Paris - 2017

Johanna Orduz

El aprendizaje de la ciudadanía activa: reavivar entre los jóvenes el sentido de pertenencia a la sociedad en la que viven y la implicación a favor suya, constituye una tarea urgente para la cual una aproximación modernizada del concepto y de la práctica de la ciudadanía puede ofrecer una sólida base. (Comisión Europea, Benedicto y Morán, Los jóvenes, ciudadanos en proyecto)

1. Introducción

En el concierto de las ciencias sociales, desde los años cincuenta, se han encontrado en la noción de ciudadanía nombres centrales a la hora de tratar de entender los principios que rigen el funcionamiento de la vida social de las democracias. En ese contexto, se hace necesario pensar la teoría política de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, en tanto ocupa un lugar privilegiado que empezó a cobrar relevancia en los años noventa, en medio de una fuerte crisis de la izquierda internacional y de las críticas al capitalismo estilo Tatcher, y que precisamente se acude a ella para repensar la noción de ciudadanía, en la transición de finales del siglo XX y comienzos del XXI, marcada por diversas situaciones de orden social, político, económico y cultural.

La noción de ciudadanía se ha convertido en el término más usado por especialistas, técnicos, cientistas sociales y políticos para plantear discusiones sobre las formas de funcionamiento de la vida política como respuesta a los crecientes retos a los que se enfrentan las democracias en esta era global. En esa medida, la revisión de ciudadanía como producción discursiva relaciona la participación juvenil mediante prácticas articulatorias que hoy posibilitan a los jóvenes la conquista de espacios que con anterioridad les eran negados, una mirada que los concibe como ciudadanos, agentes y promotores de cambio.

En esa línea de análisis, los cientistas sociales resaltan la noción de ciudadanía ligada a la participación juvenil y a la agencia, definida por Touraine (1997), como:

[…] la capacidad… más referida a la transformación del sujeto en actor, proceso que describe como de subjetivación. Para que esto sea posible, es necesario recurrir a ciertas condiciones presentes en las experiencias de los sujetos, en sus historias personales que les ha permitido construir lazos de solidaridad y de comunidad. (Touraine 1997, citado por Gómez 2008, p. 20)

Ello involucra la capacidad de acción y organización de los jóvenes, concibiéndolos como actores sociales y gestores de sus propias vidas. Es esa capacidad de agencia la que permite a los jóvenes expresar sus formas, mecanismos de organización y participación, lo que los hace visibles en escenarios públicos y privados.

En efecto, los jóvenes a los que me refiero en el concierto de la participación ciudadana se organizan en torno a ciertos escenarios donde se ponen en juego sentimientos de afecto y amistad, que les permiten establecer lazos de solidaridad y también de identidad, que les sirven para establecer vínculos de reconocimiento y diferenciación dentro del colectivo (Delgado, 2009). En ese sentido coincide Maffesoli (1990), cuando define la conformación de los colectivos de jóvenes como «una comunidad de sentido emocional, donde se fundan experiencias intersubjetivas que posteriormente darán sentido a una organización más formal» (Maffesoli, 1990, citado por Gómez, 2011, p. 60).

En ese contexto es en el que se pretende abordar el hilo conductor del presente escrito, en el que se aborde de manera sintética la noción de ciudadanía en su contexto histórico y los postulados teóricos de la obra de Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, quienes delinean una teoría completamente nueva sobre las formas del actuar político y del orden social. Para pensar finalmente en esa capacidad de agencia, es decir, de la acción y organización, a través de la cual los jóvenes actúan como agentes y promotores de cambio. El pensamiento de Mouffe y Laclau es clave para pensar los procesos mediante los cuales los jóvenes han venido ganando ciertos espacios que, desde la organización y la participación, los articulan a los ejercicios de ciudadanía en sus territorios.

2. Acercamiento al discurso de Chantal Mouffe y Ernesto Laclau

Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, en su teoría política, se han preocupado por explicar desde los contextos actuales la comprensión de los modos o lógicas de construir «lo político» y lo social. Así, Mouffe, en su obra en torno a lo político argumenta:

[…] «la política» se refiere al nivel «óntico», mientras que «lo político» tiene que ver con el nivel «ontológico». Esto signigica que lo óntico tiene que ver con la multitud de prácticas de la política convencional, mientras que lo ontológico tiene que ver con el modo mismo en que se instituye la sociedad… Concibo «lo político» como la dimensión de antagonismo que considero constitutiva de las sociedades humanas, mientras que entiendo a «la política», como el conjunto de prácticas e instituciones a través de las cuales se crea un determinado orden, organizando la coexistencia humana en el contexto de la conflictividad derivada de lo político. (2011, pp. 15-16)

Mouffe diferencia a «la política», como «prácticas ónticas de la acción política convencional y gubernamental; de «lo político» como dimensión ontológica, que hace referencia al proceso de institución discursiva de la comunidad» (Laclau, citado por Quiroga, 2014, p. 82). La distinción señalada es descrita con mayor profundidad por Chantal Mouffe, en «El retorno de lo político», en donde afirma que «lo político» esta relacionado con:

[…] la dimensión de antagonismo y de hostilidad que existe en las relaciones humanas, antagonismo que se manifiesta como diversidad de las relaciones sociales, y «la política», que apunta a establecer un orden, a organizar la coexistencia humana en condiciones que son siempre conflictivas, pues están atravesadas por «lo» político. […] la política consiste siempre en «domesticar» la hostilidad y en tratar de neutralizar el antagonismo potencial que acompaña toda construcción de identidades colectivas. El objetivo de una política democrática no reside en eliminar las pasiones ni en relegarlas a la esfera privada, sino en movilizarlas y ponerlas en escena de acuerdo con los dispositivos agonísticos que favorecen el respeto del pluralismo. (1999, p. 14)

En ese orden de ideas, se puede resaltar el plateamiento de Laclau y Mouffe acerca de la construcción de la realidad social de manera discursiva, y en esa medida las identidades sociales surgen como producto de procesos de identificación y elaboración discursiva. Laclau en la Razón Populista (2014) expresa que el discurso:

[…] constituye el terreno primario de la constitución de la objetividad... [no se restringe] a las áreas del habla y la escritura, como hemos aclarado varias veces, sino un complejo de elementos en el cual las relaciones juegan un rol constitutivo. Esto significa que esos elementos no son preexistentes al complejo relacional, sino que se constituyen a través de él. Por lo tanto, «relación» y «objetividad» son sinónimos. Saussure afirma que en el lenguaje no existen términos positivos, sino solo diferencias: algo es lo que es solo a través de sus relaciones diferenciales con algo diferente. Y lo que es cierto del lenguaje concebido en sentido estricto, tambien es cierto de cualquier elemento significativo (es decir, objetivo): una acción es lo que es solo a través de sus diferencias con otras acciones posibles y con otros elementos significativos –palabras o acciones– que pueden ser sucesivos o simultáneos. (Laclau, 2014, p. 92)

Desde la misma perspectiva del discurso de Laclau, Virginia Quiroga lo explica como: «una práctica productora de sentido, irreductible a la lengua y a la palabra, una forma estructurante frente al sujeto […que], ubica a lo “exterior” al discurso como constitutivo de él» (Quiroga, 2014, 82).

La concepción discursiva de la realidad social y política, en clave laclauniana, habilita un complejo de elementos en que las relaciones desempeñan un rol constitutivo: «Esto significa que esos elementos no son preexistentes al complejo relacional, sino que se constituyen a través de él» (Laclau, 2005, citado por Quiroga, 2014, p. 86). En esta medida, conceptos como identidad, ciudadanía, participación y sujeto político se entienden como efectos del discurso. El sujeto se constituye como actor en la medida en que los elementos de su discurso entran en juego con el complejo relacional de los poderes y las instituciones en las cuales se desarrolla su vida social. En esa medida, el discurso se convierte en un elemento determinante de las acciones sociales.

David Howarth, estudioso de las obras de estos dos teóricos políticos, extiende la teoría del discurso a todas las prácticas y relaciones sociales. Desde esa visión afirma que el discurso «…no se limita a los fenómenos lingüísticos, sino que comprende las relaciones entre objetos y prácticas significantes, que constituyen las identidades de los actores sociales» (Howarth, 2000, 101; Howarth y Stavrakakis, 2000, 4 citados por Howarth, 1995, p. 160). Howarth afirma:

Lo que hacen Laclau y Mouffe es deconstruir la distinción entre prácticas discursivas y no discursivas, insistiendo en que la materialidad de los objetos carece de un significado fuera del discurso (1985, 106-108). Estos autores afirman que los discursos se estructuran como sistemas relacionales, donde los distintos elementos se acomodan como «momentos» de ese sistema. El significado de las relaciones, las identidades y los objetos se «fija» por medio de prácticas articulatorias. (Howarth, 1995, p. 160)

En síntesis, Howarth (1995) asume el planteamiento de Laclau y Mouffe, para expresar cómo los discursos estructuran sistemas relacionales que se enlazan con prácticas articulatorias, que a su vez, retoman y permiten dar lectura a los contextos en los que se producen, otorgan significado a las relaciones, las identidades y los objetos.

Ahora bien, al abordar lo social y continuando con el pensamiento de Laclau y Mouffe, en el nivel de las categorías como hegemonía y articulación, el acercamiento de Martín Retamozo (2011) presenta a la hegemonía como otra referencia clave en el pensamiento de estos dos autores para pensar las prácticas articulatorias. En ese sentido, Laclau y Mouffe, en el capítulo de Hegemonía y estrategía socialista, afirman que «más allá de la positividad de lo social: antagonismo y hegemonía» (2015, p. 129) manifiestan que «el concepto de hegemonía supone un campo teórico dominado por la categoría de articulación, que supone la posibilidad de especificar separadamente la identidad de los elementos articulados» (Laclau y Mouffe, 2015, p. 129). En esa perspectiva expresan:

[…] llamaremos articulación a toda práctica que establece una relación tal entre elementos, que la identidad de estos resulta modificada como resultado de esa práctica. A la totalidad estructurada resultante de la práctica articulatoria la llamaremos discurso. Llamaremos momentos a las posiciones diferenciales, en tanto aparecen articuladas en el interior de un discurso. Llamaremos, por el contrario, elemento a toda diferencia que no se articula discursivamente. (Laclau y Mouffe, 2015, p. 129)

La hegemonía en términos de Laclau y Mouffe permite entender la construcción simbólica del poder, en sus imaginarios sociales, en tanto esta proyecta relaciones de fuerza. Siendo así, «surge como una nueva lógica de constitución de lo social que recompone, a un nivel distinto del postulado por la tradición marxista, los fragmentos sociales, dislocados y dispersos por esa desigualdad del desarrollo» (Laclau y Mouffe, 1985, p. 5).

Vista de esa manera, el surgimiento de la hegemonía, no se liga a ninguna «ley necesaria de la historia», solo puede ser concebida sobre la base de una crítica a toda perspectiva esencialista acerca de la constitución de las identidades colectivas. La hegemonía conlleva una lógica de lo social que debe ser considerada como una relación que va más alla de ser complementaria de las categorías marxistas. En efecto, Laclau y Mouffe (1985) sustentan lo anterior aduciendo que:

[…] Frente al racionalismo del marxismo clásico, que presentaba a la historia y a la sociedad como totalidades inteligibles, constituidas en torno a «leyes» conceptualmente explicitables, la lógica de la hegemonía se presentó desde el comienzo como una operación suplementaria y contingente, requerida por los desajustes coyunturales respecto a un paradigma evolutivo cuya validez esencial o «morfológica» no era en ningún momento cuestionada. (Laclau y Mouffe, 1985, p. 11)

En su tesis, Laclau y Mouffe van más allá porque si bien hacen una lectura juiciosa y cuidadosa a cada uno de los fundamentos expuestos en su teoría política y la manera de estudiarla y concebirla, va a romper con lo que históricamente se discutió en su base. Es decir, van a ubicar un terreno denominado por ellos como «posmarxista», porque:

Ni la concepción de la subjetividad y de las clases que el marxismo elaborara, ni su visión del curso histórico del desarrollo capitalista, ni, desde luego, la concepción del comunismo como sociedad transparente de la que habrían desaparecido los antagonismos, pueden seguirse manteniendo hoy. Pero si nuestro proyecto intelectual en este libro es posmarxista, está claro que él es también posmarxista. (Laclau y Mouffe, 1985, p. 13)

La cuestión de la hegemonía lleva implícita la expansión y determinación de la lógica social que provee un anclaje para pensar y explicar las luchas sociales contemporáneas desde su especificidad y tal como lo expresan sus autores, permite delinear una nueva política cuya base se asiente en la radicalización de la democracia. Es a partir de intuiciones, pero también de ciertas formas discursivas contempladas dentro del marxismo que Laclau y Mouffe construyen la noción de hegemonía, útil para estudiar y analizar «la lucha por una democracia radicalizada, libertaria y plural» (Laclau y Mouffe, 1985, p. 13). En este punto, vale la pena resaltar la aclaración que hacen Laclau y Mouffe en relación con el acercamiento a las bases y textos marxistas. Su argumentación se constituye en:

un intento de rescatar su pluralidad, las numerosas secuencias discursivas —en buena medida heterogéneas y contradictorias— que constituyen su trama y su riqueza, y que son la garantía de su perduración como punto de referencia del análisis político. La superación de una gran tradición intelectual nunca tiene lugar bajo la forma súbita de un colapso… Este es el modo en que aquellos discursos que constituyeron el campo del marxismo clásico pueden contribuir a la formación del pensamiento de una nueva izquierda… (Laclau y Mouffe, 1985, p. 14)

Desde esa perspectiva, la hegemonía surge en un contexto, descrito por sus precursores, como una necesidad que se crea para:

llenar un hiato que se había abierto en la cadena de la necesidad histórica. «Hegemonía» hará alusión a una totalidad ausente y a los diversos intentos de recomposición y rearticulación que, superando esta ausencia originaria, permitieran dar un sentido a las luchas y dotar a las fuerzas históricas de una positividad plena. Los contextos de aparición del concepto serán los contextos de una falla (en el sentido geológico), de una grieta que era necesario colmar, de una contingencia que era necesario superar. La «hegemonía» no será el despliegue majestuoso de una identidad, sino la respuesta a una crisis. (Laclau y Mouffe, 1985, p. 15)

En la nueva lógica articulatoria y recompositiva de la hegemonía, se identifica un punto de vista que puede ser percibido como emergencia y expansión, «supone el carácter incompleto y abierto de lo social, que solo puede constituirse en un campo dominado por prácticas articulatorias» (Laclau y Mouffe, 1985, p. 229).

Dentro de este carácter abierto que implica la identidad, Gadea, al estudiar el pensamiento político de Laclau, resalta la importancia de la hegemonía política en la formación de la identidad social, en el sentido en el que manifiesta que no es posible separar el proceso de la conformación de las «identidades sociales del proceso de configuración del poder social» (Gadea, 2008, p. 13).

Lo que nos interesa del planteamiento del citado autor, es el sentido de afirmar que la constitución de las identidades sociales y la configuración del concepto de hegemonía recorren un camino en común, el que se comprende mediante tres momentos centrales: «determinado por un sistema de diferencias, […] el de la dislocación [y] de la cadena de equivalencias» (Gadea, 2008, p. 14).

El primer momento, explica Gadea, corresponde a esa fijación de posiciones, de roles de expectativas o de conductas, que van a marcar pautas de comportamiento en los distintos grupos o agentes estudiados. Tales diferencias, entre los grupos o agentes sociales, se constituyen en la formación de un orden estable de diferencias aceptadas por los grupos participantes y que, por lo general, provienen de movimientos sociales que han dejado en el camino luchas, triunfos y derrotas que provocan identidad y un sentido de cohesión que los lleva a un estadio aparente de estabilidad y permanencia.

Gadea retoma de Laclau el momento de la dislocasión, para hacer referencia a la explicación de la incapacidad de establecer con éxito la fijación de la identidad y del orden social y explica que ello se genera en atención a la existencia de un exterior constitutivo, es decir, plantea la existencia de un:

Otro que pone en peligro la conformación de tal identidad fija o estable… [argumenta] que las identidades están sujetas a la situación de desestabilización y cambio radical. La dualidad entre lo estable y lo inestable es algo que pertenece a la esfera de la configuración de la identidad. (Gadea, 2008, p. 14)

De ahí que el autor considere que el camino que transitan las identidades sociales y la hegemonía se encuentran marcado, en sus inicios, por la ambigüedad, la indecisión y la inestabilidad propia de un grupo que recién se conforma. Este aspecto permite pensar que tanto el poder como la identidad no pertenecen enteramente al terreno específico de la diferencia ni al orden de la unidad, lo cual los ubica en el plano de los pluralismos. Lo anterior lleva a concebir que «tanto la identidad como las distintas prácticas hegemónicas descansan sobre elementos disímiles o heterogéneos, que tienden a articularse solo como “momentos” que no son permanentes» (Gadea, 2008, p. 15).

En ese contexto, la hegemonía desde su concepción histórica, aporta elementos para pensar en los procesos que a nivel de ciudadanía han librado los jóvenes. Al mejor estilo de la «hegemonía», los jóvenes asumen la participación y las prácticas articulatorias en correspondencia con un tipo de organización y el trabajo en colectivos deslegitimando esa mirada peyorativa que solo los ve como un problema.

En ese sentido, se concuerda con lo expresado por José R. Castillo, que, al referirse a la ciudadanía, expresa que se «trata de una construcción histórica, [… donde] las prácticas de ciudadanía, dependen de los contextos económicos, sociales y culturales que enmarcan la vida de las sociedades donde se vivencia» (Castillo, 2006a, p. 76). Por lo tanto, los jóvenes desde el mismo contexto en el que se han visto inmersos, se han venido formando como ciudadanos, de allí la importancia de la década de los noventa en los procesos que se realizaron desde la educación básica y secundaria, en el sentido en el que se han venido formando a los jóvenes para que asuman tal condición.

3. La noción de ciudadanía en el devenir histórico

Históricamente la noción de ciudadanía se ha ido transformando de acuerdo con las diferentes formaciones sociales, en tanto se trata de una noción que se encuentra íntimamente relacionada con las distintas formas de organización humana y que, con el tiempo, se han ido modificando por el contexto histórico, político, social y cultural en el que se las estudie. En este sentido, se identifica que, si bien la ciudadanía es característica de la modernidad, su origen se remonta al legado histórico de la época grecorromana en la que la condición de ciudadano se reducía a un círculo limitado de personas libres con la posibilidad de ocuparse de los asuntos públicos; en la Edad Media adquiere una connotación que va a estar muy articulada a la idea de la persona, cumpliendo unos roles en un espacio social y geográfico determinado.

Es así que resulta importante la cita de Periseé, fundamentado en François Dubet (2003): sostiene que «no hay una sola ciudadanía; esta cambia según las épocas, los países y las tradiciones y sobre todo, no es homogénea y abarca varias dimensiones más o menos contradictorias entre sí» (Dubet, 2003, citado por Periseé, p. 2010).

El trasegar histórico posibilita identificar dos lecturas en la noción de ciudadanía. Una mediada por el presente y la otra lo que por ella se entendía en la Antigüedad, identificando que provienen de sectores sociales y políticos disímiles e interesados en imponer modelos de ciudadania. En ese sentido, Periseé (2010) fundamentado en «Landau [concibe a] la ciudadanía como una construcción, […] que remite a un proceso histórico, […y en el que advierte que] en ningún momento la ciudadanía puede pensarse como algo por fuera de las relaciones históricas» (Periseé, 2010, p. 3).

La importancia del planteamiento de Agustín Perissé, radica en que le adjudica a la noción de ciudadanía, un proceso de permanente construcción, que adquiere una connotación acorde al contexto histórico, social, cultural y político que influye en la construcción de los roles desempeñados por las personas en un contexto social específico.

La afirmación que hace Perissé, es significativa porque señala y establece modelos de ciudadanía. Estos modelos están directamente relacionados con el tipo de régimen en el que los ciudadanos cumplen unos papeles. Así, por ejemplo, en el modelo aristocrático de ciudadanía de la antigua Grecia, los ciudadanos eran un sector muy reducido en el que esclavos y extranjeros estaban excluídos de tal condición. Los ciudadanos, según Aristóteles, se definían por su participación en los asuntos relacionados con la justicia y el gobierno. De ahí que José R. Castillo G. (2006b)[3] afirme que la ciudadanía ha estado articulada a los asuntos de la política, desde su mismo origen en la época antígua, en la que, además, se expresaba el interés por el beneficio de los demás, legado que primó en los orígenes del término.

Ahora bien, en la línea del tiempo que pasa por la Edad Media, el autor citado, identifica, entre otros acontecimientos, el advenimiento de las cruzadas, que no solo trajeron consigo confrontaciones bélicas, sino también la aparición de una clase: los comerciantes, que paulatinamente fueron adquiriendo cierta importancia social que los llevó a su reconocimiento por parte de los gobernantes y con ello a la posibilidad de adquirir la condición de ciudadanos.

Con el período renacentista, la ciudadanía se relaciona con la idea de garantía de los derechos y en palabras de Castillo: reduce la exclusión preocupándose «por ampliar el número de personas que [acceden] a los beneficios que brinda la participación en la vida de la sociedad» (Castillo, 2006b, p. 45).

En la misma línea de tiempo, Castillo relaciona la ciudadanía en la modernidad, y señala a esta época como aquella que marca una diferencia conceptual con relación al ser humano y el ciudadano y, en ese sentido, retomo sus palabras sobre el sujeto de la función social, aspecto que va a ser ilustrado de la siguiente manera:

En esta época, el sujeto social obtiene la titularidad de ciudadano, a partir de la denominada igualdad ante la ley, de lo cual derivan asuntos como la igualdad de participación, la igualdad de oportunidades y la delimitación de un territorio común, con base en el cual se establece el status social. (Castillo, 2006b, p. 45)

La ciudadanía, entonces, puede considerarse como producto de la construcción histórico- social queademás está articulada a los contextos específicos en los cuales se produce su análisis. Su concepción evoluciona en el tiempo y se permea por las transformaciones sociales. Periseé (2010) señala como.

[…] momento clave la estructuración en occidente, luego de las crisis de 1929 y las guerras mundiales del denominado «capitalismo benefactor» o «estado de bienestar». Un teórico muy importante que trabajó el tema de la ciudadanía de esta etapa va a ser Thomas H. Marshall, que en 1949 va a realizar una temporización de la ciudadanía como un proceso de adquisición de derechos por el cual […,] primero se habrían adquirido los derechos civiles, luego, los derechos políticos, y el siglo XX sería la etapa de ampliación de la ciudadanía hacia los derechos sociales. Para este autor la ciudadanía es «una condición otorgada a aquellos que son miembros plenos de una comunidad. Todos los que poseen la condición son iguales con respecto a los derechos y deberes de que está dotada esa condición»[4]. (Marshall y Bottomore, 2005, citados por Periseé, 2010, p. 8)

Se incorporan los derechos sociales a la noción de ciudadanía y son los que imperan durante el siglo XX, en el que, a la literatura existente, Periseé, fundamentado en las consideraciones de Francesc Pedró, le articula las siguientes dimensiones básicas:

• Ciudadanía como estatus legal: en este caso, se refiere esencialmente a los derechos de ciudadanía y, de forma secundaria, a los deberes. Esta es considerada, con razón, la dimensión pasiva de la ciudadanía.

• Ciudadanía como identidad política: esta es la dimensión de pertenencia a una comunidad política, típicamente, pero no, necesariamente, a un estado nación o a un estado basado en una comunidad política…

• Ciudadanía como participación: se trata de la dimensión activa por excelencia de la ciudadanía, en tanto que concierne a la implicación activa y la participación directa en la vida de la comunidad… (Francesc Pedró, citado por Periseé, 2010, p. 8)

De lo anterior, se desprenden entonces, unos tipos de ciudadanía en los que ya no se trata solo de la ciudadanía formal, de ejercer el derecho al voto que para Colombia es desde los 18 años, sino que reciben importancia las prácticas sociales producidas entre el Estado y los actores sociales mediante las cuales cobra significado la ciudadanía. En estos tipos de ciudadaníalo social, lo cultural y otras dimensiones, posibilitan unas maneras diferentes de ejercerla y en las que, la ciudadanía como categoría en construcción, asume una relación directa con los agentes sociales que son influenciados por un exterior constitutivo.

Ahora bien, la concepción de ciudadanía, analizada desde la perspectiva de Chantal Mouffe y Ernesto Laclau cobra importancia, en tanto en su construcción involucran la presencia de valores ético-políticos de libertad e igualdad, que imperan en la democracia liberal. En esa perspectiva, extienden lo político a todas las esferas de la vida humana y se aproximan a una teoría de lo social alejada de una visión economicista (como ellos lo explican en sus diferentes obras). Tal distanciamiento lo hacen fundamentados en el planteamiento del método deconstructivo de Derrida, a partir del cual pueden erigir su teoría de la hegemonía, que los lleva a plantear el distanciamiento con la obra de Marx.

4. La noción de ciudadanía vista desde la perspectiva de Mouffe y Laclau

El acercamiento a la noción de ciudadanía retoma los principios de libertad e igualdad, que se contemplan en el planteamiento de Chantal Mouffe, quien la entiende como «una forma de identidad política creada a través de la identificación con los principios políticos de la democracia pluralista moderna…» (Mouffe, 1999, p. 139) citados con anterioridad. En ese sentido, Ángel Salas (2003), en la reseña de El retorno de lo político: comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical, de Chantal Mouffe, expresa que:

Mouffe se percata que uno de los problemas de la democracia es el relativo a la conformación de la ciudadanía basada en la construcción de identidades políticas; pues lo que se designa como ciudadanía está determinado, en buena medida, por el tipo de sociedad y afinidades políticas prevalecientes. Para la autora, la solución no consiste en el predominio de alguna de las posiciones (liberal o comunitaria), sino en «inspirarse en ambas y en tratar de combinar sus instituciones en una nueva concepción de ciudadanía, adecuada a un proyecto de democracia radical y plural». (Mouffe, 1999, citada por Salas, 2003, p. 91)

La democracia radical desde la perspectiva de Mouffe, hace énfasis en múltiples relaciones sociales en las que se presentan relaciones de dominación frente a las que es necesario luchar si se quieren aplicar los principios de igualdad y de libertad (Mouffe, 1999). El planteamiento en torno al proyecto de democracia radical y plural, en términos de la autora, significa la lucha por establecer una nueva hegemonía; es decir, le atribuye a la filosofía política democrática radical la intencionalidad de profundizar en lo que ella ha denominado la revolución democrática en el que se radicalizan valores de libertad e igualdad para dar sentido a las luchas sociales que se ejercen contra la dominación. En ese sentido, la importancia de la teoría de Mouffe radica en la interpretación de la democracia radical haciendo énfasis en la construcción de una identidad democrática-radical hacia un «nosotros» necesario para actuar en política y transformar la realidad.

Lo anterior lleva a Mouffe a explicar, en sus diversas obras, que su preocupación radica en la idea central sobre «el pluralismo y el conflicto» como aspectos específicos de la democracia moderna, punto de partida a partir del cual construye todo su argumento. Para ello, parte de diferenciar «la política» y «lo político». Al respecto, Ramos y Silva resaltan que Mouffe entiende la ciudadanía no encarnada

[…] en sujetos políticos que no pueden ser concebidos como personas pre-constituidas y con obligaciones y derechos pre-determinados, sino que la ciudadanía es un espacio político de identificación de valores ético-políticos en que se constituyen dichas personas como sujetos al igual que sus demandas en el proceso de creación e interacción de sus propias identidades. Concepción dada sobre una racionalidad práctica de democracia radical. (Ramos y Silva, 2013, p. 1)

El énfasis en el estatus legal, mediante el que los individuos adquieren derechos civiles, políticos y sociales, es una característica de la ciudadanía que, a su vez, la articula con la noción de participación. De ello se comprende el planteamiento que los ciudadanos son libres e iguales y, por tanto, se encuentran obligados no solo a defender sus derechos, sino a «promover su interés y bienestar propio dentro de ciertos límites impuestos por los principios de justicia, los cuales actúan como marco para la regulación social y exigen el respeto a los derechos de los demás» (Mouffe, 1999, citada por Henao y Pinilla, 2009, p. 1412). De ahí se entiende el planteamiento de Mouffe, cuando sostiene que al Estado, desde la tradición liberal, le confiere el papel de garante de tales derechos para asegurar un tratamiento de iguales a todos los miembros dentro de la sociedad.

Mouffe acude a John Rawls para explicar el concepto de ciudadanía, que:

[…] propone representar a los ciudadanos de una democracia constitucional en términos de igualdad de derechos expresada en sus dos principios de justicia. Sostiene este autor que una vez que los ciudadanos se ven a sí mismos como personas libres e iguales, deberían reconocer que para perseguir sus respectivas concepciones del bien necesitan los mismos bienes primarios –esto es, los mismos derechos, libertades y oportunidades básicos–, así como los mismos medios aptos para todos los fines, como el ingreso y la riqueza, y las mismas bases sociales de autorrespeto. Por esta razón, tienen que concordar en una concepción política de justicia que establece que «todos los bienes primarios sociales –libertad y oportunidad, ingreso y riqueza y las bases de autorrespeto– deben distribuirse por igual, a menos que una distribución desigual de cualquiera de esos bienes redunde en provecho de los menos favorecidos». (Rawls, 1971, citado por Mouffe, 1999, p. 90)

Mouffe (1999) considera que la ciudadanía debe estudiarse desde la posición de un sujeto en la sociedad, donde los individuos no estén atados solo por un solo lazo de solidaridad, en tanto lo que une a los individuos es su reconocimiento con un conjunto de valores ético-políticos, que deben respetarse para asegurar la continuidad del contrato social. Visto de este modo, la noción de ciudadanía permite proyectarse con miras a postular una revalorización de las y los ciudadanos en el compromiso con lo público y lo colectivo, de cara al contexto en el cual se encuentran inmersos.

Así, la ciudadanía:

[…] ya no es una identidad entre otras…, sino un principio articulador de las diferentes posiciones subjetivas. Permite la pluralidad de alegatos específicos y el respeto a la libertad individual, en un marco de acuerdo con las normas democráticas. (Mouffe 1992, 235, citada por Monsiváis, 2002, p. 165)

En definitiva y retomando los aspectos señalados con anterioridad, la visión de Chantal Mouffe interpretada por Monsisváis, deja a la vista una noción de ciudadanía como principio articulador. Que llevada al plano del trabajo de profesionales de ciencias sociales que registran experiencias con los jóvenes e incluso las mismas organizaciones juveniles, señalan una articulación de esta con la participación juvenil. En el sentido en que permite reconocer que los jóvenes, en la sociedad, asumen diferentes roles y posiciones y que desde sus acciones colectivas, han luchado por la conquista de unos espacios de participación que en la actualidad, permiten una mirada como agentes y promotores de cambio a la cual se hacía referencia al inicio de este texto.

Los planteamientos teóricos anteriormente señalados permiten afirmar que los jóvenes construyen su ciudadanía de manera permanente y acorde al contexto social, cultural, geográfico y político y en relación con las prácticas articulatorias que las relacionan con la participación juvenil. Igualmente pensarlos desde la noción de hegemonía, como categoría central en el pensamiento político de Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, permite hacer visibles aquellas fuerzas y tensiones que se presentan en un espacio en particular, en donde son agenciadas por los jóvenes y en las que surge como elemento de análisis otro orden, en el que el aspecto social también se conquista y que en ese sentido los espacios de participación se asumen como una forma a partir de la cual viven su ciudadanía.

Por ello resulta clave en este nivel del texto, revisar la participación juvenil como un elemento ligado a la noción de ciudadanía, aspecto que permite apreciarlos como protagonistas en las esferas privada y pública, desde una lectura más en clave de su capacidad de agencia que los muestra ocupándose de los asuntos de su territorio, al tiempo que deciden sobre el curso de sus propias vidas.

5. La participación juvenil: una forma de construir ciudadanía en clave de Mouffe y Laclau

La participación ha sido un tema ampliamente abordado por diferentes disciplinas en el campo de la investigacion social incorporándose a su vez en el discurso del diseño de políticas públicas. En los niveles local y nacional en ello se evidencia la preocupación por la participación de los jóvenes, tema que se convierte en una constante en los tramos de la historia de finales del siglo XX e inicios del XXI.

En particular para Colombia, la década de los noventa marcó un hito en el desarrollo de los procesos investigativos en los que, por un lado, se aportó para la construcción de la primera política pública de juventud y por otro, se identificó la atención, la prevención y la promoción como acciones que debían ser dirigidas a los jóvenes. En tanto ellos para ese momento se hicieron visibles en categorías que los relacionaron con el riesgo y el peligro social.

Pero más allá de tal concepción, de la que nos queremos alejar y a la que efectivamente los estudios e investigaciones sociales irrumpieron con fuerza en la década de los noventa, la mirada a los jóvenes se hizo desde las diversas acciones que éstos asumieron frente a la sociedad. Se resalta, entonces, la categoría de agencia a partir de la cual se constituyen ante la sociedad ya no desde el riesgo y el peligro social, sino como promotores y agentes de cambio. Y acá, me permito identificar el movimiento liderado por un sector de esta población que promocionó el movimiento de la séptima papeleta, proceso que siguió su curso democrático y jurídico logrando la creación de una Asamblea Nacional Constituyente yluego la expedición de la Constitución Política de Colombia de 1991, que en algunos de sus artículos, asumió ciertos compromisos con este sector de la población.

En efecto, conviene resaltar el viraje en la carta política, que abrió la puerta a procesos de participación a todos los sectores de la población y sentó las bases de unos procesos y mecanismos de participación que van a trascender a todos los campos en los que se trabaja con esta población. En sentido estricto la reforma constitucional de 1991, marcó un derrotero para la democracia en Colombia, ya que precisa el soporte para la instauración de un Estado Social de Derecho y su paso hacia mecanismos de participación más abiertos que en cierta medida posibilitan el fortalecimiento de la sociedad civil de cara a los asuntos que tienen que ver con la construcción de lo público.

La década de los noventa trajo consigo, en materia de juventud, cambios importantes en tanto la misma carta política dio prioridad al cumplimiento de compromisos asumidos en ella para este sector de la población. Es así como se identifica, desde el artículo 41, la generación de estrategias orientadas a la promoción de una cultura en la cual los estudiantes de educación media se formen en procesos relacionados con la participación ciudadana. Aspecto que bien señala José Rubén Castillo y otros (2006a), en los resultados de su investigación, que dentro de las estrategias del gobierno nacional, contenidas en la constitución de 1991, se acudió a la formación de los estudiantes de un espíritu democrático, característica susceptible de observar en diversas leyes y decretos que se promulgaron desde esa época.

Una de estas leyes es la Ley General de educación de 1994 que, en el nivel del Plan decenal, se plantea como metas la promoción en las instituciones escolares de espacios para el debate y la participación de todos los miembros de la comunidad, la conformación de los gobiernos escolares y, previo a ello, la conformación de manuales de convivencia democrática que orientaran a la comunidad educativa en torno a la resolución pacífica de los conflictos, al tiempo que se dirigieron sus esfuerzos a la preparación de los estudiantes sobre asuntos relacionados con la constitución política y el fomento de la participación ciudadana. Respecto a lo anterior, Castillo y otros (2006a) señalan:

Otro campo en el cual se ha incursionado y que se ha evidenciado, en el país, tiene que ver con la implementación de diferentes programas tendientes a formar a los estudiantes en las denominadas competencias para la vida democrática, de tal manera que estas contribuyan a resolver las dificultades de convivencia que se presentan en la sociedad colombiana… (Castillo y otros, 2006a, p. 42)

En ese horizonte, el sector de la educación en ela stablecimientos públicos y privados llevó a cabo los procesos de formación en ciudadanía durante los años noventa, procesos que han permitido su visibilización y, desde luego, su participación en las situaciones que atañen a la dinámica juvenil en los espacios geográficos en los que estos se desarrollan y desde las necesidades que enfrentan en la realidad social en la cual se encuentran insertos.

Desde el marco normativo, se resalta la Ley 375 de 1997 (Ley de Juventud), la cual atiende el compromiso asumido con los jóvenes en la carta política de 1991, que en materia de participación, involucró instancias formales que si bien incentivaron una cultura de participación ciudadana, después de diez años no fueron reglamentadas. Aspecto este que abrió la puerta a un movimiento ciudadano juvenil que irrumpió en la escena democrática para plantear acciones dirigidas al Estado y la sociedad civil, para generar condiciones para que, la juventud pueda ejercer su ciudadanía con proyectos de vida individual y colectivos.

Con posterioridad en el año 2013 se construye el estatuto de ciudadanía juvenil, que contempla dos alas bastante diferenciadas de la participación en su componente ciudadano y político. Por un lado, reúne los mecanismos formales de participación en los que se identifica la participación formal mediante los consejos de juventud y, de otro lado, los de participación no convencional, que le dan cabida a esas expresiones de participación menos formal a través de las asambleas juveniles o las plataformas de juventud, recogiendo los procesos reales de los jóvenes que no quieren vincularse a mecanismos de participación formal, en tanto consideran que los encasillan y los obligan a adoptar la rigidez de los procesos formales de participación.

La participación se convierte en un baluarte para los procesos que se desarrollan en el marco del cumplimiento de lo consagrado en la Carta Política y que llevan a fortalecer las actividades realizadas en los campos de intervención de las ciencias sociales que dirigen sus acciones a y con jóvenes. Sobresalen las acciones realizadas en el ámbito de la educación en establecimientos educativos con la conformación de gobiernos escolares, los procesos democráticos de elección de Consejos Locales de Juventud y de Plataformas de representación juvenil; otros procesos de organización y participación que se distancian de las actividades institucionales pero que los jóvenes han venido legitimando como espacios válidos de exigencia de derechos.

Visto de esta manera, la participación se identifica como una categoría que no es autónoma per se, y que, por tanto, para comprenderla, es necesario abordarla tangencialmente en relación con categorías vecinales como las de ciudadanía, sociedad civil y democracia.

En relación con la ciudadanía, Mouffe considera que esta debe ser analizada y estudiada desde las transformaciones sociales contemporáneas que trajo consigo la modernidad. En ese sentido, Ramos y Silva se fundamentan en el planteamiento de Mouffe y hacen extensiva la noción de ciudadanía como «un espacio político de identificación de valores ético-políticos en que se constituyen dichas personas como sujetos al igual que sus demandas en el proceso de creación e interacción de sus propias identidades» (Ramos y Silva, 2013, p. 1).

Así, la participación, y específicamente la participación política, establece una articulación con la noción de ciudadanía y esta con la sociedad civil y la democracia, con lo que se encuentra sentido a lo expresado por Escobar, Granada y Osorio en la tesis «Fortalecimiento de la democracia y la participación juvenil en el instituto de educación continuada para adultos confamiliares», en la que al hacer referencia a la articulación entre ciudadanía y participación, acuden al planteamiento de Guillermo Hoyos, quien a su vez, afirma que «la democracia participativa es a la vez vida de la sociedad civil, al reconstruir la solidaridad en actitud pluralista, y procedimiento para llegar libremente a consensos y disensos de relevancia política» (Hoyos en Escobar; Granada y Osorio, 2006, p. 34).

El planteamiento anterior es importante en tanto la relación participación, ciudadanía, sociedad civil y democracia se objetiva a través de los procesos que adelantan los jóvenes en sus territorios mediante actividades democrático-participativas que, con énfasis en ciudadanía, desarrollan pertenencia y apego por las actividades realizadas de cara a los contextos o territorios en los cuales residen. En este sentido, es posible apreciar los procesos de participación activa de los jóvenes y la necesidad de definir, en términos de Chantal Mouffe, las condiciones bajo las cuales se asocian, la garantía de igualdad en sus derechos y deberes así como en las libertades, restricciones, poderes y responsabilidades.

Así, el análisis de la participación juvenil supone un reto para su abordaje ya que implica un mundo de contradicciones y tensiones, en tanto «las prácticas colectivas de los jóvenes se contextualizan en el marco de la participación ciudadana adulta, pero presentando elementos y potencialidades propias de la condición juvenil» (Francés, 2008, p. 35).

Lo anterior posibilita en los jóvenes sentimientos de ambivalencia representados, por un lado, en un reconocimiento de espacios de participación que les permiten expresarse, llevar sus discursos y propuestas e interactuar con el Estado. Aspecto que produce una dinámica relacional entre el rechazo y el alejamiento de un Estado considerado como un ente lejano que actúa como adversario y por el otro lado, la cercanía, la participación y la cooperación con una figura de autoridad que, en el nivel local, se presenta de manera más amable, cercana y que está dispuesta a escucharlos.

En ese contexto, los jóvenes desde sus experiencias de inserción en los asuntos de su localidad[5], analizan la participación que sus congéneres, en donde, de una parte, critican las formas tradicionales de inequidad, desigualdad en que el Estado hace frente a las situaciones derivadas del contexto económico, social, político y cultural en el que se encuentran inmersos; y, de otra, respetan la ley y el Estado aunque no estén de acuerdo con los procedimientos utilizados para generar cierto orden social.

Tal ambivalencia presenta a la vista dos tendencias: una se identifica con que los jóvenes no participan políticamente hablando en los espacios institucionales, por tanto, sus propuestas y proyectos se gestan y se conciben por fuera de lo institucional. Al respecto, Henao y Escobar consideran que ello contribuye «a que no canalicen sus propuestas a través de los partidos políticos y a que politicen la sociedad, haciendo de la sociedad civil el escenario de sus prácticas políticas y de la puesta en circulación de sus propuestas de sociedad» (2009, p. 1433). La otra tendencia ha llevado a los jóvenes a encauzar sus intereses y expectativas a través de canales institucionales, concebidos dentro de las políticas públicas de juventud en instancias de participación dentro de los cuales:

[…] los consejos municipales de juventud y de política social parecen ser los que están siendo más utilizados… la participación en elecciones, aunque en mucho menor grado. Es decir, lo que se detecta es que los colectivos transitan entre la politización social y la participación institucional, dentro de la cual, no obstante, tienden más a la participación social a través del desarrollo de proyectos comunitarios en colaboración con el Estado, que a la participación propiamente dicha. (Henao y Escobar, 2009, p. 1433)

De la tendencia anterior, se derivada una manifestación de los jóvenes que se ubica por fuera de las instancias institucionales, que desde la cultura, se presenta como muestra de expresión a través del grafiti, el teatro, la danza, la música y otras artes que les posibilitan expresar su sentir frente a lo que acontece en sus territorios y en la realidad que les rodea. Aquí, los jóvenes, a través de sus experiencias, modifican sus prácticas ciudadanas su manera de relacionarse con el otro y por otras vias logran contribuir a la transformación de la cultura política en los territorios en los cuales residen.

En este sentido, es de suma importancia incorporar a la discusión los aportes de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe desde las identidades colectivas en tanto permiten comprender que

… mientras en el pasado las identidades colectivas se construían en torno a códigos socioeconómicos e ideológico-políticos, ahora se construyen alrededor de espacios de acción relacionados con la vida cotidiana. La calle y el lenguaje cotidiano, los valores que circulan por la red social, y los símbolos de una comunidad, aparecen como elementos significativos en la articulación de los jóvenes, sus problemas y sus inquietudes. … las estructuras de los colectivos juveniles tienden a abandonar los marcos institucionales excesivamente rígidos en favor de redes horizontales que posibilitan la comunicación entre los distintos campos de actuación. Y en estos trazos de diagnóstico, finalmente parece que la necesidad de permanencia de la acción y de las estructuras de participación no supone un rasgo definitorio. Al contrario, se registra un aumento creciente del mecanismo de activaciones y desactivaciones puntuales, en muchas ocasiones con carácter multitemático, en el que los jóvenes entran y salen continuamente de unos procesos de participación caracterizados cada vez más por la flexibilidad y la transitoriedad de la acción. (Francés, 2008, p. 39)

Las palabras de Francés se recogen en la ley de origen ciudadano que combina los mecanismos de participación formal y abre un nuevo espacio que podría ser contradictorio que es el de combinar los consejos de juventud un mecanismo formal con las plataformas de juventud un mecanismo informal. La nueva legislación trata, entonces, de ampliar el espectro de la participación formal con aquellos mecanismos de participación informal a partir de los cuales los jóvenes expresan su relación e identidad con el territorio en el que residen.

La combinación de mecanismos formales con informales en la norma de origen ciudadano, como lo plantea Diana Varón, «representa avances frente a lo estipulado en la antigua Ley de Juventud, pero sigue consolidando lecturas de los procesos y prácticas juveniles desde una visión formalista» (Varón, 2014, p. 115).

Dentro de las formas de participación que se relacionan con la ciudadanía, se ha retomado la de Castillo que consiste en afirmar que:

[…] Hay diversas maneras de percibir la ciudadanía en los jóvenes: en primer lugar, las posturas tradicionales se apoyan en el deber ser frente al funcionamiento institucional de las sociedades y piensan esta temática con base en elementos predominantemente objetivos acerca de la presencia de lo juvenil, la intención es mirar a los jóvenes desde su capacidad de adaptación a la sociedad. En segundo término, los paradigmas emergentes que ubican la temática a partir de elementos subjetivos e históricos, abordan las expresiones y significados que tienen las prácticas juveniles, desde los sentidos de las expresiones culturales generadas por ellos mismos. […] Además, las formas de participación han cambiado, los grupos sociales aparecen fragmentados y heterogéneos, las emociones superan los argumentos racionales, cada vez más los imaginarios colectivos y las representaciones sociales influyen el mundo de la vida. […] Se han venido configurando nuevas formas de estar en el mundo y, por lo tanto, nuevas relaciones en los procesos de construcción de la realidad social, lo que permite vislumbrar nuevas ciudadanías. (Castillo, 2006b, p. 87)

Los aspectos mencionados permiten pensar, en términos de Mouffe, la dificultad para abordar la multiplicidad de conflictos sociales y culturales provenientes de ámbitos «étnicos, religiosos, ambientales, de género o identitarios que nos afectan en la actualidad y que no pueden ser aprehendidos bajo la lupa clásica del modelo tradicional liberal de democracia y ciudadanía dada su concepción de justicia y de derechos individuales» (Ramos y Silva, 2013, p. 2), a los cuales se suman los derivados de las juventudes.

En lo particular, desde el ejercicio de las ciencias sociales, los postulados teóricos de Chantal Mouffe y Ernesto Laclau aportan a la comprensión de las luchas dadas por los jóvenes que los han llevado a asumir un protagonismo que, como se ha presentado con anterioridad, permiten observarlos hoy más desde su capacidad de agenciamiento y con ello debilitan esa mirada que los concibe enmarcados en la categoría de riesgo y peligro social.

La noción de ciudadanía articulada a la participación y a la capacidad de agencia de los jóvenes se evidencia en la «integración del paradigma que señala la juventud como actor estratégico con el paradigma de juventud ciudadana» (Krauskopf, 2000, p. 123). En términos de Krauskopf, la flexibilidad y la posibilidad de pensar en el cambio son partes constitutivas de una noción de ciudadanía para intervenir de manera protagónica en los aspectos relacionados con su calidad de vida y con su presente.

El planteamiento de Krauskopf (2000) se relaciona con algunos de los argumentos expresados en la primera parte del texto en el que se aborda la noción de hegemonía, en tanto permite asumir una juventud más protagónica e interesada en su contexto. Y en las contradicciones que perciben desde los modelos económico y político, y que al mejor estilo del postulado hegemónico y en referencia a la noción de ciudadanía agonística los jóvenes se han logrado instaurar en el concierto nacional como una población activa, que propone formas de participación no formal como parte de la normatividad tal es el caso de las mesas locales de juventud[6], contempladas en el actual Estatuto de Ciudadanía Juvenil (ley 1622 de 2013) ley que derogó la Ley de Juventud 375 de 1997.

Un aspecto importante a tener en cuenta es la enunciación del enfoque de derechos, en tanto este:

[…] abandona el énfasis estigmatizante y reduccionista de la juventud como problema. La integración del paradigma que la señala como actor estratégico con el paradigma de juventud ciudadana, permite reconocer su valor como sector flexible y abierto a los cambios, expresión clave de la sociedad y la cultura global, con capacidades y derechos para intervenir protagónicamente en su presente, construir democrática y participativamente su calidad de vida y aportar al desarrollo colectivo. (Krauskopf, 2000, p. 124)

Desde la perspectiva de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, y tal como lo ilustra Gadea (2008), es importante reconocer la importancia de la hegemonía política en la formación de las identidades y que, tal como lo plantean estos autores no es posible separar «el proceso de constitución de las identidades sociales del proceso de configuración del poder social» (Gadea, 2008, p. 1). Y que como se expresó con anterioridad en este texto la construcción de la identidad social y la hegemonía política recorren un camino común.

Ver a los jóvenes, desde la óptica de promotores y motores de su propio cambio, los ubica en el plano de una ciudadanía activa o en términos de Chantal Mouffe de una ciudadanía agonística. Activa en tanto pretenden incidir en los procesos de construcción de lo social desde sus territorios y desde las localidades en las que residen. Al respecto los jóvenes afirman: «queremos que la gente desde sus espacios construya un tejido comunitario que haga más fuerte su voz y sus acciones» (Multinacional parques para todxs, citado por Bustamante, s/f, p. 32).

Agonística, en tanto posibilita pensar categorías centrales de la teoría política como la ciudadanía, entre otras, en términos de ampliarla y relacionarla con la participación y en materia de juventud, se convierten en un campo fértil para la formulación del análisis político contemporáneo con una visión crítica de lo social. Aspecto que en la actualidad es necesario desde los estudios que se realizan en materia de juventud en Colombia, al tiempo que permiten pensar en un joven propositivo, agente y promotor de cambio.

Al respecto Monsiváis, fundamentado en Mouffe expresa:

Un enfoque desde la ciudadanía agonística permite entender las cosas de otra manera, redefinir la comprensión de las problemáticas juveniles. Esto implica considerar que los jóvenes son individuos capaces de participar en un sistema democrático de maneras diversas, con distintas identidades. Son actores con capacidad de contribuira la construcción de las formas de vida y desarrollo de un conjunto social. Al mismo tiempo, la condición juvenil, independientemente de la identidad de cada joven, es una posición de sujeto susceptible de insertarse por derecho propio en la esfera pública. Tal vez en esto consiste el punto nodal de la argumentación: la juventud no es un asunto privado, sino común, público y político, que invita a dialogar en la misma mesa a las instancias gubernamentales, los actores civiles y los propios jóvenes. (Monsiváis, 2002, p. 172)

Así, abordar la ciudadanía, particularmente en jóvenes, invita a dejar de lado las generalizaciones, implica por lo tanto, realizar un ejercicio que permita caracterizar a ¿qué tipo de jóvenes nos estamos refiriendo?, ¿cuáles son las características de los contextos en los que residen?, ¿cuáles son sus discursos y las prácticas que experimentan y las propuestas de territorio, localidad y de país que promueven?. Así como lo plantean los autores que fundamentan este documento, nos encontramos en presencia de una ampliación de lo político, que entra en tensión con la política formal, configurándose en una participación desde unos renovados usos de la ciudadanía y de lo público y también de lo privado.

En ese sentido y pese a las críticas planteadas por un sector de la población juvenil, frente al reducido número de jóvenes que participaron en el movimiento ciudadano que en alianza con el gobierno nacional (a través de su instancia Colombia Joven) y congresistas impulsaron el Estatuto de Ciudadanía Juvenil[7], producto de la participación de la juventud. La reflexión final presenta la participación como una manera de ejercer la ciudadanía, contextualizada desde los territorios en los que residen los jóvenes y desde los cuales intervienen, en términos de aprendizajes para el ejercicio de la ciudadanía por fuera de lo electoral.

Desde Mouffe y Laclau, es posible identificar la existencia de múltiples relaciones sociales de dominación, con las que han luchado los jóvenes para garantizar el acceso a principios de igualdad y de libertad. La construcción de ciudadanía permite establecer una relación con la identidad democrática-radical, en el sentido de la construcción de un «nosotros», necesario para actuar en política y para transformar la realidad, aspecto que es posible de observar en las luchas que han librado los jóvenes para hacerse visibles desde la participación, en los asuntos de su territorio, mediante prácticas sociales que involucran intereses y necesidades transitorias, tanto de ellos como de la población con la que comparten en su cotidianidad. De ahí que el pensamiento de Mouffe y Laclau sea útil para pensar los discursos en torno a la noción de ciudadanía en los jóvenes, pues permite una mirada que los postula como ciudadanos comprometidos con lo público y lo colectivo, preocupados por el contexto social en el cual se encuentran inmersos y por lo mismo en constantes procesos de transformación muy ligados a los espacios de acción relacionados con la vida cotidiana. El lenguaje cotidiano, el parque, los valores que circulan por las redes sociales, y los símbolos que los identifican con una comunidad, aparecen como elementos significativos en la articulación de los jóvenes, sus problemas y sus inquietudes.

Finalmente, considero importante retomar el concepto de ciudadanía, pues los movimientos sociales y en particular los liderados por jóvenes permiten la ampliación de los derechos de los ciudadanos, esto es, contribuyen a generar nuevos derechos que se instauran en la esfera de lo público y a mediar el cambio cultural de la sociedad. Por su parte, los derechos de los ciudadanos posibilitan el surgimiento de movimientos sociales, así como también de otras formas de participación juvenil y en consecuencia a resaltar el valor que tienen los jóvenes dentro de la sociedad como motores y promotores de cambio.

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Notas