Paris-2016

Johanna Orduz

El trabajo de un intelectual no consiste

en modelar la voluntad política de los demás;

estriba más bien en cuestionar, a través de los análisis que lleva a cabo en terrenos que le son propios, las evidencias y los postulados, en sacudir los hábitos, las formas de actuar y de pensar, en disipar las familiaridades admitidas, en retomar la medida de las reglas y de las instituciones y, a partir de esta re-problematización […] participar en la formación de una voluntad política (en la que tiene la posibilidad de desempeñar su papel de ciudadano).

Foucault

Introducción

Este escrito se desarrollará a partir de dos ejes: el primero corresponde a una breve ubicación del contexto analizado desde la perspectiva de la gubernamentabilidad, concepto que es necesario entender para diferenciar al gobierno no como una instancia administrativa que toma decisiones respecto a planes, programas y proyectos, sino como la forma de poder que ejercido sobre las poblaciones determina ciertas formas de intervenir. Ello permite introducir el segundo eje, que corresponde a la intervención profesional como forma de poder, para finalizar con algunos elementos que podrían configurar el Trabajo Social contemporáneo, influenciado desde los aportes de esta perspectiva. Así el trabajo social puede constituirse en una forma de poder saber, en una «modalidad de poder que constituye subjetividades, en estos procesos de subjetivación las y los trabajadores sociales no son meros sujetos pasivos, sino que también se inscriben en ese ejercicio del poder, como objeto, punto de apoyo, relevo y, eventualmente, obstáculo a las relaciones de poder» ^[3] o que puede convertirse en una práctica política de libertad.

El contexto

Para empezar, es necesario plantear que la ubicación aquí presentada corresponde a una mirada desde la perspectiva de la gubernamentalidad, porque, considerando el contexto en el que se mueven las y los trabajadores sociales en su práctica profesional, la gubernamentalidad corresponde hoy a una lógica que es producida, administrada y liderada por un gobierno con una función claramente explícita e intencionada. Esta es entendida por Foucault como:

[…] el gobierno que designaba el modo de dirigir la conducta de los individuos o de los grupos debería ser dirigido el gobierno de los niños, de las almas, de las comunidades, familias, de la enfermedad. «Gobernar» no solo cubre las formas legítimamente constituidas de sujeción política o económica, sino también modalidades de acción más o menos consideradas y calculadas, orientadas a actuar sobre las posibilidades de acción ^[4] de los otros. Gobernar, en este sentido, es estructurar el posible campo de acción de los otros. El efecto de relacionamiento propio del poder no se encontraría en todo caso en el campo de la violencia o de la lucha, tampoco en el campo de la unión voluntaria (todas las cuales son, en el mejor de los casos, instrumentos del poder) sino en el área de modos de acción singulares que son el gobierno; modos de acción que no son necesariamente ni jurídicos ni de guerra. Refiriéndonos aquí al sentido restrictivo de la palabra gobierno, uno podría decir que las relaciones de poder han sido progresivamente gubernamentalizadas, es decir, elaboradas, racionalizadas y centralizadas en la forma de —o bajo los auspicios de— instituciones del Estado (Foucault en Dreyfus y Rabinov, 1988: 239).

El gobierno desde la perspectiva foucaultiana no constituye ninguna instancia gubernamental que defina y delinee planes de gobierno, sino que los planes de gobierno se constituyen en formas por donde pasa el poder expresado en un plan de gobierno, al que en las dimensiones sociales y económicas le corresponde poner en marcha las políticas públicas que se traducen en planes, programas y proyectos para buscar mantener o conservar el orden social. En este sentido, Giavedoni expresa que «creemos que, en vez de pensar en ausencia del Estado, debemos pensar en ‘gobierno de la pobreza’, razón por la cual asumimos la perspectiva teórica centrada en los estudios de gubernamentalidad» (2012: 24). El gobierno de la pobreza, siguiendo al mismo autor:

[…] no se refiere a las intervenciones estatales que prohíben ciertos comportamientos u obligan indefectible a otros, a través de mecanismos de ley, sino a una configuración que constituye, define y delimita un campo de acciones posibles de los otros, establece márgenes de acción para aquellos sobre los cuales se inscribe el poder. Las prácticas de gobierno tienen como finalidad generar las condiciones, facilitar las opciones e inducir a determinadas elecciones que, si bien pueden estar fuera del derecho formal, son gubernamentalmente tolerables e, inclusive, estratégicamente útiles. […] Resumiendo, gobernar no es imponer la ley, no es obligar a través de un instrumento legal a un tipo de comportamiento. (Giavedoni, 2012: 25)

Considero necesario expresar que estos planteamientos surgen de la genealogía planteada por Foucault, como explica el profesor Santiago Castro-Gómez:

Consideremos ahora un texto contenido en las lecciones tituladas seguridad, territorio, población, dictadas por Michel Foucault en su curso de 1977-1978 en el College de France. Recordemos brevemente que el propósito de estas lecciones era desarrollar el concepto de gubernamentabilidad, trazando su genealogía desde el pastoreado cristiano de la edad media hasta la biopolítica estatal del siglo XVIII y XIX. La tesis central de Foucault es que las técnicas de gobierno sobre la conducta humana, que aparecieron de la mano del poder pastoral, se trasforman con la modernidad en una tecnología de gobierno y regulación sobre las poblaciones. Pasaríamos así, de la ratio pastoralis a la ratio gubernatoria, de tal modo que las promesas de «salvación» y «seguridad» dispensadas antes por la iglesia cristiana, son retomadas ahora por el Estado moderno en clave biopolítica. Mediante la creación de una serie de «dispositivos de seguridad», el Estado procura ejercer ahora control racional, sobre las epidemias, las hambrunas, la guerra, el desempleo, la inflación y todo aquello que pueda amenazar al bienestar de la población.

En la lección del 22 de marzo de 1978, Foucault continúa disertando sobre el tránsito de la ratio pastoriales hacia la ratio gubernatoria, pero centrándose ahora en la manera en que se forma el Estado moderno. No sobra comentar aquí que Foucault se aparta de la ya clásica reflexión sobre el origen del Estado defendida por teóricos como Hobbes, Locke, Rousseau, para quienes el Estado surge como resultado de un pacto entre individuos que transfieren sus derechos naturales hacia una instancia superior capaz de mediar entre los conflictos. Ya en textos anteriores como Vigilar y castigar, Foucault había mostrado que el individuo no debe ser visto como una instancia natural y preexistente, sino como producto de ciertas tecnologías de poder que él llama las disciplinas. De modo que su explicación sobre el origen del Estado no toma como punto de referencia al individuo, sino el cambio de las tecnologías de poder. Su tesis, repito, es que hacia finales del siglo XVI y hasta mediados del siglo XVII, se realiza un cambio en el modo de entender y practicar la política y el poder político en Europa, un cambio en las tecnologías de gobierno que finalmente produce al Estado. (Castro-Gómez, 2007: 160)

A partir de lo anterior y considerando los aportes del seminario ^[5] , se puede plantear que hay una nueva modalidad de ejercicio del poder, donde la política social se constituye en un modo de acción, en una forma disciplinaria en la que el poder genera unos dispositivos de seguridad a través de los cuales desarrolla la capacidad para ejercer control, o establecer otros mecanismos de normalización o de corrección sobre los sujetos; de esta manera, se configura un poder disciplinario en el que se materializa la intervención del Trabajo Social.

Para ejemplificar, tomaré el caso del Distrito Capital de Bogotá, Colombia. Hay un gobierno de la pobreza que se encuentra inscrito en la emergencia de la sociedad moderna y de un modo de producción capitalista. Bajo esta lógica, se puede expresar que existen unas prácticas de gobierno que tienen una función estratégica, lo que hace pensar no en la ausencia de Estado, sino en unas políticas sociales que gobiernan la desigualdad, la pobreza, la violencia, la falta de educación, la falta de acceso a condiciones para una vida digna, y que éstas, en el marco de una permanente vulneración a los derechos humanos, se han instaurado en los cuerpos configurando una manera de ver la vida y de actuar sobre los problemas sociales.

Empecemos por plantear que, desde la reforma ^[6] a la Constitución Nacional de 1991, el enfoque de las políticas sociales ha sido de carácter sectorial, pues se inicia en un periodo histórico definido en términos de políticas sociales dirigidas a determinadas poblaciones o sectores de la población, que avala ciertos derechos. La política pública, que surge de la Constitución Nacional de 1991, reconoce los derechos por sectores (negritudes, mujeres, niños, etc.). Esto sumado a la apertura económica, promovida e implementada desde el gobierno de César Gaviria —relacionada con el ingreso definitivo al modelo neoliberal y paralela a la apertura económica que se venía promoviendo desde los años 90— lleva entonces a la focalización de las políticas públicas sociales y económicas, en las que se hacen reformas según campos de acción (salud, empleo, seguridad social, vivienda, familia, recreación, etc.) y se reconocen unos derechos particulares (mujer y género, infancia adolescencia, niñez, adulto mayor). Desde esa época se da un estado de cosas que, a partir de unos campos de acción, facilita e induce a que las personas opten por elecciones como el control de la natalidad o el endeudamiento para financiar pequeños negocios en la calle. De esta manera, se regulan sus conductas y se invisibilizan los problemas sociales.

En ese sentido, y de acuerdo con la figura de la planeación participativa, se diseña, gestiona, ejecuta y evalúa a través de políticas públicas focalizadas en grupos humanos, sectores o según condiciones sociales que quieren mostrar o buscan normalizar situaciones sociales que, de hecho, son inadmisibles. Solo a manera de ejemplo, en el objetivo general del actual Plan de Desarrollo Bogotá Humana ^[7] se lee:

Mejorar el desarrollo humano de la ciudad, dando prioridad ^[8] a la infancia y adolescencia con énfasis en la primera infancia y aplicando un enfoque diferencial en todas sus políticas. Se buscará que, en Bogotá, se reduzcan todas las formas de segregación social, económicas, espaciales y culturales, por medio del aumento de las capacidades de la población para el goce efectivo de los derechos, del acceso equitativo al disfrute de la ciudad, del apoyo al desarrollo de la economía popular, así como también buscará aliviar la carga del gasto de los sectores más pobres y la promoción de políticas de defensa y protección de los derechos humanos de los ciudadanos y las ciudadanas. (2012: 18) ^[9]

A partir de lo anterior, en el Distrito Capital se constituyen las políticas públicas como formas por las cuales pasa el poder para normalizar situaciones que son anormales, es decir, se pretende invisibilizar los problemas sociales, cuando la política pública expresa los problemas sociales, en términos de indicadores o de enunciados prioritarios, lo que está haciendo es un ejercicio de normalización de los problemas. Veamos un ejemplo, y dado el interés en el tema de las políticas públicas de mujer y equidad de género (PPMyEG), es necesario mencionar que las mujeres en Colombia han sido históricamente víctimas de múltiples formas de violencia: cotidiana, ocasionada por el conflicto armado colombiano —que data de la década de los años cincuenta y sesenta— y violencia por su defensa de los derechos humanos. Veamos en la tabla 1 cómo estas tres formas de violencia se representan en unos indicadores que minimizan el problema de la violencia contra la mujer en Colombia.

Tabla 1. Homicidios según circunstancia del hecho. Colombia, enero y febrero de 2015

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses/Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia. Sistema de Información Red de desaparecidos y cadáveres (Fecha de corte: 28 de febrero, 2015).

Continuando con el análisis de gobierno de la pobreza, se puede encontrar que en el informe de rendición de cuentas del Distrito Capital aparece:

Bogotá pasó de tener un índice de pobreza multidimensional del 12,1%, en 2010, a 8,7%, en 2013, lo que significa que 223.347 personas la superaron, el equivalente al total de la población de una capital de un departamento como Riohacha. La economía de Bogotá se mantiene activa, en el 2013, tuvo un crecimiento del 3,8%, y su participación en el PIB Nacional es la más alta (24,7%). En comparación con las 13 áreas metropolitanas, el desempleo en Bogotá ha disminuido más que en todas ellas (7,7%), y si las tasas de ocupación (67,1%) y de participación (72,7%) son más altas, se puede concluir que el PIB de la ciudad genera más empleo que el del conjunto de la economía nacional. El comportamiento del empleo es un buen reflejo de las condiciones de vida de la población. Por esta razón, la pobreza disminuye. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015: 6)

Los datos anteriores muestran cómo se busca normalizar los problemas sociales a través de mecanismos reguladores, estrategias y dispositivos que pretenden no mostrarlos en términos de carencias o como efecto del capital, sino a partir de mecanismos que muestren tasas, frecuencias o promedios aceptables de los problemas sociales. Ejemplo de ello es la siguiente cita, que aparece en el informe de rendición de cuentas del plan de desarrollo 2012-2015 del Distrito Capital:

Durante el 2014, los principales indicadores de la economía de Bogotá siguen siendo positivos. Las cifras muestran, además, que la calidad de vida ha mejorado. No es cierto, entonces, que la dinámica económica de la ciudad se haya deteriorado durante los últimos años. Incluso, en algunos indicadores, los logros de la ciudad han mejorado de manera significativa. El índice de prosperidad de las ciudades (city prosperity index —CPI—), que acaba de publicar ONU Hábitat, pone en evidencia el buen estado en el que se encuentra la ciudad de Bogotá. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015: 10)

Los problemas crecientes de pobreza, falta de acceso a los servicios públicos, déficit en el acceso a la vivienda digna, violencia social y política, aumento del desplazamiento ocasionado por el conflicto armado que vive el país hace décadas, aumento de la delincuencia como reflejo de la falta de empleo y educación en los jóvenes, entre muchas otras problemáticas sociales emergentes, son normalizados.

Ahora bien, al examinar las políticas públicas asumidas como una forma por donde pasa el poder, en el Distrito Capital, hay una serie de entidades que, bajo la idea de disminuir la segregación socio-espacial, promover el acceso a la salud, la educación, la vivienda, a través de subsidios buscan suplir necesidades, llegando con ello trascender o enraizarse, penetrar en los niveles más micro de la sociedad, como es en el sujeto. Por ello, según Haley (2011:67), Foucault afirma que el «poder actúa a través de los elementos más pequeños: la familia, las relaciones sexuales, pero también las relaciones de domicilio, las barriadas, etc. […] siempre descubrimos el poder como algo que «traspasa», que actúa, que produce efectos» (1978: 59). Así se instaura, en los regímenes más locales, comportamientos, a partir de los cuales los sujetos esperan a que los subsidios lleguen o a cumplir los requisitos que les permiten acceder a los servicios del comedor comunitario o a cumplir con los términos para acceder al subsidio de desempleo, sólo por mencionar algunos ejemplos.

De esta manera y desde sus propias lógicas, en el Distrito Capital se establecen una serie de relaciones que son consideradas como una práctica aceptada, en la cual se hace presente ese ejercicio de poder, que se vale de una serie de procedimientos —dispositivos— que pueden ser considerados de control, normalización y disciplinamiento; Foucault plantea llamar «literalmente dispositivo cualquier cosa que tenga, de algún modo, la capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivientes» (Agamben, 2005: 5). De esta manera, vemos cómo el poder se encarna en otra forma que es la institución, la cual ejerce mecanismos de control, normalización y disciplinamiento de los sujetos a través de guías o protocolos de acción en las instituciones (véase anexos 1 y 2).

Es así que estos dispositivos de poder generan la impresión de que, efectivamente, están sirviendo, que están cumpliendo con una función de mejoramiento de la calidad de vida de la población, pero en realidad son dispositivos que, en términos de Foucault, tienen la capacidad para dominar infinidad de prácticas, tanto de quien los maneja, como de quienes son su objetivo, es decir, que los cuerpos son manejados en la relación de fuerzas que se establece en la ejecución de dichas políticas sociales (ver anexo 2).

Observamos así que el gobierno regula la vida de los ciudadanos en todo sentido; extendiéndose a todas las esferas y ámbitos de la vida social, política, cultural, espiritual, económica, recreativa, familiar, ambiental, etc., a través de mecanismos, estrategias o dispositivos donde se codifica, dispone y caracteriza tanto al ciudadano como la situación. A partir de lo anterior y en consecuencia con el análisis que se viene realizando, se podría concluir que las políticas sociales son planteadas como estrategias discursivas enunciadas y llevadas a la práctica como otras formas de poder en las que la intervención social de las y los trabajadores sociales se convierte en otra forma de poder que será objeto de análisis a continuación.

Para finalizar este punto e introducirse en el siguiente, localizamos la intervención del trabajo social como otra forma de poder que produce un saber, un discurso, que «como las ciencias sociales, tales como la economía, la sociología y la piscología proveen de una maquinaria intelectual bajo la forma de procedimientos para hacer al mundo pensable» (Giavedonni, 2012: 80). Es decir, el poder pasa por la intervención, se fija ahí y es lo que lo hace hablar, produce saber.

Lo anterior constituye un asunto que es necesario debatir, para no caer en el juego del discurso de los saberes que, caracterizados como científicos, son producidos y reconocidos como saberes hegemónicos y, de esta manera, desconocen los nuevos que se derivan de la malla de relaciones de fuerza o se construyen en el contexto de los espacios microsociales en los que el trabajo social, dada su naturaleza y fines, teje en su cotidianidad.

La intervención del trabajador social como forma de poder

A partir de lo anterior es interesante realizar un ejercicio de localización del trabajo social con base en la propia experiencia, esto es, realizar un ejercicio de análisis de las relaciones de fuerza que se dan en la intervención social. En busca de acercarse a considerar las fuerzas y la relación de fuerzas que se hacen presentes en ese modo de acción, en los contextos actuales de un país en el que el neoliberalismo como dispositivo de poder también ejerce una fuerza que, de alguna forma, la determina.

En ese sentido, en la intervención se hacen presentes unas fuerzas que lo traspasan todo, que permean las relaciones sociales que se establecen, y que se hacen posibles en la acción y en los discursos del trabajo social. La intervención, como forma de poder, puede ser vista como un mecanismo de disciplinamiento, de control, de poder o de dominio; puede pensarse para responder a una racionalidad política que, a través de otras formas de gobierno —las políticas públicas analizadas en el numeral anterior— puede hacer posible otro modo de extensión del poder pastoral, jurídico, medicalizado, etc., que magistralmente analizó Foucault. Pero también la intervención como forma de poder puede ser considerada como un espacio de acción en donde los sujetos actúan los unos sobre los otros y entre los otros para configurar así las relaciones de poder en las que se hagan evidentes formas de resistencia contrarias a las formas de poder hegemónico.

De lo anterior, podemos decir que las y los trabajadores sociales se desempeñan en sectores sociales en los que se diseñan, ejecutan, gestionan y evalúan proyectos, programas y planes que llevan al plano de la vida social las políticas públicas direccionadas por el gobierno de la pobreza, es decir, en términos de Foucault, podríamos decir que estos profesionales (entre otros, de las ciencias sociales) se encargan de ordenar, controlar, gestionar y, de alguna manera, dirigir la vida de los sujetos sociales con quienes establece una relación de carácter profesional, pero también, y es importante decirlo, es en esa misma forma de poder que el trabajador social se localiza en los sujetos sociales para visibilizar los problemas, necesidades o circunstancias no como prácticas normalizadas, sino como un ejercicio de libertad, de resistencia en donde los sujetos dejen de ser «sujetos sujetados», es decir, el trabajador social también tiene el poder-saber de hacer visible el régimen de verdad que se configura entre las instituciones y la vida social.

En el contexto de esas prácticas discursivas, en la relación sujeto-trabajador social, tradicionalmente se ha planteado que esta relación ha sido de subordinación. Esto es así en la medida en que se transfiere al trabajador social una fuerza —poder—, bajo la cual es él o ella quien tiene la posibilidad, capacidad de emitir un juicio, de establecer el o los problemas o la necesidad que tiene la persona —usuario-beneficiario de las políticas públicas— y sobre todo, también, es quien tiene el poder para establecer las causas y las posibles consecuencias de dicha situación. Esto lo hace bajo la figura del diagnóstico social, de la prognosis social, del plan de tratamiento. ^[10] En ese sentido, tiene el «poder» para determinar las prioridades sobre las cuales debe iniciar el «plan de tratamiento» que atenuará, corregirá o disminuirá el problema o la situación diagnosticada. ^[11] Tanto es así que el poder traspasa todos los aspectos y llega inclusive a determinar los procedimientos que se seguirán, los pasos por los que los sujetos trabajador social y usuario o beneficiario de políticas públicas deben seguir (ver anexos 1 y 2).

Es así como la intervención, asumida como una forma de poder, puede generar mecanismos de control, normalización y disciplinamiento, provocando subjetividades y ámbitos de saberes que se apoyan en el examen, en el juicio o concepto, ejerciendo una vigilancia permanente sobre los sujetos en quienes define un saber que le permite establecer qué es correcto y qué no lo es, qué se debe hacer, qué procedimiento seguir, qué pautas de comportamiento o de normalización deben asumir los sujetos. De esta manera, vemos cómo el trabajador social tiene —o le han transferido— el poder de hacer dictámenes, de consignar en un informe su decisión respecto de terminar o no el contrato laboral de un trabajador asalariado, o establecer la viabilidad para que un hijo sea retirado de su familia por considerar que aquella «vulnera los derechos del menor», o definir si un joven debe o no continuar en una institución por considerar que se encuentra en «conflicto con la ley», o si una familia tiene o no derecho a un subsidio, entre muchos otros casos.

Aquí vemos cómo la producción de poder se redirige hacia las prácticas sociales (discursivas y no discursivas). Por consiguiente, se puede decir que el discurso hegemónico de las ciencias sociales se ha traslado hasta llegar a considerarse de forma también hegemónica un discurso del trabajo social que establece unos enunciados que no son ni verdaderos ni falsos, pero que sí otorgan un «estatuto de verdad», un «estatuto de poder». Es este precisamente el que marca la tendencia de trabajo social como forma de poder que se hace necesario desmontar o reevaluar.

Retomando los elementos trabajados en el seminario Estado, poder y política desde una perspectiva foucaultiana, el profesor Giavedoni presentó algunos aspectos que denominó: «advertencias metodológicas para el análisis del poder» y que, para efectos de este escrito, considero conveniente recordar, con el fin de pensar en una intervención de trabajo social en este sentido:

· De la unidad del poder a su multiplicad concreta.

· De la construcción de soberanía a la construcción de sujetos.

· De la posición del poder al ejercicio del poder.

· Del análisis descendente del poder al ascendente.

· De la exterioridad a la inmanencia.

· Relación poder /saber.

· Poder y resistencias.

A partir de estos enunciados se puede plantear que las relaciones de poder, que se tejen en las prácticas discursivas de la intervención profesional, dejan de tener un carácter unidireccional y vertical para localizarse en una malla de relaciones de fuerzas que se tejen entre sí, y a partir de las cuales se establecen entre los diversos sujetos sociales (vale decir, trabajadores sociales y usuarios, beneficiarios de las políticas sociales) tensiones entre una y otro o de la una sobre la otra, lo cual hace que el trabajador social visualice el ejercicio del poder, que haga evidente la relación que se establece entre dos fuerzas o más, porque en esta malla de relaciones se tensionan allí también las fuerzas de la institución, de otros actores sociales (políticos, religiosos, jueces, etc.). Por ello, coincido con el profesor Giavedoni cuando establece que el poder se «constituye en una multiplicidad concreta» que se hace evidente en el espacio de la intervención del trabajo social.

A partir de estos entrecruzamientos se generan procesos constructores de sujetos sociales que también poseen un poder-saber, poder que se manifiesta a través de un acto de libertad expresado, en palabras de Foucault, como la capacidad de reacción o resistencia ante ese poder; permitiéndole al sujeto social dejar de ser un receptor pasivo para convertirse en un sujeto liberado, con voz, con argumentos, con capacidad de decisión; lo que le permite construirse como ser humano concordante con sus ideas, sus pensamientos, sus propios proyectos. Como lo plantea Deleuze, en referencia a la subjetividad foucaultiana, esta se da «como un tercer dominio, derivado del poder y el saber, pero independiente; un tercer dominio que es tanto condición de posibilidad del pensar como del resistir» (2008: 18). Tal es la perspectiva que asume del poder Foucault que podría ser pensada en la intervención del trabajo social, es decir, que el poder ya no se posee, sino que se circunscribe a los relacionamientos, y es allí donde se manifiesta. Por ello mismo, cuenta con una fuerza que se impone, que se resiste y que no se localiza en unas pocas personas, sino que se localiza como posesión, como saber y como capacidad en las prácticas locales relacionadas. Foucault plantea el poder presente en «nuestros cuerpos, nuestra existencia, nuestras vidas cotidianas» (1978: 70).

Dice Foucault, «el poder existe cuando es puesto en acción, no opera sobre los cuerpos, sino que los atraviesa, actúa sobre las acciones de los otros, […] el poder se ejerce….; es multidireccional» (en Dreyfus y Rabinov, 1988: 216). Por ello, tales acciones se convierten en formas de comportamiento de poder, poder que genera saber, porque el poder incita, induce, seduce, construye, permite, aprueba, niega, y, por ello mismo, genera una fuerza de reacción que lleva a la libertad, a lo que él denominó «prácticas de libertad»:

El problema de las relaciones existentes entre el sujeto y los juegos de verdad, yo lo había enfocado hasta entonces o bien a partir de prácticas coercitivas —tales como la psiquiatría y el sistema penitenciario—, bien bajo la forma de juegos teóricos o científicos —tales como el análisis de las riquezas, del lenguaje o del ser viviente—. Ahora bien, en mis cursos en el Colegio de Francia, he intentado captar este problema a través de lo que podría denominarse una práctica de sí mismo. (Foucault, 1996: 106)

Desde esta perspectiva, el trabajo social, como tendencia contemporánea, nos permite hoy por hoy pensar la intervención social como una forma de poder que soporte un análisis donde las relaciones de poder se configuran como una malla, como un rizoma en el que se trenza toda una relación de fuerzas que podría sintetizarse en tres aspectos que Foucault expresa respecto del poder, a saber:

1. El poder se ejerce, no se posee.

2. El poder no es primordialmente represivo, sino productivo.

3. El poder se analiza de abajo arriba (Haley, 2001: 67 citando a Sawicki, 1991).

A partir de lo anterior, si entendemos o consideramos el trabajo social como una práctica discursiva en la que el poder está presente, se hace necesario especular qué implica pensar un trabajo social desde esta perspectiva. Para ello, sería pertinente considerar algunos aspectos sobre los cuales giraría la intervención social. Es conveniente pensar en qué o de qué manera el trabajo social en la intervención podría generar «prácticas de libertad» en los sujetos para que ellos mismos dejen de ser objetos de intervención y sean sujetos que a partir de su propia capacidad diseñen su vida como quieran, es decir, para que los sujetos puedan diseñar su vida como una «obra de arte», sin que estén sometido a las fuerzas, la familia, el Estado, a la misma política social, es una búsqueda ética de la libertad del ser humano.

Esto implica generar nuevos significados tanto de la nominación que se da a los problemas sociales, como a los de los sujetos sociales. Lo que quiere decir que el trabajo social como una forma de poder, a partir de las prácticas de intervención, se desmonten significados de las categorías desde las cuales tradicionalmente el trabajo social ha hecho nominaciones: usuario, enfermo, víctima, victimario, pobre, excluido, objeto, sujeto. Asimismo, se busca que se superen los análisis dicotómicos en torno a los que tradicionalmente ha girado su ejercicio profesional, vale decir, teoría o práctica, asistencia social o intervención social, usuario o actor social, intervención social o acción colectiva, mantener el statu quo o transformarlo.

La intervención social es una forma que permitiría comprender cómo se conservan, cómo pueden cuestionarse las prácticas sociales discursivas y cómo se configura la malla de relaciones de poder que, en este contexto, se tejen; lo anterior es un saber que puede convertirse en una estrategia de libertad, de poder.

Cuando se define el ejercicio del poder como un modo de acción sobre las acciones de los otros, cuando se caracterizan esas acciones como el gobierno de los hombres por otros hombres —en el sentido más amplio del término— se incluye un elemento muy importante: la libertad. El poder solo se ejerce sobre sujetos libres, y solo en tanto ellos sean libres. Por esto, entendemos sujetos individuales o colectivos que están enfrentados a un campo de posibilidades en el cual diversas formas de comportarse, diversas reacciones y comportamientos pueden ser realizados. Cuando los factores determinantes saturan la totalidad, no hay relacionamientos de poder; la esclavitud no es una relación de poder en tanto los hombres están encadenados. (Foucault, 2002: 429)

En este sentido, las prácticas de libertad tienen una articulación profunda con la ética y con lo político, dado que implican un ejercicio reflexivo de las relaciones que se establecen entre sí mismo y con los otros, porque como lo plantea Foucault, «¿qué es la ética sino la práctica de la libertad, la práctica reflexiva, de la libertad?» (1996: 111). Ello implica que en los espacios de la intervención se gestionen relaciones de poder, de respeto por los demás y por uno mismo, donde el objetivo es el «bien de los otros» y de uno mismo a partir de prácticas de libertad. Porque, como lo expresa Toscano, «Foucault, nos enseña que la tarea no es ir directamente tras la destrucción de tales sujeciones sino ensayar con otras posibilidades, de practicar la libertad» (2008: 137).

A manera de conclusión podríamos entender, desde esta perspectiva, el trabajo social como un discurso revelador que sea asumido como una práctica política de libertad; una práctica social que manifieste una voluntad ética de poder propia; que busque o genere su propia metamorfosis y, con ello, revierta el orden del discurso para que, bien sea por voluntad propia y no por la sujeción de otras disciplinas, busque argumentos que la posicionen no como una disciplina ubicada y reconocida en el contexto de la sociedad del conocimiento, sino como un saber que tiene su propia capacidad de interlocución.

Es por ello válido pensar —proponer— que, desde esta perspectiva, sería interesante que en las escuelas de trabajo social nos preguntáramos: ¿cuáles relaciones de poder están presentes en las matrices teóricas en las que el trabajo social ha ubicado o sustentado tradicionalmente su saber o cómo están presentes esas relaciones en aquellas matrices?, ¿de qué manera los aportes del pensamiento de Michel Foucault permean y pueden llegar a trascender no solo la formación profesional, sino también la intervención profesional? En ese mismo sentido, sería interesante debatir cómo el sujeto social, es decir, la propia persona del trabajador social, llega a visualizarse como un «sujeto de poder» y no como un «sujeto sujetado» por el poder.

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Apéndices

Anexo 1

Estos documentos se pueden descargar en la página web del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Hospital y del Hospital de Usaquén Empresa Social del Estado

http://www.hospitalusaquen.gov.co/website/index.php/informacion-general/rutas-de-atencion

Apéndices

Anexo 2
Ejemplos de Ruta de Atención a Población según Campos de Acción

Estas guías de procedimientos son las que deben seguir tanto el trabajador social como el usuario para acceder a los servicios.

Fuente: Ministerio de Salud http://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/Victimas_ Afiliacion.aspx

Apéndices

Anexo 3
Ruta de Atención al usuario Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Notas