Introducción

El Desarrollo Territorial Rural (en adelante DTR) comienza a ser discutido, elaborado e implementado en los años iniciales del siglo XXI, idealizado para presentarse como alternativa al desarrollo rural con base local que, muy relacionado a los ajustes estructurales de la década neoliberal, llegaba a su límite en la capacidad de generar consenso social (Gómez y Favaro, 2012). Se hizo necesario entonces un nuevo discurso, en lo retórico, que criticase al neoliberalismo y a los anteriores enfoques de desarrollo rural (revolución verde, desarrollo rural integral y con base local). Sin embargo, su límite continuó siendo el mismo de los otros: interpretar los problemas del mundo rural desde la óptica del mercado. En consecuencia, viene diseñando políticas de desarrollo rural para reducir la pobreza rural (no eliminarla) dentro del campo de posibilidad de acción que define el patrón de poder del sistema-mundo moderno/colonial.

Bogotá - 2016, Johanna Orduz

El nuevo (viejo) paradigma de desarrollo rural surge así con un nuevo ropaje, como resultado de un contexto político y económico que terminará orientando su desempeño, como política pública asentada en el "combate a la pobreza", en minimizar el "mal desarrollo" de la década anterior. Al mismo tiempo, refrenda y resurge de la estructura del mismo sistema que genera los problemas que supuestamente combate y que viene (re)formulando, desde hace más de seis décadas, los variados -por lo menos en sus adjetivos- enfoques de desarrollo.

El objetivo de este artículo es analizar y problematizar las condiciones de posibilidad que dieron origen y legitimidad al nuevo enfoque de desarrollo rural y lo habilitaron como paradigma hegemónico para interpretar y proponer soluciones para el conjunto de problemas de la cuestión agraria en la mayoría de los países de América Latina. Discutimos así, en los próximos cuatro apartados, sus multiescalas de saber-poder en Latinoamérica; cómo legitima su necesidad luego de la desregulación neoliberal; cómo fortalece el "combate a la pobreza" y mantiene una relación simbiótica con el agronegocio y proclama un territorio "ameno y sin conflictos". Al final, situamos el DTR en el marco del nuevo modelo de acumulación en Brasil y Argentina, el neodesarrollismo.

Para lograr dichos objetivos, nuestro trabajo está orientado desde una metodología cualitativa teórico-explicativa, donde hemos hecho una amplia revisión bibliográfica de los trabajos de algunos autores latinoamericanos, situados en el enfoque del posdesarrollo, de la geografía agraria crítica, de la decolonialidad y del colonialismo interno, para ir tejiendo nuestras reflexiones.

1. La escala latinoamericana del desarrollo territorial rural (DTR)

Como condiciones de posibilidad para la afirmación hegemónica del DTR en las políticas públicas de desarrollo rural en América Latina, observamos una articulación entre i) variadas instituciones de control del saber-poder, reunidas en el Grupo Interagencial de Desarrollo Rural de América Latina, ^** ii) diversos antecedentes teóricos (como desarrollo local, clusters, proyecto Leader, districtos industriales, Tercera Italia, etc.), ^*** y iii) una red de investigadores muy alineados entre sí, convertidos en "expertos" y avalados por dichas instituciones. Esta estructura compleja y eficaz ha permitido la formulación y expansión hegemónica del DTR por toda Latinoamérica (Gómez y Favaro, 2012).

En el campo institucional, como desnuda Gómez (2007), para sustentar el discurso y la práctica del DTR en América Latina hay instituciones que i) se dedican a concentrar la producción y estudios para abordar el tema, organizar y promover encuentros y seminarios y difundir documentos, como el IICA, la CEPAL , el BID, el FIDA y la GTZ, así como también dos institutos de investigación y capacitación que ii) profundizan algunos estudios, promueven reuniones y brindan la formación de 'expertos' por medio de cursos y talleres, como el RIMISP y el FODEPAL . Otras ya se concentran en iii) difundir el discurso y financiar la implementación del DTR, aunque ello no les quite a ninguna de estas la posibilidad de hacer parte de los dos primeros, como son la FAO , el BM, USAID y la AECID.

El RIMISP, por medio de sus "expertos", definieron en 2004 lo que sería el DTR: "definimos el desarrollo territorial rural (DTR) como un proceso de transformación productiva en un espacio rural determinado, cuyo fin es reducir la pobreza rural" (Schejtman y Berdegué, 2004: 30). Cuatro características para tener en cuenta, según Gómez y Favaro (2012): transformación productiva, transformación institucional, espacio rural determinado (territorio) y reducción de la pobreza rural.

Ello nos inquieta y lleva a preguntar: quién será (y cuántos) el(os) que definirá(n) dicha "transformación productiva" y si esa transformación significará una mayor competitividad que traerá desempleo, ¿será que esos mismos actores irán a explicar al trabajador rural que la conversión de su base tecnológica como consecuencia de dicha transformación productiva establecerá una "escala de producción necesaria para garantizar la competitividad que su condición de agricultor familiar no irá a soportar?" (Fernandes, 2006: 44-45).

Sobre transformación productiva e institucional, los 'expertos' del RIMISP dicen:

La transformación productiva tiene el propósito de articular competitiva y sustentablemente a la economía y al territorio con mercados dinámicos, lo que supone cambios en los patrones de empleo y producción de un espacio rural determinado. El desarrollo institucional tiene como objetivo estimular la concertación entre los actores locales entre si y entre ellos y los agentes externos relevantes, así como modificar las reglas formales e informales que reproducen la exclusión de los pobres en los procesos y los beneficios de la transformación productiva (Schejtman y Berdegué, 2004:30). La mentada transformación institucional se refiere a una readecuación de la estructura pública a fin de asegurar que los intereses privados del mercado estén representados en los procesos de decisión, planeación y ejecución de las políticas de desarrollo rural. Tomando lo que hábilmente afirma el profesor Carlos B. Vainer (2002) acerca de los acuerdos "públicos-privados" y la conversión de la ciudad-mercancía-empresa, la propuesta de transformación institucional en el DTR no se acota a una cuestión gerencial, administrativa, sino que redefine todo el conjunto del territorio y del poder local.

El proceso de despolitización del concepto de territorio y los nuevos significados que el poder público institucional adquiere tiene entre sus objetivos la conversión del territorio en sujeto/actor económico. Su naturaleza mercantil y empresarial subordinan el sector y el poder públicos a intereses particulares, a una lógica que busca "legitimar la apropiación directa de los instrumentos de poder público por grupos empresariales privados" (Vainer, 2002: 89), es decir, se reduce la posibilidad de construcción y ejercicio de la democracia local. En la formulación del DTR, dicha transformación no merece una definición precisa; no hay tiempo para reflexiones, discutir filosofía, utopías y valores; sólo para el pragmatismo, el sentido de objetividad (Vainer, 2002), el realismo que unifica y aplaca, la heterogeneidad del territorio en nombre del desarrollo, que el convenio públicoprivado está cualificado en promover.

Veamos ahora el rol del "espacio rural determinado" en las políticas de DTR, según la institución: "para los programas de DTR, el territorio es un espacio con identidad y con un proyecto de desarrollo concertado socialmente" (Schejtman y Berdegué, 2004: 32). Se nota que la interpretación del territorio se da desde una perspectiva instrumental y práctica, por su funcionalidad en la elaboración de políticas de planeamiento para el desarrollo. Se lo interpreta como un espacio por construir mediante la participación comunitaria, relacionado con "identidad", "solidaridad", como si fuera la expresión de una característica humana.

El "territorio" del "espacio rural determinado" no merece ser conceptualizado, así como no lo es la pobreza, en una clara despolitización de la política pública. La visión de lo rural y de la pobreza serían decisiones políticas de las que el DTR se elude para presentarse como una formulación administrativa (Gómez y Favaro, 2012). Aparecen entonces como caricaturas que desdibujan la realidad, escondiendo las jerarquías de poder y los conflictos en el territorio. En las palabras de Cusicanqui (2010), las caricaturas sirven para encubrir mecanismos de control social que, por su amplitud conceptual, tornan "tolerable la incongruencia y permiten reproducir las estructuras coloniales de opresión" (2010: 41).

El territorio, al contrario, es por naturaleza un espacio político, cargado de conflictos, donde hay relaciones de poder, dominación y control político. El territorio no puede entenderse apenas como un espacio físico, sino como un espacio social, cultural, donde se manifiestan relaciones e ideas. Pensar el territorio sin la posibilidad de oposición, cuestionamiento, conflictos, de diferenciación y ruptura es insuficiente para pensar el desarrollo rural dada su visión "esencialmente integradora", que no concibe la posibilidad de la desintegración, de la des-reterritorialización como movimiento del desarrollo del capitalismo en el campo (Fernandes, 2006). El territorio, para el DTR, debe ser así un lugar vacío de conflictividad, ameno y armónico, donde los problemas estructurales e históricos de lo rural y los conflictos sociales entre las clases puedan ser temporariamente suspendidos para lograr un consenso en torno al desarrollo. Se desconocen (ocultan) las asimetrías de poder y de capacidades financieras presentes en un mismo territorio (Gómez, 2006: 2008).

En ese sentido, la esterilización de los conflictos sociales (sin resolverlos) presentes en el territorio, que discutan y cuestionen la lógica capitalista, es una de las precondiciones para el diseño de políticas de desarrollo rural:

Los conflictos que indispensablemente atraviesan y explican el territorio no son funcionales, según la concepción de desarrollo territorial rural, para planear un desarrollo que sirve para la reproducción del capital y para mantener el orden social. El territorio instrumental del abordaje territorial está cortado a la medida de las necesidades de control social y reproducción capitalista (Gómez, 2006: 102. Traducción nuestra ).

En ese contexto, la cuestión agraria, como paradigma para interpretar el conjunto de los problemas del desarrollo capitalista en la agricultura, es reemplazada por el paradigma del "consenso" del DTR, por una "cuestión del desarrollo". Así,

La utopía [en torno] del desarrollo territorial profundiza la colonización de la política, del espacio público, por la economía, por lo privado. Los conflictos, los debates, las alternativas verdaderamente diferentes, los antagonismos, según tal interpretación, deben ser ignorados en función de un destino más elevado, el desarrollo del territorio. (...) Territorio incorporado como una variable que debe valorizarse para obtener un buen desempeño económico y capacidad de competir en el mercado (local, nacional o internacional) con otros territorios (Gómez, 2006: 107-108. Traducción nuestra ).

El "territorio", la "pobreza" para el enfoque del desarrollo territorial rural, parafraseando a Zibechi (2011), son entonces conceptos despolitizados, formulaciones que eluden la necesidad de cambios estructurales, que consolidan el poder de la clase dominante, propagan consignas-caricaturas, instalan la pobreza rural como problema central, sacando la riqueza del campo visual.

2. La desregulación neoliberal

El neoliberalismo puede ser interpretado como un proyecto político de las clases dominantes orientado para frenar la creciente oposición social y política de los años 1970, que cuestionaba el capitalismo como modo de organización social. Su instrumento fue la eliminación física e ideológica de gran parte del activismo político y social. Al mismo tiempo, es un proceso de cambios, de reestructuración global del capital inducido por su propia crisis, por los límites en el proceso de acumulación hasta entonces en marcha, conocido como el Estado providencia, de bienestar social. Ya en los años 1990, las contradicciones del neoliberalismo se convirtieron en barreras insuperables dentro del campo de acción de la misma estrategia de reestructuración neoliberal (Féliz y López, 2012).

Es justamente en el contexto del agotamiento de las "terapias de shock" de la regulación neoliberal que surge el desarrollo territorial rural, apoyándose en el diagnóstico de pobreza y desigualdad, buscando enfrentarlas con la finalidad de reducir sus efectos. La cuestión es que la supuesta nueva fórmula para enfrentar la agudización de la pobreza y las desigualdades sociales alarmantes se dio bajo la tutela de las mismas instituciones que las promovieron o las apoyaron años atrás (Gómez, 2006; Gómez y Favaro, 2012).

Resulta que la intención es blindar el nuevo enfoque (DTR) como una supuesta nueva forma de regulación que, como veremos, no se disocia del neoliberalismo, sino que ejerce el mismo papel funcional y, en una nueva escala, local. Cumple entonces el rol de instrumento de control social, de reproducción de capital (Gómez y Favaro, 2012) y de variadas jerarquías de poder globales (Grosfoguel, 2006: 2013).

Para justificar la necesidad de una política de intervención en el medio rural (el DTR), los estudios solicitados por las instituciones multilaterales de control son contundentes en afirmar la persistencia de la pobreza rural (medida por indicadores estrictamente económicos). La situación sería más dramática en los países de América Latina, "la pobreza afecta directamente a 4 de cada 10 latinoamericanos [según la CEPAL , 2002] (...) en la actualidad hay más indigentes rurales que hace 20 años" (Schejtman y Berdegué, 2004: 07, citando a Berdegué, 1998).

Los elementos que sostienen el paradigma del DTR, sus estrategias de intervención conviven en el interior de las instituciones multilaterales de control que impulsan desde hace décadas el desarrollo rural en América Latina. Es decir, el DTR pretende ser una alternativa a la secuencia histórica de enfoques (revolución verde, desarrollo rural integrado y desarrollo rural con base local), orientado por una necesidad institucional de presentar salidas a la coyuntura de aumento de los niveles de desigualdad y pobreza generados por el paquete neoliberal (Gómez y Favaro, 2012).

Apoyándose en los ejemplos de experiencias internacionales (programa Leader de la Unión Europea, Tercera Italia, Acuerdos Rurales de Canadá, etc.), advierte Gómez (2008), el DTR encuentra su sustentáculo en los organismos internacionales (FIDA, BM, BID, IICA, Rimisp, etc.). Sin embargo, como vimos, dichas instituciones además de monopolizar el concepto de desarrollo rural, imponen como condición para financiamientos la aplicación de sus respectivos métodos, marcos teóricos, metodologías y líneas de acción; la supervisión de su red de "expertos", etc. Toda esta compleja estructura global-local se ha fortalecido con la participación de los ministerios de agricultura de distintos países y jefes de Estado en el marco del Proceso de Cúpulas de las Américas del IICA (Gómez y Favaro, 2012). Por lo tanto, el DTR mantendría:

Una funcionalidad/compromiso/envolvimiento con la reproducción/no reversión/manutención de los desequilibrios sociales y territoriales (apud Fernandéz), [y sería] poco más que un desarrollo local retocado, ejerciendo el mismo rol funcional del neoliberalismo, pero dentro de otra forma de regulación que mantiene cierto re-escalonamiento del Estado (Gómez y Favaro, 2012:47).

La aparente derrota del plan político y social del neoliberalismo en verdad significó su éxito estructural como modelo de acumulación de capital. Es decir, sus propios límites internos (contradicciones) representaron una nueva coyuntura que ha permitido su transición a una nueva etapa en el desarrollo capitalista, el neodesarrollismo (Féliz y López, 2012). Se suman a ellas, las resistencias y las reorganizaciones de los sectores populares, como el Caracazo (Venezuela, 1989), el levantamiento Zapatista (México, 1994), la Guerra del Agua y Gas (Bolivia, 2000-2005), el Argentinazo (Argentina, 2001-2002, que han impuesto nuevas demandas, exigiendo de los gobiernos una postura crítica, al menos retórica, hacia el neoliberalismo.

En otras palabras, fueron esas masivas protestas a nivel latinoamericano, contra las medidas neoliberales, el detonante que terminó alertando a la tecnocracia sobre la necesidad urgente de "humanizar el ajuste", como afirma Silvia Cusicanqui (2010: 58). Por ello, las ideas-fuerza (Gómez, 2007) o las consignas-caricaturas (Cusicanqui, 2010) en torno a la "reducción de la pobreza", la "participación consensuada" de la población, la "solidaridad" y la "cooperación", presentes en el discurso y en la implementación del DTR, forman un imaginario común, sirviendo para desactivar toda su potencialidad transformadora y edificar una reorientación del modelo neoliberal para el medio rural.

Ello es fundamental para entender el DTR como contemporáneo, legitimador y "compensador" (política pública) del modelo del agronegocio; cómo se ha blindado en un substituto más fácil (menos conflictivo) a la reforma agraria; cómo crea "ausentes", negando la diversidad epistémica, y oculta diversas jerarquías de poder en su discurso; porqué recupera y centraliza el discurso del "combate a la pobreza" con políticas asistencialistas. Por lo tanto, entender en qué contexto nace el DTR y cuál es su rol en el neodesarrollismo es fundamental para comprenderlo como promotor -al tiempo en que lo esconde- del "sistema-mundo capitalista/patriarcal occidentalocéntrico/cristianocéntrico moderno/colonial" (Grosfoguel, 2010: 52).

3. El "combate a la pobreza" y su simbiosis con el agronegocio

Cuando los privilegiados son pocos y los desesperadamente pobres son muchos, y cuando la brecha entre ambos grupos se profundiza en vez de disminuir, es apenas una cuestión de tiempo hasta que sea preciso escoger entre los costos políticos de una reforma y los costos políticos de una rebeliónDiscurso de Robert McNamara en 1972 (citado en Zibechi, 2011: 17).

En la racionalidad occidental moderna, la pobreza ha pasado por una transformación radical en su sentido. Dejó de ser considerada como expresión de la falta de voluntad de trabajar o como "necesaria" por ser un estímulo a la competencia en el mercado capitalista, en el liberalismo clásico, a ser comprendida como un estopín de pólvora con elevada potencialidad de rebelión y desestabilización política, a partir del proceso de industrialización a fines del siglo XVIII. Sobre los sentidos de la pobreza y su conversión radical hasta su pasaje al escenario del desarrollo rural como el protagonista, nos sustentamos en las reflexiones del filósofo colombiano Santiago Castro-Gómez (2010) acerca de la historia de la gubernamentalidad, a partir de la obra de Michel Foucault, y luego las del historiador brasilero João Mendes Pereira (2010) sobre el rol del Banco Mundial y el sentido de la pobreza rural.

La Revolución Industrial ha echado por tierra la idea liberal clásica de que la pobreza podría ser remediada por la inserción en el proceso de producción fabril, puesto que la pobreza sería la responsabilidad del "pobre", el resultado de una falta de voluntad del individuo al trabajo. Al contrario, el proceso de industrialización capitalista no sólo ha aumentado la pobreza, sino que ha creado otras formas. Como consecuencia, la pobreza pasó a ser considerada un peligro y debería ser entonces gobernada con urgencia. El objetivo pasó a ser luego controlar los posibles levantamientos de la clase subalterna y su peligrosidad a través de la creación e intervención sobre su hábitat, sobre la sociedad (Castro-Gómez, 2010).

O sea, el Estado nunca tuvo por objetivo intervenir directamente sobre la pobreza, pero sí actuar sobre el "medio ambiente" de la pobreza, a fin de modificar los condicionantes que llevarían a la degradación de las costumbres. El objetivo real es fundar un sujeto tutelado, doctrinado, en donde la familia y la escuela deberían ocuparse del rol de máquinas de moralización capaces de transmitir sentidos y valores a los niños y las niñas, como respecto a la disciplina y la autoridad. Estas redes de mutuas dependencias, donde el sujeto tutelado se reconoce a sí mismo, podrían tanto evitar la pauperización de las masas como la revolución socialista (Castro-Gómez, 2010).

En este sentido, las tecnologías de gobierno no sólo fabrican riesgos y los objetivan, sino que hacen que las personas se comporten de cierto modo frente a ellos. Son tecnologías de subjetivación, pues producen un tipo de sujeto que previene su futuro, que ahorra, que se gobierna a sí mismo en la medida en que se protege frente a posibles eventualidades. Es el sujeto que calcula, que evalúa los acontecimientos, que cuida de sí mismo y de los otros (sus hijos, su familia), que no deja su futuro en manos del destino, sino que lo toma bajo su propio control. De este modo, la vida misma de los obreros -y no sólo de los dueños de las fábricas- se "capitaliza", adquiere un precio (Castro-Gómez, 2010:235).

La transformación del sentido de la pobreza para el Estado posibilita la naturalización de la necesidad del diagnóstico de la pobreza y luego del diseño y la implementación de políticas interventoras de desarrollo a fin de combatirlas. En ese sentido, la actuación político-intelectual del Banco Mundial, desde mitad de los años 1940, pasa a relacionar el desarrollo con el "combate a la pobreza" (Pereira, 2010), una agenda fuertemente orientada por el fracaso militar de los EUA en la Guerra de Vietnam y la lucha contra la influencia del socialismo (Zibechi, 2011). En esos años, la pobreza se institucionaliza en torno a la agenda políticointelectual internacional del desarrollo, donde el Banco se va consolidando como un referente intelectual más que financiero, como señala Zibechi (2011).

De acuerdo a la investigación doctoral de Pereira (2010), el Banco Mundial actúa como actor político, intelectual y financiero capaz de determinar, en lo que se refiere al desarrollo, el qué hacer, cómo hacer, quién debe hacer y para quién hacer. Orientaciones que, lógicamente, van siendo adaptadas a los objetivos implícitos del Banco, sea para desestabilizar las guerras de guerrillas, evitar nuevas rebeliones sociopolíticas y frenar el avance de los reclamos nacionales progresistas en las décadas de 1960 y 1970, o para permitir la gobernabilidad en los años neoliberales y su transición al neodesarrollismo actual. La pobreza y la desigualdad serían así motivos suficientes para desatar una rebelión con fuertes posibilidades de convertirse en una revolución social de orientación comunista, y poner en riesgo la supremacía de los EUA ,

Permanece el hecho incontestable de nuestra seguridad estar directamente relacionada a la seguridad de ese nuevo mundo en desarrollo (...). En una sociedad que se está modernizando, seguridad significa desarrollo (...). Sin desarrollo interno, por lo menos en un grado mínimo, orden y estabilidad son imposibles (MacNamara apud Pereira, 2010: 261).

Algunos factores influenciaron la conversión del Banco en el referente mundial del "combate a la pobreza", de acuerdo a Pereira (2010: 265-266) y Zibechi (2011: 20-26): i) la experiencia del fracaso estadunidense en la Guerra del Vietnam sirvió de ejemplo para entender que en esas "nuevas guerras" se debe priorizar una victoria más política que militar; la enseñanza de esta guerra fue que la seguridad dependía no sólo de las fuerzas armadas, sino también de la preservación del orden político, de la mejoría de los indicadores sociales, del crecimiento económico y la reducción de la desigualdad (Pereira, 2010). En ese sentido, al contrario de buscar ganar por la fuerza, deberían implementar mecanismos de ayuda económica a fin de desestabilizar y limar la infraestructura de los guerrilleros, desactivando el potencial activista del campesinado,

Quien controla el interior controla el país. (...) Si los campesinos aceptan y se identifican con el sistema existente, eso proporciona una base estable al sistema. Si los campesinos se oponen activamente al sistema, pasan a ser los portadores de la revolución (Huntington, 1968 apud Pereira, 2010: 265).

ii) El cuestionamiento al llamado "efecto derrame", donde el crecimiento económico naturalmente llegaría a todos, era fundamental para la edificación del enfoque orientado a la pobreza. Nace una especie de "ciencia de la pobreza" con sus teorías, "expertos" y proyectos. iii) Las fuertes críticas y presiones internacionales frente a la Guerra del Vietnam y el desgaste político del gobierno de los EUA demanda una nueva directriz en lo referente a la ayuda externa al desarrollo.

Ese cambio político era esencial para la construcción del "combate a la pobreza", pues reorientó la ayuda externa bilateral a la multilateral.4 Direccionada por la tesis de las "necesidades humanas básicas", la propuesta era reducir la pobreza por medio del aumento de la productividad de los pobres (pequeños agricultores) mediante la concesión de créditos, ya que se entendía a los "pobres" como aquellos no insertos en actividades productivas relacionadas con el mercado (Zibechi, 2011). Hay que señalar que los proyectos de desarrollo rural no identificaban la concentración de la propiedad de la tierra como la estructura que determinaba la pobreza y la desigualdad y exclusión social. Por ello, se configuraban como alternativas conservadoras y reaccionarias a la reforma agraria. De ese modo, los proyectos deberían sí aceptar y adaptarse a la estructura agraria existente (Pereira, 2010).

Es enteramente falso que el problema central de nuestras sociedades sea la existencia de porcentajes elevados de pobreza. El verdadero problema es la riqueza, es decir, la existencia de una clase parasitaria, [con] suficiente poder para (...) desviar el foco de atención hacia su impúdica acumulación de riqueza. (...) La pobreza se despolitiza y se convierte en un problema técnico, relacionado con la aplicación eficiente y eficaz de soluciones. En esta concepción ya no hacen falta cambios estructurales, (...) no [hay] nunca un cuestionamiento de la propiedad privada de los medios de producción (Zibechi, 2011: 47-48).

El Banco Mundial convierte la pobreza en un campo de investigación cuando (de)limita su concepto a características estrictamente económicas (países pobres tienen el PIB per capita inferior a 100 dólares), a raíz de lo cual pasa a estar supeditado a la agenda de organizaciones supranacionales. El sentido moderno de la pobreza es concebido desde la unidimensionalidad, relacionada apenas con la reducida capacidad económica de los países y su población. Este punto de vista habilita que las soluciones estén limitadas al crecimiento económico y al desarrollo, condicionantes que por su parte eliminan las otras formas de relaciones sociales y de existencia comunales, comunitarias (Ramos Filho, 2012).

Ello significa la naturalización de la explotación y la acumulación de capital, ya que aísla la pobreza de las relaciones sociales hegemónicas. Es decir, se visibiliza la pobreza como el problema central -a través de la consigna-caricatura del "luchar contra la pobreza rural"- al paso que se oculta la riqueza, escamoteando y eludiendo la concentración de la propiedad de la tierra como el real problema del mundo rural. Se (re)encubren prácticas coloniales, puesto que el concepto de pobreza no es definido por los llamados pobres sino por los "expertos" y sus instituciones especializadas (Zibechi, 2011).

Es precisamente en ese momento, de nuevo encadenamiento conceptual y político del Banco, que aparecen las organizaciones sin fines de lucro especializadas en "orientar" a los pequeños agricultores a elevar su renta vía aumento de la productividad de la tierra, sacándolos de la "pobreza" en que están metidos. Como argumenta Zibechi (2011), las oenegés o imperialismos blandos crecieron exponencialmente en los países periféricos como represalias impuestas por el Banco Mundial y Estados de los países centrales a los gobiernos que impulsaban reformas redistributivas y populares.

Es así que la racionalidad occidental moderna ha transformado el sentido de la pobreza a partir del proceso de industrialización capitalista (economía de mercado en la Revolución Industrial) que "rompió los lazos comunitarios y privó a millones de personas del acceso a la tierra, al agua y otros recursos. Con la consolidación del capitalismo, la pauperización sistémica resultó inevitable" (Escobar, 2007 [1996]:49). Frente a ello, el soporte operacional de organizaciones especializadas y "oenegés" orientan a los pequeños agricultores a elevar la productividad de la tierra vía aplicación de paquetes tecnológicos (modernización de base industrial con agroquímicos, semillas transgénicas, máquinas y herramientas, etc.). Sin embargo, como ironiza Pereira (2010), el objetivo principal es prevenir revoluciones "rojas" con nuevas (viejas) pequeñas revoluciones "verdes"!

4. De la cuestión agraria a la cuestión del desarrollo

Como hemos visto, desde el territorio del mercado, la "lucha contra la pobreza" se afirma sin el cuestionamiento de las causas reales y estructurales de la misma; se diseñan programas de reforma agraria para frenar la concentración de la propiedad de la tierra regulados por el mercado y no por la acción desapropiadora del Estado; una participación, supuestamente igualitaria, en la toma de decisiones estratégicas sobre el desarrollo rural que escamotea las variadas asimetrías de poder, conocimiento, riqueza e inúmeras jerarquías de poder, más allá de las de clase.

De ese modo, el DTR está completamente inmerso en un paradigma más amplio de análisis de la cuestión agraria y sus componentes, el Paradigma del Capitalismo Agrario. Dicha perspectiva se enfrenta directamente, de modo conflictuado, con el paradigma de la cuestión agraria. Las conflictualidades entre estos dos paradigmas que analizan el campo en América Latina se refieren a la formulación de conocimientos que vayan a disputar el Estado, las políticas públicas, e influyan directamente en la realidad (Ramos Filho, 2011).

Entendemos la cuestión agraria como el conjunto de los problemas relacionados con el desarrollo del capitalismo en la agricultura y con la lucha de los trabajadores rurales, campesinos, indígenas, pescadores, etc. Desde ese paradigma, la cuestión agraria es inherente al proceso desigual y contradictorio de las relaciones sociales de producción capitalista, con problemas (desigualdades) creados una y otra vez, que pueden ser amenizados por medio de políticas públicas y de presiones políticas de movimientos sociales del mundo rural, pero que son imposibles de solucionar. En medio de las contradicciones, el campesinado se diferencia, se destruye y se recrea (Fernandes, 2001: 2006).

Ya las teorías que componen el paradigma del capitalismo agrario poseen dos tendencias que se complementan, a saber, la defensa del agronegocio fuertemente globalizado como modelo de desarrollo nacional (como en Brasil y Argentina) y la tendencia de la agricultura familiar. Según esta última, no habría contradicción entre el agronegocio y el campesinado, sino una complementariedad entre los dos, pero para ello se hace necesario la metamorfosis del campesino en agricultor familiar.

Desde ese lugar situado, los procesos de subordinación y subalternización del campesinado al capital son tildados de procesos de integración del agricultor familiar a la agroindustria, al agronegocio, ya que la agricultura familiar es considerada una actividad profesional, "cuyo sujeto asume la condición de consumidor de los paquetes tecnológicos modernos y se integra a mercados capitalistas completos" (Ramos Filho, 2011: 4). Para los defensores del paradigma del capitalismo agrario, la cuestión agraria ha sido reemplazada por el desarrollo rural, territorial rural, sostenible. Luego, la reforma agraria pasa a ser entendida como política compensatoria, paliativa para reducir las condiciones de miseria y pobreza, como herramienta de control social y oportunidad de fomentar la economía de mercado ^**** (Ramos Filho, 2011; Gómez, 2006).

En lo que se refiere a la construcción de sujetos, los/as campesinos/as, sujetos centrales en el paradigma de la cuestión agraria pasan a ser negados, desvalorizados por el paradigma del capitalismo agrario (y luego por el DTR), pues se los considera parte de un sistema tradicional, viejo y, por ende, incompleto, que debe integrarse completamente al sistema supuestamente perfecto: el capitalista. En ese escenario, se busca vaciar de sentido político el concepto de campesinado y construir el de agricultor familiar como representativo de un estadio evolutivo superior (Ramos Filho, 2011), en un orden histórico lineal, cartesiano, moderno/colonial, como ya hemos discutido anteriormente.

La noción de agricultor, al mismo tiempo que afirma y reconoce, excluye e invisibiliza a la gran mayoría de la población rural: los/las campesinos, quilombolas e indígenas. Dicha noción se configura entonces como un término apropiado a la estrategia de desconsiderar a dichas poblaciones en su condición de mayoría y de "negar su potencial vocación hegemónica y capacidad de efecto estatal" (Cusicanqui, 2010: 60).

Siguiendo con la misma autora, se reproduce una especie de "inclusión condicionada" (2010: 60), donde se trasvisten y se articulan nuevos mecanismos de neutralización y cooptación, convirtiendo ese "multiculturalismo ornamental y simbólico (...) despolitizado y cómodo" (2010: 58-68) en una cortina de humo, en un mecanismo encubridor y renovador de prácticas efectivas de colonización y subalternización. Esto porque "hay en el colonialismo una función muy peculiar para las palabras: las palabras no designan, sino encubren. De ese modo, las palabras se convirtieron en un registro ficcional, plagado de eufemismos que velan la realidad en lugar de designarla" (Cusicanqui, 2010: 19).

Además, como no se cuestiona el sistema económico vigente, el mercado es consolidado como unidad de medida de todos los procesos sociales (Gómez, 2002a), y conceptos complejos, como igualdad, democracia y participación se ven vaciados de sentido, distorsionados y desactivados de toda su potencialidad transformadora (Gómez, 2006a). Así, la cuestión del desarrollo se convierte en una forma de valorizar el territorio de acuerdo a las pautas de máxima rentabilidad del capital (Gómez, 2002), asumiendo el perspicaz rol de "Caballo de Troya" (Gómez, 2006) en los "espacios de concertación" y "participación ciudadana", manipulando sin limitar bruscamente, cualquier propuesta antisistémica para resolver los problemas estructurales del medio rural fuera del modelo económico capitalista.

Asumir el paradigma del consenso del DTR para comprender la realidad rural latinoamericana, lo que orienta el diseño e implementación de las políticas públicas, significa ningunear y omitir la reforma agraria como política de desarrollo rural estructural. Ello se da porque el discurso del "combate a la pobreza" escamotea, distorsiona, muda el foco de la necesidad imperiosa del cambio en la condición histórica y estructural de la desigualdad social en los países latinoamericanos, que es la concentración de la propiedad de la tierra, como advierte Ramos Filho (2012).

En ese sentido, la cuestión agraria como paradigma para analizar las contradicciones y conflictos del desarrollo del capitalismo en la agricultura es reemplazada y marginalizada desde el Estado por una cuestión del desarrollo. Es decir, con el discurso del territorio de la integración, la cooperación, la participación social, el consenso, la democracia, etc. se pretende resolver los problemas estructurales del medio rural por la remodelación del rol del Estado. Un Estado que debe asumir cada vez más una función asistencialista, por medio de políticas compensatorias y puntuales, con la finalidad de reducir/aliviar la pobreza rural, y conceder un mayor espacio al mercado en la tarea de resolver los problemas sociales que el mismo modelo de desarrollo (re)crea (Gómez, 2006).

Algunos instrumentos han sido diseñados y puestos en marcha con la finalidad de desvirtuar el concepto clásico de la reforma agraria, como su conversión en sinónimo de regularización de tierras, reordenamiento agrario, reconocimiento y donación. Además, los programas de crédito fundiario, recetados por el Banco Mundial (desde 1997 para el caso de Brasil), proponen reducir la pobreza rural facilitando el acceso a la tierra por medio del fomento a la compra y venta de terrenos y la concesión de préstamos para esto. La reforma agraria asume así un carácter neoliberal, mercantil, repasando al mercado la centralidad en la creación y recreación del campesinado (Ramos Filho, 2012).

5. El neodesarrollismo: reflexiones desde Brasil y Argentina

América Latina, en los primeros años del siglo XXI, es el escenario de un nuevo orden económico y político caracterizado por la demanda de bienes primarios de los países centrales y las potencias emergentes (Svampa, 2012). Ello ha generado un boom de los precios internacionales de las materias primas y los bienes de consumo, donde la naturaleza permanece en la categoría de proveedora de recursos, como añade Gudynas (2011). Es así que "se ha realizado el pasaje del Consenso de Washington, asentado sobre la valorización financiera, al Consenso de los Commodities, basado en la exportación de bienes primarios a gran escala" (2011: 1).

Dicho proceso de reprimarización de la economía de los países latinoamericanos genera a su vez nuevas formas de dependencia y dominación, y conlleva una ampliación del proceso de despojo y expulsión de tierras, bienes comunes y territorios. Ello debe interpretarse como dice Svampa (2012) como el retorno de aquel patrón de acumulación asentado en la sobreexplotación de los recursos naturales/bienes comunes y la expansión de las fronteras rumbo a los territorios antes considerados "improductivos" o "tierras de nadie". A este nuevo patrón de poder de acumulación, blindado por un recauchutado discurso de desarrollo, se suele llamar neodesarrollismo.

En las cuestiones relacionadas con el desarrollo, la autora propone hacer una distinción entre neodesarrollismo liberal, neodesarrollismo progresista y la perspectiva posdesarrollista, teniendo como punto de encuentro el concepto de extractivismo. ^***** Nos sumamos en este trabajo al concepto de neodesarrollismo progresista, ya que reflexionamos desde las realidades de Brasil y Argentina.

Boito Jr. (2012a, 2012b) afirma que el neodesarrollismo progresista guarda muchas afinidades con el liberal, es decir, posee algunos eslabones que lo atan al neoliberalismo de los años 1990, a saber: i) la acumulación financiera, piedra de toque del modelo neoliberal actualmente en vigor, explicaría los reducidos niveles de crecimiento económico; ii) se acepta la especialización regresiva, el abandono de una estructura industrial más compleja construida a lo largo de décadas por la imposición del modelo neoliberal. Ello significa concentrarse en productos de bajo valor agregado, o sea, en los sectores de procesamiento de productos agrícolas, pecuarios y recursos naturales, configurando un "desarrollismo" a la medida del mercado externo.

Al mismo tiempo, establece significativas diferencias, principalmente en relación con el papel del Estado y las esferas de democratización, como acentúa Svampa (2012), es decir, al contrario del acotado papel del Estado en las décadas de 1980 y 1990, en el discurso/práctica del neodesarrollismo progresista, su rol es más activo, con nuevas reglas, renegociación de contratos, elevación de regalías y tributos, bien como potenciando el rol de las empresas estatales (Gudynas, 2011).

Boito Jr. (2012a), al analizar el caso de Brasil termina compartiendo con Svampa los principales puntos de un neodesarrollismo de cuño progresista, esto es, una política de crecimiento económico al lado de alguna transferencia de renta, pero sin promover ninguna ruptura con los límites establecidos por el modelo capitalista neoliberal periférico todavía reinante. Así, como agrega Svampa (2012), en el marco de un nuevo ciclo de acumulación, los gobiernos progresistas o llamados de izquierda, tienen su acción política marcada por un discurso épico (la ilusión desarrollista) apoyado sobre un paradigma extractivista, sustentado por argumentos como "oportunidades económicas", "ventajas comparativas" y el "efecto goteo" (Gudynas, 2011:84), y un accionar cargado de tensiones y contradicciones políticas, económicas, sociales, ambientales y epistémicas.

Dicha ilusión desarrollista, tan arraigada en el imaginario político latinoamericano, aparece asociada a la acción del Estado (productor y relativamente regulador, hasta donde la globalización lo permita) y una batería de políticas sociales, dirigidas a los sectores más vulnerables, cuya base misma es la renta extractivista (Svampa, 2012:09).

Las transformaciones sufridas por el Estado nacional en los años ´90, por cuenta de las políticas de privatizaciones de los bienes públicos, organizaron las bases normativas y jurídicas que permitieron la expansión del modelo extractivista, dada la seguridad jurídica para los capitales y la alta rentabilidad empresarial (Svampa, 2012). En ese sentido, los gobiernos progresistas que asumieron el control del Estado con un discurso crítico hacia el desarrollo convencional y la lógica neoliberal extractivista (Gudynas, 2011), hoy día comparten con el discurso neoliberal los beneficios del Consenso de los Commodities, alimentando el mito "eldoradista" (Zavaleta Mercado apud Svampa, 2012) de una América Latina como el rincón de la abundancia de riquezas naturales y por ende, ratificando el destino primario-extractivo-exportador de la región (Svampa, 2012).

Con ello no pretendemos ningunear los cambios que los gobiernos progresistas han impulsado en la región, donde el Estado nacional pudo recuperar ciertas capacidades institucionales, pasando a ser un actor económico relevante y en algunos casos un agente de redistribución (Svampa, 2012a). Sin embargo, como advierte Acosta (2012), no hay pistas contundentes de que esos gobiernos pretendan superar la actual estructura de acumulación, más allá de los discursos y planes oficiales. Al contrario,

El progresismo, tenga o no modulación nacional-popular, continúa visualizando la problemática en términos desarrollistas, ligados al crecimiento económico, la modernización y la expansión de las fuerzas productivas. (...) Sus prácticas y políticas se corresponden con una visión convencional y hegemónica del desarrollo, congruentes con la idea de progreso indefinido y del carácter supuestamente inagotable de los recursos naturales (Svampa, 2012: 16-17).

Siendo así, el neodesarrollismo progresista permanece interpretando el proceso de acumulación de modo unidimensional, en torno a la reproducción ampliada de capital, lo que termina minimizando su responsabilidad en la dinámica del despojo, que a su vez se convierte en un "punto ciego", no es conceptualizado y tampoco universalizable (Svampa, 2012). Con ello, esos países están bien atrapados en lo que se conoce en la literatura como la "maldición de los recursos naturales" o "la paradoja de la abundancia", cuando el elevado precio internacional o el descubrimiento de un nuevo yacimiento genera un boom de exportación, y no queda otra que resignarse a esos "destinos" (Acosta, 2012).

Según Svampa (2012), parece que falta mucho para llegar el día en que el discurso de carácter liberal o neoliberal entre en colapso, aunque se siga cuestionando el Consenso de Washington. Ello porque lo nuevo es la capacidad de articulación del discurso neoliberal, que sigue poniendo el énfasis en un Estado subordinado al mercado y considerando la naturaleza como "recurso" y "capital inagotable", con temas oriundos de la agenda global (como el concepto de "desarrollo sustentable"). La finalidad es debilitar, neutralizar y desprestigiar la potencialidad crítica de algunos conceptos, nociones, propuestas. Así,

luego de dos décadas de ostracismo, asistimos a un retorno en fuerza del Desarrollo como gran relato homogeneizante, el cual reaparece como vocablo y concepto prometeico, vinculado al crecimiento, la productividad y la modernización, pero en este caso, no asociado a una ideología industrialista sino al desarrollo de mega-emprendimientos extractivos (Svampa, 2012: 5).

Consideraciones finales

Como pudimos observar, el nuevo enfoque del desarrollo rural ha exigido otra escala del Estado, otra regulación. En el período de la Revolución Verde se toma la escala nacional como lugar de acción; mientras, en el enfoque del Desarrollo Rural Integral se prioriza la escala regional; ya la escala local es la característica del ajuste estructural neoliberal y el foco del DTR (Gómez y Favaro, 2012). La "focalización" localizada de los programas de desarrollo sería la nueva solución para aliviar la pobreza y promover el desarrollo, al paso que habilita el ajuste neoliberal ahora en el medio rural. El "binomio ajuste/compensación focalizada de la pobreza" (Zibechi, 2011: 27) es el verso y reverso de un mismo proceso de implantación del neoliberalismo, que el neodesarrollismo establece, promueve, blinda y oculta. Tomemos brevemente los casos de Brasil y Argentina para entender el rol del DTR en esta nueva etapa del desarrollo.

En el contexto de liberalización financiera y del comercio, de la apertura a la entrada de capitales internacionales -características del proceso de reconcentración de la renta en las décadas neoliberales-, se sumaron: las ventajas comparativas de algunas commodities, el enfoque mercadológico de la tierra, impulsado por el Banco Mundial (banco de la tierra, reforma agraria de mercado, etc.); el foco en las exportaciones para garantizar incrementos en el PBI; el retomado y extendido hincapié en el discurso del "combate a la pobreza rural", etc. Todo ello terminó habilitando y blindando el agronegocio como modelo de desarrollo rural, y orientando las políticas públicas, como el DTR, directa o indirectamente hacia él (Gómez y Favaro, 2012).

El DTR, por lo tanto, no pone en cuestión conceptos coloniales como "progreso", "pobreza", "desarrollo"; sigue orientado por el antropocentrismo, que no ve límite a la apropiación de los bienes comunes y tampoco lleva en consideración experiencias territoriales que critiquen el modelo hegemónico de desarrollo rural (primario-extractivo-exportador), como la lucha del campesinado, indígenas, quilombolas, etc. Por ello, la política del DTR termina legitimando y agudizando la explotación del trabajo, de la naturaleza y la concentración de la propiedad de la tierra, además de fomentar la idea de una convivencia armónica entre el modelo hegemónico del agronegocio y la agricultura campesina familiar.

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Notas