) como el nodo central de referencia dentro del sistema de Naciones Unidas para verificar la asistencia y protección de situaciones de PID que requieran una respuesta coordinada.
Finalmente, como lo informa el reporte de 1993, se decidió que para aliviar la situación debería llevarse a cabo una evaluación a gran escala para desarrollar «una aproximación amplia para una efectiva protección internacional de las personas internamente desplazadas»19. Esta evaluación fue precisamente realizada por el Instituto Brookings y publicada en dos libros (Cohen y Deng, 1998, 1998a), así como una compilación y análisis de los marcos normativos y estándares legales existentes (Deng, 1998). Al proyecto se le hace la advertencia de que no sólo debe ser un estudio teórico sin ninguna aplicación práctica: «la investigación y las operaciones toman caminos paralelos que se intersecan»20. Junto con estos eventos, escuchando el eco del análisis que realiza Foucault (1980:171) sobre la Política de la salud en el siglo XVIII, la PID emerge ahora como un objeto de vigilancia, análisis, intervención, modificación, etcétera.
Modalidades enunciativas: la pos-Guerra Fría y problemas en la construcción del Estado-nación
El reporte analítico de 1992 identificó seis causas para el desplazamiento interno mundial21: el conflicto interno, las relocaciones forzadas, la violencia comunal, los desastres naturales, los desastres ecológicos y las violaciones de los derechos humanos. Sin lugar a dudas, éste no es un evento irrelevante. Para Deng, poder apreciar las causas subyacentes a estos conflictos resulta crucial para tomar las medidas adecuadas e iniciar acciones. El reporte de 1993 comienza diciendo que cada una de estas causas ha sido confirmada por la información recibida en los cuestionarios. Pero aún más, emerge una narrativa histórica para localizar estos hechos: «el reto planteado por el problema de los desplazados internos debe ser visto en el contexto de eventos ocurridos a partir del fin de la Guerra Fría» (Deng, 1993a:4) y «la mayoría de la PID está en países en desarrollo con serios problemas de construcción del Estado-nación» (E/CN-4/1993/35: párr.132). En conclusión, la Guerra Fría, los problemas en la construcción del Estado-nación y los países en desarrollo, como todos estos documentos lo testifican, aparecerán como las matrices de sentido del conocimiento producido sobre los desplazados internos del mundo. Bajo esta configuración, fenómenos como los ocurridos en Nueva Orleans con el huracán Kathrina muchos años después nunca fueron vistos dentro de estos marcos interpretativos. Como lo explica la etnografía de Masquelier (2006), ni las entidades estatales e incluso ni las mismas comunidades desplazadas utilizaron el término PID para describir su situación, a pesar de que en algunos casos sí lo utilizaron para denunciar el racismo estatal en las operaciones de asistencia y rescate.
Por cierto, otras explicaciones marginales, nunca comentadas extensamente en los documentos, pero visibles en unos cuantos párrafos de estos reportes, y muy relevantes para una «teoría del actor en red», tienen que ver con la revolución en telecomunicaciones, que ayudó a hacer público el llamado de auxilio de la PID en Sudán e Iraq. También, con la emergencia del movimiento internacional de derechos humanos que denunció al gobierno de Sudán, e incluso, con la guerra del Golfo Pérsico, donde se autorizó la intervención militar luego de constatar que el gobierno de Iraq abusaba de sus propios ciudadanos (Cohen y Deng, 1998a:4). Como lo argumenta Chandler (2002:49), la convergencia sobre una «ética de la política extranjera» llevada a cabo por la acción militar sólo pudo ser posible bajo el concepto de intervenciones humanitarias basadas en los derechos humanos, en este caso, de la PID en Iraq. Para este autor, el asalto de la OTAN a Kosovo fue la primera acción militar internacionalmente reconocida que se realizó en nombre de los derechos humanos y los sistemas de gobernancia internacional, más que en nombre de la seguridad internacional (Chandler, 2002:50; ver también Weiss y Pasic, 1998; Ignatieff, 2002; Pandolfi, 2003).
A través de las visitas llevadas a cabo en 1995, hay una declaración bastante llamativa al final de los perfiles de los países: «la razón fundamental para el desplazamiento en todos los países visitados es el conflicto interno»22. Una vez más, este tampoco es un evento irrelevante. Por un lado, como lo nota Chimni (1998), la tendencia en las discusiones sobre flujos de refugiados ha priorizado explicaciones internas que, aunque relevantes, sólo miran un lado y no captan la compleja realidad de las causas centrales de los flujos de refugiados. Efectivamente, desplazamientos masivos en el caso de la ex Yugoslavia y Ruanda fueron también forzados por la implementación de políticas dictadas por las instituciones internacionales.
Por el otro, la misma práctica de representar a cada país como enrarecido y limitado sin ninguna conexión con el mundo externo ha sido también común en los discursos del desarrollo (Escobar, 1995; Mitchell, 2004; Ferguson, 1994). Por medio de estas operaciones, estos «objetos» se convierten en blancos de un amplio rango de intervenciones y procedimientos. Simultáneamente, bajo estas mismas representaciones, se construyen subjetividades tales como la de políticos locales «corruptos» e «ineficientes» que requieren y legitiman la presencia de las agencias internacionales.
El reporte anual de 1998: la estabilización del problema
En 1998, el reporte había casi estabilizado el objeto de la PID. En su primer párrafo anuncia que desde que la Comisión consideró por primera vez el asunto de la PID en 1992, la comunidad internacional ha respondido al problema de la PID 23. En 1998 aparecen tanto la compilación como las dos publicaciones del Instituto Brookings. El reporte argumenta que una vez establecidos estos marcos, el reto que queda es en gran parte operativo, de monitoreo y traducción de los progresos normativos e institucionales en la protección en terreno24. Nuevos actores entran en escena para 1998. Hay recomendaciones de vincular la acción de las agencias humanitarias con las de desarrollo, dentro de las cuales son más que bienvenidos los nuevos lineamientos del Banco Mundial para la reconstrucción posconflicto25. La visión de Nansen de ligar la ayuda humanitaria con soluciones de tipo económicas se materializó oficialmente. Para el mismo año, el Consejo Noruego para Refugiados empieza a preparar una investigación de escala global de la PID, en la cual afirman que «una red de información global ha sido creada para este propósito»26.
En el mismo año se producen los Principios rectores del desplazamiento interno, en esencia diseñados para construir con el tiempo un clima moral y político adecuado para mejorar las respuestas, así como una tabla de observación desde la cual monitorear y medir el trato dado a la PID en todo el mundo27. Los Principios rectores, para Cohen y Deng (1998:7): «marcan los estándares para hacer notar a todos los grupos que su conducta será abierta al escrutinio, y medida». Aunque siendo tan sólo una serie de principios, el reporte anual de 1998 los considera como el primer intento de articular el significado y la naturaleza de la protección de la PID28. La definición de la PID en los Principios rectores elimina los criterios temporales y cuantitativos. Éstos también agregan un derecho nunca antes presente: el derecho a no ser desplazado arbitrariamente. El desplazamiento motivado por proyectos de gran escala no justificados por el interés público entra también a verse como causa legítima para considerar a alguien como desplazado interno. Por último, recomiendan la plena participación de la PID en el diseño e implementación de su retorno o reasentamiento voluntario en otros lugares.
Como ya había sido discutido también acá, los Principios rectores apuntan hacia la necesaria correlación entre la soberanía y la responsabilidad de los ciudadanos. Como lo afirma en 1998 un manual de los Principios rectores, éstos «refuerzan la tarea y la responsabilidad de las autoridades nacionales de proteger y asistir a la población». De manera clara, como lo argumentan varios autores que analizan antropológicamente el proceso de formación de Estado, las márgenes o crisis son esenciales para su misma construcción (Soguk, 1999; Das y Poole, 2004). El caso de la PID y el conjunto de prácticas movilizadas en torno a este objeto así lo confirman. Tanto la compilación como los Principios rectores hacen cosas. Como lo afirma la última frase del reporte, ahora las agencias estatales tienen la base normativa e institucional para responder a la crisis del desplazamiento interno29. No son sólo palabras, literalmente, hacen cosas. En pocos años, ya hacen parte de manuales de entrenamiento para personal en terreno, así como de las leyes, decretos y jurisprudencias producidas para proteger a esta población. Pero también, y no hay que olvidarse, son mediados por aquellos desplazados internos en las esquinas de las calles de Bogotá.
Para 1998, y todavía sin ninguna agencia internacional dedicada exclusivamente a la PID, varias instituciones responden a este problema. Más aún, el mismo Mandato del Representante no tiene un terreno institucional claro ni lo tendrá en los años por venir. Éstas son las fracturas de esta historia. Como consultor externo del Secretario General para la PID, no tiene ni siquiera una estabilidad financiera. El recuerdo casi que nostálgico de las grandes jornadas laborales y los pequeños espacios de trabajo figuraron en las entrevistas con varios asistentes de Deng durante estos años. En el reporte de 1998 se explica que ha tenido que depender de apoyo externo, en principio, de un practicante de la Universidad de Harvard, cuyo contrato ha sido extendido varias veces hasta su terminación el año anterior. Un experto asociado, «provisto generosamente» por el gobierno de Noruega, pero cuyo contrato ha expirado recientemente, ha complementado esta posición. También está el problema de la cantidad de tiempo que el Representante le puede dedicar al problema. Como posición voluntaria, y de acuerdo con su empleador, el Instituto Brookings, la cantidad del tiempo que le puede dedicar a estas funciones no puede exceder un cuarto del tiempo dedicado a sus actividades normales30.
El reporte termina argumentando que aunque las cifras pueden fluctuar, un estimativo modesto de la PID mundial sería de entre 25 y 30 millones, distribuidos entre 40 países. En 1998, como el último párrafo del reporte lo indica, «la crisis no deja lugar a duda de la necesidad de la participación internacional, debido a que el desplazamiento interno es una tragedia humana de gran magnitud y dimensiones globales»31. Para el Representante, las implicaciones de no responder a este llamado son ciertamente altas: «No solamente es un síntoma del fracaso del Estado en varios grados, relacionado ya sea con la voluntad político o con la simple capacidad, pero comúnmente es una crisis con implicaciones regionales y globales»32.
El Representante visitó Colombia entre el 10 y el 18 de junio de 1994. Volvió a visitar el país para una misión de seguimiento entre el 20 y el 27 de mayo de 1999 y en julio de 2002. En su primer reporte anunció que hasta hace pocos años el Gobierno no había reconocido que había un problema de desplazamiento interno en el país. Como he tratado de argumentar en este artículo, nunca antes de la década de 1990 había existido algo como el problema mundial de la PID. Como debe ser evidente a estas alturas, los eventos necesarios no estaban presentes para crear las condiciones de posibilidad para que el problema de la PID emergiera mundialmente. Pero en Colombia, y en el resto del mundo, emergieron muy pronto, y más aún, como Foucault lo clarifica en su analítica de las problematizaciones, emergerán simultáneamente (ver Aparicio, 2005). En efecto, para mediados de los noventa la Conferencia Episcopal publicó un estudio que -a través de un censo realizado a 1.170 personas desplazadas en parroquias a lo largo del país- estima [por primera vez en la historia del país] que 586.261 personas han sido desplazadas entre enero de 1985 y agosto de 1994 (Conferencia Episcopal, 1995). En el reporte de 1995, el Representante ya tiene conocimiento de este estudio, que iba a ser publicado pocos meses después, y argumenta que hay expectativa sobre cómo los resultados de esta investigación serán producto de la más amplia documentación sobre la PID en el país.
En septiembre de 2003 me encontraba en una pequeña vivienda construida con residuos de madera y material de construcción en Ciudad Bolívar, realizando una encuesta para el Minuto de Dios, que había terminado pocos meses antes un acuerdo con la Red de Solidaridad Social (hoy Acción Social) para repartir ayudas humanitarias en Bogotá33. La idea era descentralizar los lugares de ayuda humanitaria y ubicar oficinas en Ciudad Bolívar, habitada por aproximadamente dos millones de personas, en su mayoría provenientes de las zonas rurales, desde hace 50 años, y zona receptora de desplazados internos en Colombia. Mientras hacía esta entrevista, un padre de familia -compartiendo conmigo una densa carpeta guardada con gran cuidado- me mostró cartas escritas a las instituciones, incluso al Presidente de la República, donde reclamaba por sus derechos, de acuerdo con todas las normas legales nacionales e internacionales ratificadas por el gobierno colombiano en los últimos años. En medio de la carpeta, también estaban ahí los Principios rectores del desplazamiento forzoso.
Conclusiones
En noviembre de 2003 visité, junto con otros investigadores, la residencia de una pareja de personas de la tercera edad, desplazados internos, que venían de un departamento cercano a la capital. El piso era de tierra, y para el baño, utilizaban un hueco que habían cavado en el patio trasero. No podían trabajar debido a las cataratas, y por la edad que tenían. Dependían de la caridad de vecinos y familiares. Durante la entrevista, les pregunté si habían recibido alguna ayuda de parte del Gobierno. La mujer, casi ciega por el estado de su enfermedad, se levantó de la silla, fue al cuarto de atrás, removió objetos y sacó dos colchonetas que ya había visto en el depósito de las oficinas del Minuto de Dios en Ciudad Bolívar. Con una sonrisa en la cara, dijo que sí, que el Gobierno los había reconocido como PID y que les habían ayudado, señalando las colchonetas como una prueba. Quedé en silencio. No sabía qué más decir durante la entrevista, sólo me quedé mirando las dos colchonetas. Salimos de la casa al poco rato y caminamos en silencio por las calles y callejones informales inundados de barro de Ciudad Bolívar, justo en la periferia de Bogotá.
En este artículo he descrito los eventos que precedieron y rodearon la emergencia de un nuevo problema mundial: la PID. Al mirar la emergencia de otros problemas como el del refugiado y las personas desplazadas, he tratado de responder a la pregunta de por qué emergió esta particular formación discursiva, la PID, y por qué sólo hasta los noventa. He dado cuenta de las contingencias históricas que crearon las condiciones de posibilidad para su emergencia, al revisar la reorganización de programas, tecnologías y aparatos previamente cristalizados. A través de tan sólo seis años (1992-1998), he seguido la formación del objeto al entender simultáneamente la formación de estrategias, las modalidades enunciativas y el enrarecimiento del discurso en el Representante. Ante todo, me ha interesado entender cómo pudo pensarse el problema de la PID dentro de coordinadas particulares que le dieron no sólo una inteligibilidad, sino que lo ataron a unas tecnologías de la verdad. Pero a la vez, la misma historia que se traza acá, que habla de ensayos y errores, inestabilidades y fragmentaciones, nos confirma la idea de que la PID no es una «máquina bien aceitada» sino que tiene ambivalencias, e incluso, le falta soporte financiero y político.
Aunque conscientemente no exploré cómo ha sido movilizado este problema en Colombia (ver, para un análisis, Aparicio, 2005 y 2009; Vidal, 2007), y menos aún, cómo ha sido resistido y transformado por la misma PID de manera activa, puedo tentativamente subrayar algunos de los efectos secundarios que ha producido. Considero, siguiendo a Ferguson (1994), que al seguir estos efectos secundarios estamos en la posibilidad de delinear más claramente las racionalidades que permean el problema de la PID. Sin lugar a dudas, uno de los efectos más singulares ha sido el de cómo el debate público sobre el desplazamiento interno en Colombia ha sido absorbido en un problema de cifras. Pero hay otro quizás más silencioso y penetrante, donde quizás se pueda rastrear la misma conformación del «ser humano» dentro de ensamblajes contemporáneos. De manera muy preliminar, considero que este otro efecto secundario vincula las operaciones humanitarias, en este caso, sobre la PID con las fábricas, laboratorios, hospitales, colegios, etc., por tradición los lugares más comúnmente referenciados para discutir sobre esta perspectiva foucaultiana del análisis del poder. Pero también la excede, pues, justamente a pesar de la presencia del aparato discursivo que he rastreado en las páginas anteriores, la PID parece existir en «zonas de abandono social» producidas y reproducidas por complejas estructuras y determinaciones (Biehl, 2005).
A través de mi trabajo de campo en Bogotá, constantemente me di cuenta de cómo estas personas son forzadas a entrar en un juego de «verdad» y «falsedad» para demostrar que son auténticas PID, frente a las instituciones, los caminantes o los conductores de automóviles que esperan en los semáforos. Para autores como Vidal (2007), estos procesos le han permitido al Estado colombiano, a través de sus agencias, monopolizar y controlar el mismo discurso sobre la PID. Llevan consigo sus documentos para decir la «verdad» sobre su condición. Simultáneamente, dentro de los dictámenes de la política para la atención a los desplazados, tienen que diseñar proyectos productivos incorporando todo un vocabulario y una racionalidad característicos de estos procesos, e interminablemente esperar por largas horas haciendo fila desde las primeras horas de la mañana tras una ayuda humanitaria. También tienen que acomodarse a las distintas fases de atención humanitaria (emergencia humanitaria, estabilización socioeconómica, retorno/reasentamiento), en las cuales son conducidos como blancos de intervenciones particulares (kits de emergencia, proyectos productivos, kits humanitarios). Por lo demás, los preocupantes índices de entrega de ayuda humanitaria y acompañamiento a estas fases, como fueron detallados por la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre el Desplazamiento Forzado (Comisión de Seguimiento, 2008) - creada por la Corte Constitucional para evaluar las respuestas del Estado frente a las tutelas interpuestas por la PID a principios de 200834-, recuerdan incluso lo que Nelson denominaría como la doble cara del Estado: la del Estado que se presenta como protector y la del Estado que abandona simultáneamente sus poblaciones (Nelson, 2009). En resumen, para Vidal (2007:217):
Dentro de la política pública que responde a este problema, gran parte está enfocada hacia lo que la Ley 387 de 1997 denomina como el «Proyecto Productivo». Éste tiene que ser diseñado y presentado a instituciones para obtener préstamos de capitalización, a fin de iniciar un negocio propio con el propósito de mejorar sus condiciones socioeconómicas cuando regresen a sus hogares. Efectivamente, mucha de la actividad que registré en las instituciones donde realicé mi trabajo de campo se enfocaba en cursos de costura, pastelería, carpintería, electrónica, entre otros. Los sonidos de las máquinas de costura industrial y la imagen de hombres y mujeres organizados en sus respectivas estaciones de trabajo eran comunes en las visitas que hice a varias instituciones que prestan ayuda humanitaria a la PID. De manera similar, como Nelson (2005) discute, las políticas de desarrollo de infraestructura en el período de posguerra en Guatemala no intentaron argumentar que estas estrategias, tales como las de vincular la ayuda humanitaria con cursos de capacitación en costura, sean liberadoras o represoras. En cambio, me pregunto cómo fueron posibles estas poderosas estrategias en sí mismas. ¿Qué hace al Estado tener que dar cursos de máquina plana o de panadería? ¿Qué otras opciones había a la mano? No sobra anotar que también se daban cursos en «Derechos Humanos» e «Inglés».
Ciertamente, un puede decir que estos efectos nunca fueron previstos por Deng y su mandato. Éstos corresponden quizás a algo más grande (un ensamblaje) que incluso Deng y sus colaboradores. Como hipótesis, puedo pensar que estos efectos secundarios corresponden a lo que Rabinow (2005) denomina la problematización actual de anthropos, específicamente, en relación con la pregunta de qué significa ser humano y, por lo tanto, cómo se prefiguran los derechos humanos en tiempos actuales. De lo que estoy hablando es de una máquina que produce sujetos (neo)liberales responsables de su propio futuro, encargados de escribir proyectos en lenguajes altamente homogeneizados y técnicos, de producir la «verdad» sobre sí mismos, y terminando extremadamente normalizados por una matriz de inteligibilidad. Y también, y a pesar de esta productividad, diría Biehl (2005), viviendo en zonas de abandono social. Aunque la PID no es una «máquina bien aceitada», sus efectos secundarios son claros y evidentes, aunque siempre impredecibles. Las colchonetas y las carpetas llenas de documentos son sus efectos; sin embargo, uno también podría hacer la pregunta contraria: ¿no son precisamente estas colchonetas y carpetas la misma condición de lo que «significa ser humano» en tiempos contemporáneos?
Uno podría también preguntarse si el Representante fracasó, si su estrategia para coordinar un apoyo político y financiero suficiente falló o si sus acciones son inútiles después de todo. La respuesta, rotundamente, es un «no». De igual manera en que Foucault (1978) habla sobre el fracaso de la prisión, la PID ya hace parte de nuestro imaginario, nuestras estrategias y nuestros modos de pensar. Más aún, sus efectos secundarios nos atraviesan y están aquí con nosotros. El «fracaso» no se da tanto por no dar suficiente ayuda humanitaria o por el hecho de que los Estados no cumplan con las normas y acuerdos internacionales. La PID, sus programas, tecnologías y aparatos, habitan (y circulan alrededor de) instituciones nacionales e internacionales, oficinas, libros, periódicos, en las mismas carpetas y también en este mismo artículo. En términos de Foucault (1998:232), es éste el efecto que le da su solidez y estabilidad. Uno no puede pensar sin la PID. En última instancia, éste es el efecto positivo y casi mágico del mandato del Representante y toda la red de actores humanos y no humanos que lo acompañan, a pesar de lo heterogénea, frágil y discontinua que sea. Quizás se pueda pensar de otra manera en un futuro, o quizás, ya hay una posibilidad en la manera como grupos, movimientos sociales y organizaciones sociales están respondiendo y construyendo respuestas sin garantías al desplazamiento forzado y al fracaso de las respuestas institucionales (Aparicio, 2009).
Agradecimientos
Este artículo reúne un trabajo de archivo y también etnográfico de varios años realizado para mi tesis de doctorado, entregada en 2009. Durante este tiempo he recibido la financiación de la Wenner-Gren Foundation, la Mellon Foundation y la Ford Predissertation Grant, para facilitar mis visitas a instituciones internacionales localizadas en Ginebra y Nueva York. Tuve la fortuna de contar con el apoyo de la Facultad de Ciencias Sociales y el Departamento de Lenguajes y Estudios Socioculturales para escribir la disertación de donde proviene en gran parte el artículo que aquí presento. Muchos funcionarios de instituciones nacionales e internacionales me recibieron para compartir sus opiniones al respecto. Sin embargo, a pesar de todas estas invaluables ayudas, toda la responsabilidad conceptual y metodológica es mía.
Pie de página
3Antes de seguir, necesito introducir una precaución básica. Sin duda, todavía hay muchos debates sobre el desdibujamiento o incluso la efectividad de estas diferenciaciones. Por un lado, a la luz de conflictos tales como el de la ex Yugoslavia o Ruanda, donde la línea divisoria entre la PID y los refugiados se desvanece, algunos investigadores han encontrado que esta división no sólo es dificultosa sino incluso obstructiva para la protección y asistencia de ambas poblaciones (Feldman, 2007; Kelly, 2004). Segundo, como lo argumenta Barutciski (1998), la definición de la PID influenciada por los intereses de las agencias internacionales corre el riesgo de quitarle al Estado las responsabilidades con sus propios ciudadanos. Para el autor, al poner todo el peso sobre las agencias internacionales para responder al problema de la PID, es posible obstruir las responsabilidades del Estado con sus ciudadanos. Incluso, la categoría misma del ciudadano ya envuelve muchos de los derechos que tiene la PID. Por otro lado, como lo sugieren Kelly (2004) y Feldman (2007), al dar cuenta de los dinámicos y movibles estatutos legales de los residentes palestinos en la Franja de Gaza creados por el Estado Israelí, los intereses geopolíticos de los Estados hacen que estas distinciones entre estas mismas categorías sean siempre contingentes y arbitrarias. A pesar de su borrosidad y de los debates alrededor de las mismas, un efecto que quiero mantener a lo largo del artículo es recordar también las poderosas consecuencias que estas categorías tienen para esas personas en las esquinas de las calles de Bogotá, con pancartas y fotocopias que las identifican como PID. A pesar de su fragilidad e inestabilidad, tal como Mosse (2005a) argumenta alrededor de las políticas de desarrollo globales, sus «efectos, en cuanto direccionan recursos, son reales, especialmente para aquellos obligados a hacer parte de las mismas, o para quienes quedan excluidos». De manera similar al caso que Gordillo (2000:172) discute respecto al fetichismo de los documentos de identificación en el Chaco argentino, y aún más, en el caso de aquellos cuerpos sosteniendo las pancartas en las esquinas de la ciudad, hay razones suficientemente poderosas para explicar por qué tienen tanto cuidado en guardar estos documentos en bolsas de plástico debajo de los brazos. A pesar de que la formación discursiva de la PID, como discuto en este artículo, no sea una «máquina bien aceitada», la gente en las calles y en las áreas rurales se afianza en esta categoría por razones que pueden y deben ser estudiadas etnográficamente.Bibliografía
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