Ramón

Johanna Orduz

Introducción⁴:

El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Colombia) está localizado en el Caribe suroccidental y ha sido habitado ancestralmente por el pueblo raizal, parte del complejo cultural anglo-africano, puritano y de habla creole de la antigua Mosquitia, las Islas Caimán, las Islas del Maíz, Jamaica y el Caribe panameño. El archipiélago fue históricamente un territorio de frontera, disputado por imperios coloniales como Gran Bretaña, España y los Países Bajos; por piratas –el más famoso de ellos Henry Morgan– y, a partir del siglo XIX, por Nicaragua. Esta condición se mantuvo hasta mediados del siglo XX dado que las islas no tuvieron una fuerte presencia de la institucionalidad colombiana hasta 1953, cuando el gobierno del general Gustavo Rojas Pinillas decretó a la isla de San Andrés como Puerto Libre (Ratter, 2001; Parsons, 1985).

En el año 2000, la Unesco declaró el archipiélago como Reserva de Biósfera Seaflower debido a: 1) su condición de hotspot de la biodiversidad del Caribe Occidental, comprendiendo todos los ecosistemas marinos y costeros tropicales⁵ y 2) su riqueza cultural y potencial modelo de desarrollo sostenible, representado en el relacionamiento del pueblo raizal con su medio ambiente (Unesco, como se citó en Márquez Calle, 2006, pp.61-63).

Este artículo inicia con un breve contexto sobre la paulatina pérdida de la seguridad y soberanía alimentaria en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Posteriormente se documenta, de manera preliminar, la diversidad agrícola de San Andrés, y en menor medida de Providencia, y sus potenciales aportes a procesos locales para construir soberanía alimentaria.

El movimiento transnacional La Vía Campesina propuso en 1996 el concepto de «soberanía alimentaria» como rechazo a la progresiva redefinición por parte de las corporaciones agroalimentarias de la «seguridad alimentaria» bajo las lógicas del libre mercado neoliberal (La Vía Campesina, 2007). En vez de enfocarse en el acceso y disponibilidad individual de alimentos, la soberanía alimentaria enfatiza el derecho de los pueblos, naciones y comunidades a definir autónomamente sus propios sistemas agroalimentarios y la defensa del modo de vida campesino, bajo principios de sostenibilidad ecológica y justicia ambiental, relevancia cultural, producción orientada a los mercados locales y regionales, equidad de género, y la protección de la tierra, el agua, las semillas y los conocimientos tradicionales como bienes comunes (Gutiérrez Escobar, 2019).

Partiendo de estas diferencias entre seguridad y soberanía alimentaria, se argumenta que la producción agrícola raizal en San Andrés y Providencia es viable, culturalmente relevante y necesaria para garantizar la soberanía alimentaria del archipiélago dado que está basada en el profundo conocimiento de la agrobiodiversidad local, en el manejo sostenible de los suelos y el agua, y en el autoconsumo y el abastecimiento de los mercados locales. En contraste, el modelo agroalimentario hegemónico de San Andrés, y en menor medida de Providencia, responde al paradigma de la seguridad alimentaria con una alta dependencia de la importación de commodities agrícolas y alimentos, muchos de ellos ultraprocesados, que amenazan gravemente la producción local raizal en beneficio de los intereses de las grandes cadenas hoteleras y el comercio y configuran una dieta neoliberal (Lapegna & Otero, 2016, p.25)⁶ para satisfacer las preferencias alimentarias de los turistas nacionales y extranjeros.

Conceptualmente, esta investigación parte de la ecología política, una propuesta interdisciplinaria que busca entender las relaciones entre sociedad, naturaleza y cultura. En específico, las relaciones entre procesos de acumulación de capital y formas de valorización y apropiación de la naturaleza, enmarcadas en construcciones culturales concretas (en términos discursivos, simbólicos, de significación, etc.) y los conflictos socio-ambientales, por ejemplo, en torno a la soberanía alimentaria, que emergen de dichas relaciones (Escobar, 1999).

La investigación se basó en el trabajo de campo intermitente en el primer semestre de 2019 con metodologías cualitativas de las ciencias sociales. Se realizaron doce entrevistas semiestructuradas y visitas a las parcelas y patios de los que denominamos guardianes de semillas raizales en San Andrés y Providencia⁷. Los guardianes de semillas son agricultores con especial interés y conocimiento por la conservación y recuperación de semillas nativas, criollas y creolizadas⁸ y las prácticas culturales–agronómicas, alimenticias, medicinales, etc.– asociadas a las mismas.

Igualmente, se realizó un taller de cartografía social con guardianes de semillas de San Andrés para identificar y sistematizar la biodiversidad agrícola y silvestre de la isla. Utilizamos el término silvestre para referirnos a aquellas plantas alimenticias que no son cultivadas por agricultores de la isla en sus parcelas o patios caseros, sino que se encuentran en instituciones públicas o privadas, sitios de conservación ambiental o a la orilla de las calles o en lotes abandonados de San Andrés. Se visitaron también sitios de interés como el jardín botánico de la Universidad Nacional de Colombia, sede Caribe, en San Andrés. Finalmente, se realizaron tres entrevistas semiestructuradas con funcionarios de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina)⁹ y la Secretaría de Agricultura del archipiélago y se revisó bibliografía secundaria.

A partir de las entrevistas, las visitas de campo y la cartografía social, se realizaron matrices (Nazarea, 1995, pp. 113-116) y mapas de diversidad biocultural en las islas¹⁰. La diversidad biocultural se refiere a las interacciones entre seres humanos y ecosistemas, resaltando que la «diversidad de la vida se constituye en un entramado de elementos biológicos y culturales que ha sido estructurado a través de la historia y procesos geopolíticos» (Pretty et al, 2009, como se citó en Idobro, Turner & Lara, 2018, p.7). En este caso, este entramado de elementos biológicos y culturales se examina a partir de la agricultura y, en menor medida, de la pesca tradicional raizal.

Extractivismo y despojo

Según Eduardo Gudynas (2013) el extractivismo es

un tipo de extracción de recursos naturales en gran volumen o alta intensidad y que están orientados esencialmente a ser exportados como materias primas sin procesar o con procesamiento mínimo. (Gudynas, 2013, p.3)

En este sentido, el extractivismo señala las renovadas dinámicas de la inserción de América Latina y el Caribe a la economía globalizada mediante la reprimarización de nuestras economías como exportadoras de commodities.

A partir del análisis del extractivismo en el Caribe occidental, Catalina Toro Pérez (2017) enfatiza que no solo incluye la extracción de bienes comunes sino también de conocimientos y saberes, por lo que desplaza «procesos de construcción histórica de modos y estilos de convivencia entre sociedad y naturaleza expresados en saberes, tecnología, organización social y elaboraciones míticas y simbólicas» (p.118). Asocia el extractivismo en esta región a una continuidad histórica marcada por la

Geopolítica de la Plantación y la esclavitud, el extractivismo Minero del siglo XVII al XIX; las Economías de Enclave, a inicios del siglo XX, y la Geopolítica Petrolera y Minera del siglo XXI donde se inscriben las luchas post-extractivistas. (p.121)

Por tanto, los conflictos socio-ambientales en el Caribe occidental son de larga data, resultado de las disputas fronterizas entre Honduras, Nicaragua y Colombia; la lucha de una población multiétnica (afro-descendiente, indígena, creole, garífuna y raizal) por sus derechos ancestrales frente a los Estados nación hispano- hablantes y a las pretensiones imperiales de Gran Bretaña, Estados Unidos y, recientemente, de Canadá y China a través de sus empresas extractivas (Toro Pérez, 2017, p.121).

Me parece útil analizar el extractivismo en relación con el despojo para entender que ninguno de los dos se reduce solamente a la acumulación de capital, sino que amenaza la reproducción de la vida misma, tanto humana como no-humana. Diana Ojeda (2016) analiza el despojo como un

proceso violento de reconfiguraciónsocioespacial, y en particular socioambiental, que limita la capacidad que tienen los individuos y las comunidades de decidir sobre sus medios de sustento y sus formas de vida. (p.34)

La dimensión espacial del despojo se define en las «geografías desiguales del acceso» a los recursos que son negociados y disputados cotidianamente. El despojo implica la pérdida de la autonomía de las comunidades y familias para moverse libremente por el territorio, para acceder a los medios de sustento y para pensar proyectos de vida a futuro. En síntesis, Ojeda plantea que lo que se despoja es el «territorio, la identidad y la vida misma» (p.22).

El pueblo raizal del archipiélago subsistió tradicionalmente de la pesca, la caza, la agricultura y el comercio de carey, coco y maderas finas con los pueblos anglo- africanos del Caribe occidental, Estados Unidos y Colombia (Ratter, 2001; Parsons, 1985). Este modo de vida y subsistencia cambió radicalmente desde la segunda mitad del siglo XX como consecuencia de la radicalización de procesos de extractivismo y despojo que, a su vez, afectaron la seguridad y soberanía alimentaria de la población del archipiélago, como explicamos a continuación.

La declaración de Puerto Libre de 1953

En 1953, el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla declaró San Andrés – más no Providencia ni Santa Catalina– como Puerto Libre, lo que permitió la importación de bienes comerciales a la isla con menores restricciones tributarias que las existentes en la Colombia continental. Las principales consecuencias de esta medida fueron, por un lado, el auge del turismo y el comercio¹¹ y, por el otro, la sobrepoblación que continúan estructurando la economía y demografía de la isla.

San Andrés es una de las islas más pobladas del mundo¹² y los raizales representan solo el 40% de la población, frente a los «pañas» o colombianos continentales que migraron principalmente desde Antioquia, la Costa Atlántica y Bogotá. Ante esta situación, en 1991 se creó la Oficina de Control de Circulación y Residencia (OCCRE) para el control poblacional y la preservación de la cultura raizal. Este mandato no se ha cumplido a cabalidad por lo que el pueblo raizal ha perdido alrededor del 50 % de las tierras de las tierras de la isla de San Andrés desde mediados del siglo XX. Según los datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2007), el pueblo raizal posee el 47,7 % del total de los predios que equivalen al 52,39 % del área de la isla de San Andrés (como se citó en Howard et al, 2012, p.166).

La declaración del Puerto Libre ha sido descrita como un proceso de colonialismo interno para «colombianizar las islas» mediante la hispanización y catolización (Parsons, 1985; Ratter, 2001, p.93) que incluyó procesos como

La migración masiva de colombianos continentales, la persecución de los protestantes, el robo y la expropiación de tierras a la población nativa, la discriminación basada en las diferencias lingüísticas y culturales, el desplazamiento y la aculturación. (Márquez 2014, p.22, como se citó en Márquez 2019, p.141)

La política de asimilación cultural forzada del gobierno colombiano responde, por un lado, a la necesidad de enfrentar los reclamos limítrofes de Nicaragua y de Estados Unidos frente a las islas, este último que ha reclamado los cayos como una de las llamadas «islas del guano» (Ratter, 2001, pp.89-92)¹³. Por el otro, a la Constitución de 1886 que establecía un Estado-nación unitario, católico y de lengua española.

Los derechos del pueblo raizal y la integración autonómica al Estado colombiano solo han sido parcialmente garantizados a partir de la adhesión de Colombia al Convenio 169 de la OIT y la Constitución de 1991 que redefinió al país como una nación multicultural y pluriétnica y elevó a departamento las intendencias como el archipiélago, lo que le otorgó mayor autonomía política y la representación en la Cámara de Representantes, con una curul para el pueblo raizal (AMEN-SD, 2015).

Histórica disputa limítrofe con Nicaragua

El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina está localizado a mayor distancia de Colombia que de Nicaragua (800 Km vs. 200 Km) y tiene vínculos culturales e históricos con los pueblos negros de la Mosquitia de ese país centroamericano. La pertenencia a Colombia se explica porque en la Independencia, el archipiélago hacía parte del virreinato de la Nueva Granada y esos límites se mantuvieron en los nuevos Estados-nación (Ratter, 2001, pp.54-55).

Nicaragua ha sostenido desde entonces una disputa limítrofe con Colombia sobre el archipiélago que fue parcialmente resuelta a favor de Colombia con el tratado Esguerra-Bárcenas de 1928, que otorgó la soberanía a nuestro país desde el meridiano 82. Sin embargo, en noviembre de 2012 la Corte Penal Internacional de la Haya falló a favor de Nicaragua concediéndole aproximadamente dos terceras partes del territorio marítimo del archipiélago, por lo que Colombia perdió al menos 75.000 km de mar territorial y la mayoría de los mejores bancos de pesca de los cayos, afectando la integridad territorial del pueblo raizal y el sustento que deriva de la pesca artesanal (Toro Pérez, 2015; ver mapa 1).

Para el pueblo raizal es fundamental lo que se ha definido como el «maritorio» el cual establece una estrecha relación y continuidad territorial entre espacios terrestres y acuíferos (costas, manglares y arrecifes) o entre distintos ecosistemas acuáticos (Camargo & Camacho, 2019; Márquez, 2019; Toro Pérez, 2017, p.138). Por tanto, el fallo de la Corte de la Haya afectó gravemente esta relación económica y afectiva con el mar como me lo explicó Pedro, ingeniero agrónomo de San Andrés:

cualquiera de nosotros que haya ido a estudiar, arquitectura, derecho, ingeniería, nunca dejamos de ser gente de mar. Con el fallo de La Haya, fuimos afectados todos: el que come del mar, el que arregla las embarcaciones, la señora que vende las albóndigas de caracol. (Pedro, comunicación personal, 27 de febrero de 2019)

Mapa 1
nueva frontera entre Colombia y Nicaragua tras la sentencia de la Corte Penal Internacional (CPI) de la Haya en 2012.
Fuente: Grupo Política y Derecho Ambiental, Universidad Nacional de Colombia, 2018

Viejos y nuevos extractivismos:

Los principales proyectos extractivos en el archipiélago han sido la pesca industrial, el turismo de resort, la exploración petrolera y gasífera en plataformas marinas y las obras de infraestructura portuaria. Todos estos proyectos se han vuelto más depredadores en el siglo XXI, dadas las nuevas tecnologías –como el fracking–, la mayor penetración de compañías transnacionales y el actual ciclo extractivista.

En cuanto a los proyectos extractivistas mineros, tanto Colombia como Nicaragua los han impulsado en las aguas del archipiélago. Nicaragua adjudicó el primer pozo petrolero off shore, en aguas antes pertenecientes a Colombia, a la empresa de capital norteamericano Noble Energy (Toro Pérez, 2015).

En 2011, el gobierno colombiano, a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) expidió licencias a tres empresas petroleras –la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), la española Repsol y la argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF)– para explorar y explotar gas en casi dos millones de hectáreas cerca de Providencia (Toro Pérez, 2015)¹⁴. Estas licencias fueron revocadas por el gobierno de Juan Manuel Santos quien también declaró la renuncia a la exploración y explotación de hidrocarburos en las aguas de los cayos del Archipiélago, ante la movilización del pueblo raizal con el apoyo de la Corporación Regional de Desarrollo Sostenible Coralina (Toro Pérez, 2015). No obstante, el Plan de Desarrollo del actual gobierno del presidente Iván Duque, aprueba la exploración y producción de yacimientos no convencionales mediante fracking, lo que abre la posibilidad para el uso futuro de esta técnica en los bloques identificados por la ANH en el archipiélago.

Crisis climática:

El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es el departamento de Colombia más afectado por el cambio climático y cuyas consecuencias impactan la pesca y agricultura raizal (Defensoría del pueblo, 2015, pp.41-2). Por un lado, la destrucción de los ecosistemas coralinos por blanqueamiento, amenaza la riqueza pesquera. Por el otro, las alteraciones del régimen meteorológico, especialmente la mayor duración e intensidad de la temporada seca¹⁵, afectan la recarga de agua de los acuíferos y, por tanto, la disponibilidad de agua para la agricultura (Aguilera Díaz, 2016, pp.59-60; Defensoría del pueblo, 2015, p.42). Así mismo, aunque el archipiélago no está en la zona de mayor impacto de huracanes, la preocupación es que estos sean más fuertes (grados 3 a 5), aunque pueda reducirse su ocurrencia, afectando las actividades pesqueras y agrícolas y destruyendo la biodiversidad local (Newball Hoy, en imprenta).

El despojo territorial en Providencia y Santa Catalina es menor que en San Andrés dado que la población raizal se ha opuesto exitosamente al desarrollo turístico de resorts, las obras de infraestructura portuaria y la migración masiva desde la Colombia continental, argumentado que «no quieren convertirse en otro San Andrés». Algunos proyectos bloqueados exitosamente por el pueblo raizal, desde la década de 1990, son un centro de buceo, una base de guardacostas, dos megahoteles, un spa, el Teatro Midnight Dream y la ampliación del aeropuerto (Márquez, 2019, p.141). No obstante, algunas obras de infraestructura turística actuales como el camino al Pico, interrumpen el curso de las fuentes de agua e impiden que los agricultores accedan a caballo a sus parcelas ubicadas en esta zona de mayor altitud de la isla.

Así mismo, los raizales siguen siendo mayoría, constituyendo el 89,2 % de la población y, según datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2007), manteniendo la propiedad sobre el 76.03 % del total del número de predios de la isla (como se citó en Howard et al, 2012, p. 170). No obstante, ambas islas sufren por el cambio climático que afecta la barrera coralina por blanqueamiento y, por tanto, la pesca y el turismo, y por la escasez de agua dado que la represa de Fresh Water Bay es insuficiente para suplir las necesidades de agua. Los agricultores de la isla dependen fuertemente de 45 manantiales; sin embargo, la mayoría de ellos está en riesgo de desaparecer y solamente se han recuperado cinco de ellos desde 2005 (Defensoría del pueblo, 2015, p.6).

El declive de la agricultura en la isla de San Andrés

Los fenómenos descritos anteriormente han afectado gravemente la seguridad y la soberanía alimentaria del archipiélago. El auge del turismo y el comercio, así como la pérdida territorial por el fallo de la Haya y la amenaza del cambio climático, han llevado a que el pueblo raizal, y en especial los jóvenes, abandonen la agricultura y, en menor medida, la pesca para emplearse precariamente en estos otros sectores económicos¹⁶.

Según el Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019 de la Gobernación del Archipiélago, los principales productos comerciales de San Andrés son yuca, plátano, caña de azúcar, ñame, batata, y frutas como melón y sandía; todos ellos de pancoger. Igualmente, en la isla crecen diversas variedades de mango, de algunos cítricos, de árbol del pan y de aguacate, entre otros.

De acuerdo a la Gobernación del Archipiélago (2016), la producción agropecuaria en San Andrés es muy reducida y genera empleo tan solo para el uno por ciento de la población. Se desarrolla en pequeñas parcelas rurales (entre media y dos hectáreas), y se caracteriza por combinar lo agrícola con lo pecuario y con la pesca artesanal, la siembra en policultivo, el trabajo familiar y la producción mayoritariamente para el autoconsumo, con solamente entre un 10 % y un 15 % destinado a la comercialización. La tenencia de la tierra se caracteriza por la baja tasa de arrendamiento –sólo el cuatro por ciento de los agricultores cultiva bajo esta modalidad– y por la alta informalidad. El 54 % de agricultores son poseedores sin título del predio donde cultivan y solo el 42 % son propietarios (Gobernación del Archipiélago, 2016, pp.385-9).

Es una producción fundamentada en el manejo sostenible del suelo y las aguas, a partir del conocimiento tradicional sobre abonos verdes y alelopatía e integrada con la tenencia de especies menores y la agroforestería, dado que el modelo de Revolución Verde, basado en paquetes tecnológicos con alto uso de agroquímicos, nunca se expandió por el archipiélago. Por ejemplo, Lucila, una guardiana de semillas de San Andrés, comentaba que «this soil is a very good soil. Sometimes I mix it with gallinaza. I usually use it on small crops or vegetables, but it is not necessary for the yucca and plantains» (Lucila, comunicación personal, 26 de febrero de 2019).

El manejo raizal del agua también es profundo en cuanto a la identificación de las «venas» que transportan aguas subterráneas y son extraídas mediante pozos artesanales (Newball Hoy, en imprenta). Así mismo, los agricultores raizales poseen estrategias para la recolección de agua lluvia mediante pequeñas lagunas artificiales que son aisladas con plásticos para evitar la filtración; cisternas de cemento, muchas de ellas todavía de uso comunal; canales sobre los techos construidos con tubos de policloruro de vinilo (PVC) que conducen el agua a pequeños tanques; y el uso de telas alrededor de las plantas para conservar la humedad del suelo.

En el trabajo de campo y la investigación documental se identificaron numerosas dificultades y retos que enfrentan la agricultura y la pesca raizal en el archipiélago, que se analizan a continuación.

La estrategia de colombianización y consecuente imposición progresiva de las lógicas de la administración estatal, propiciaron la pérdida del territorio raizal frente a los colombianos continentales que migraron a San Andrés o establecieron negocios en la isla. Esto implicó una colonialidad del saber que impuso, y sigue imponiendo, la racionalidad estatal frente al manejo ambiental y socio- económico del territorio/maritorio por parte del pueblo raizal, como lo explicó elocuentemente Robert, pescador sanandresano:

simple as that, they want to think for us, especially the Colombian Government believe that we cannot think, that we don’t know what we want. But they are making a big mistake, because we grow and born here. We grow up with nature, we understand the sea, the land. That’s why all the projects that they bring is not for better, is always for worst. The projects need to be planned here, they need to be talked we the native people first, and they have to listen to us first. The elders know the situation of the island. From the very beginning, when they forced us to think like Colombian, to talk like Colombian and to overpopulate the islands with Colombians. (Robert, comunicación personal, 18 de marzo de 2019)

Un ejemplo claro de cómo la colombianización se constituyó en un proceso de despojo territorial del pueblo raizal en San Andrés fue el cambio en el sistema de propiedad de la tierra. Para el pueblo raizal, la tierra era de propiedad familiar y heredada de palabra, sin la mediación de un título legal. Por costumbre, los padres cedían una parte de la propiedad familiar a los hijos cuando se casaban para que se establecieran con su nueva familia. Según Margarita Ruiz (1989) desde 1960 se inició una «colonialidad territorial», con la urbanización de San Andrés para el asentamiento de los migrantes y el comercio que fomentaba la política del Puerto Libre, sobre todo al norte de la isla (como se citó en Livingston, en imprenta).

Esta colonialidad territorial fue una forma de despojo porque subordinó y reemplazó las formas raizales de propiedad colectivo-familiar de la tierra por la propiedad privada basada en el sistema de catastro de la Colombia continental. La imposición del Estado colombiano de un régimen de propiedad privada sobre la tierra fue facilitada por la amplia carencia de títulos de propiedad por parte del pueblo raizal; hecho agravado por el incendio de la Intendencia en el año 1965, donde se conservaba el registro catastral. De esta manera, se facilitó el despojo de las tierras raizales y de los espacios de uso colectivo como la ribera del litoral, que paulatinamente pasaron a inversionistas privados o proyectos de vivienda (Hayes, 2016; como se citó en Livingston, en imprenta).

La urbanización para el turismo y para alojar a los migrantes de la Colombia continental ha llevado en San Andrés a la ocupación de tierras cultivables, el desecamiento de manglares, como Swamp Ground y Black Dog, y la deforestación. Así mismo, el acaparamiento del agua dulce, en especial de la proveniente del acuífero de San Luis, por parte de los grandes hoteles y el comercio ha llevado a que el pueblo raizal sufra de escasez de agua tanto para usos domésticos –dado que el agua del acueducto no es potable para el consumo humano– como para la agricultura (Defensoría del pueblo, 2015, p.42); a la disminución de espacios donde el pueblo raizal se relacionaba con su entorno hídrico; y a la fragmentación de los sistemas hídricos que altera las capacidades de infiltración para el mantenimiento de los acuíferos y de amortiguación de inundaciones. Por tanto, los agricultores dependen mayoritariamente de la lluvia para cultivar (Ovalle, 2019).

Numerosos testimonios se refirieron a la escasez del agua como el principal problema para la agricultura en las islas:

that’s the priority, we may have water from April and on. I keep water in tanks. I stop drinking water to wet my plants, because we have a lot of problems with water. If I make an artificial well, the water is salty and damages the roots. (Lucila, comunicación personal, 26 de febrero de 2019)

Richard, otro guardián de semillas de San Andrés se refirió a la conexión entre la sobrepoblación y la sobreexplotación del agua dulce por medio de pozos privados, dada la necesidad de la gente y la falta de regulación de Coralina:

the rain that comes is not enough. There are too many people on the island. We have the water company, Proactiva, pumping water from wells, and you have hundreds of private wells or barrenos. (Richard, comunicación personal, 26 de febrero de 2019)

En las entrevistas con agricultores y guardianes de semillas de San Andrés y Providencia, se evidenciaron otros problemas para hacer agricultura en las islas. Una queja recurrente fue el robo de las cosechas en las parcelas por parte de vecinos y habitantes raizales y «pañas» de la isla, sin que la policía –integrada por gente foránea– tome medidas efectivas. En palabras de Robert:

sure, we have no security. The Bush Police that used to work, were our boys who know our lands. But the government want to hire or contract foreigners to be Bush Police, but they don’t know anything about our lands. (Robert, comunicación personal, 18 de marzo de 2019)

Otra problemática es la dificultad de encontrar mano de obra agrícola para las propiedades más grandes o cuyos dueños no pueden trabajarla solos dado su avanzada edad o estado de salud. Las quejas más recurrentes son que los raizales, en especial jóvenes, ya no quieren laborar en la agricultura y que aquellos pocos que emplean son «perezosos» para trabajar la tierra. Por ejemplo, Mr. Sorbara, agricultor raizal de Providencia, tiene 108 hectáreas en Providencia y solía traer jornaleros agrícolas de Ciénaga y otros pueblos de la Costa Atlántica colombiana para trabajar en sus tierras. Sin embargo, a partir de la creación de la OCRRE en 1991, los colombianos continentales solamente pueden viajar a la isla como turistas; para poder emplearse necesitan un permiso especial lo que dificulta y encarece la escasa mano de obra de la isla (Sorbara, comunicación personal, marzo 11 de 2019).

Igualmente mencionó los perjuicios del planeamiento urbano local que beneficia el crecimiento de la infraestructura para el turismo, pero afecta la agricultura local. La expansión urbana avanza sobre la tierra cultivable (los patios caseros y parcelas) y destruye los caminos vecinales que usan los agricultores para llegar a sus tierras de cultivo (Sorbara, comunicación personal, 11 de marzo de 2019).

El declive de la agricultura también se debe a las condiciones de comercialización de alimentos en la isla. Los agricultores raizales de pequeña escala son incapaces de competir con los productos importados que se benefician de prácticas de mercado injustas como el dumping o la venta por debajo de los costos de producción locales. Por ejemplo, Pedro relató su fracaso en la comercialización de pepino:

yo sembré el pepino y no volví a sembrar porque me lo pagaban muy mal. El pepino estaba a 1.500 pesos la libra [en el mercado local de San Andrés], me querían pagar 600 pesos la libra porque lo conseguía [el dueño del supermercado Éxito] a 100 pesos en Corabastos o en Paloquemao y tenía que pagar 500 de flete. Entonces les salía en 600 pesos. Yo tuve una discusión con el tipo del Éxito porque me dijo: «Es que tu pepino, no paga flete». Pero yo sí pago el flete, del alambre de púas, de las grapas, del machete, de la semilla que necesito pa’ sembrar el pepino. Mi pepino tiene un valor de flete; por todo eso que utilizo pago flete. (Pedro, comunicación personal, 27 de febrero de 2019)

Los agricultores raizales comercializan el producto fresco, pues no hay centros de acopio ni de transformación alimentaria en las islas. Los productores raizales venden a las orillas de las vías o a comerciantes –generalmente de origen continental– que les ofrecen bajos precios para posteriormente venderlos a cadenas hoteleras como el Decamerón (Gobernación del Archipiélago, 2016). Es el caso de Lucila, una guardiana de semillas de San Andrés cuyo hijo vende su producción –generalmente papaya, melón, patilla y yuca– en un puesto en la calle, a lo que ella considera precios justos «I don’t sell to hotels, they don’t like to pay fair prices. When I sell watermelon, I sell it for one thousand pesos the pound and I am satisfied. I just set a price based on my conscious[ness]». (Lucila, comunicación personal, 26 de febrero de 2019).

Las entrevistas realizadas también mostraron el descontento de los agricultores con la implementación de las políticas de protección ambiental de Coralina, a la que califican como laxa con megaproyectos de turismo o portuarios, y extremadamente estricta con la agricultura y la pesca artesanal. Varios entrevistados se quejaron porque deben «pedir a Coralina permiso para tumbar un árbol» a riesgo de verse sancionados, mientras que esta institución no actúa frente a la deforestación y otros daños ambientales producidos por estos megaproyectos.

Algunos entrevistados criticaron las políticas del gobierno y las organizaciones multilaterales para el sector agrícola de las islas. A la pregunta sobre la responsabilidad del gobierno municipal y central en el decaimiento de la agricultura en San Andrés, Lucila me respondió

they [the government] have plenty [responsability] because they are worthless. Every year, the budget assigned to agriculture is reassigned to other issues. If you ask them for aid, the only thing they will give you is a tank to retain water. If you join an association, you present a project; they deny it because we don’t have the documents for our lands. (Lucila, comunicación personal, 26 de febrero de 2019)

Así mismo, Pedro criticó el clientelismo y la falta de voluntad política de las instituciones que deberían apoyar la agricultura:

La Secretaría de Agricultura politizada; un ICA que solamente cumple funciones de sanidad portuaria; un Sena que no tiene ojos hacia el campo; un grupo comercial que no le interesa que se genere agricultura, ni siquiera semi-industrial. (Pedro, comunicación personal, 27 de febrero de 2019)

Finalmente, en las entrevistas se mencionó el tema de las cooperativas y otros proyectos de desarrollo agrícola que no han funcionado por la falta de «espíritu comunitario» y organización/planeación:

we had a farmers’ market out there in the corner, a small association. Many people startup association thinking on getting an income or money from the government. But no, that shouldn’t be the idea. A lot of organization dissolve, they fight for money or they want money. (Richard, comunicación personal, 26 de febrero de 2019)

Para Alicia, los proyectos agrícolas cooperativos en Providencia fracasan porque no fomentan la debilitada tradición asociativa local, basada por ejemplo en la práctica de brotherhood¹⁷ sino que asumen la asociatividad como una condición temporal y foránea. Un ejemplo de este fracaso es el programa de la ONU Seed Flowers Keepers que buscaba subsidiar agricultores y pescadores tradicionales afectados por el narcotráfico en la Colombia continental, como parte del Plan Colombia, y que se implementó en las islas. En Providencia se formaron tres asociaciones –en Rocky Point (Ecofarmers), Old Town y Bottom House– para la producción y comercialización de pulpa de fruta y plantas aromáticas y medicinales para té, y las asociaciones recibieron maquinaria para su procesamiento y empaque. El programa exigía que existieran asociaciones, lo que llevó a la gente a asociarse como una respuesta coyuntural y no como el resultado de un proceso de base. Cuando terminó el programa las asociaciones se disolvieron y la maquinaria quedó abandonada en las instalaciones de las cooperativas (Alicia, comunicación personal, 15 de marzo de 2019).

Colonialismo alimentario y dieta neoliberal en San Andrés

Estos procesos de acaparamiento de tierras y agua, sobrepoblación, cambio climático, urbanización y auge del turismo de resort y de proyectos extractivistas mineros han llevado al declive de la agricultura y, en menor medida, de la pesca artesanal raizal. Como consecuencia, hay una pérdida de biodiversidad agrícola y soberanía alimentaria, expresada en un colonialismo alimentario, bajo el paradigma de la seguridad alimentaria, caracterizado por la masiva importación de comida, mayoritariamente ultra-procesada, desde la Colombia continental, Centroamérica y Estados Unidos, y la escasez de productos frescos y propios de la isla. Al respecto, Pedro se refiere a una «mafia de la comida» asociada al turismo de resort que monopoliza la importación de alimentos a la isla: «2.000 millones de pesos se mueven diariamente aquí en comida. La droga no mueve eso en San Andrés diariamente, ni el licor ni el comercio lo mueve, ni el turismo siquiera» (Pedro, comunicación personal, 27 de febrero de 2019).

El colonialismo alimentario ha configurado una dieta neoliberal (Lapegna & Otero, 2016, p.25) y la conversión de las islas, sobre todo de San Andrés, en «desiertos de comida», lo que ha llevado al incremento de enfermedades como diabetes, obesidad y problemas cardiovasculares entre los pobladores raizales y no raizales. Según datos oficiales, San Andrés reportó en 2010

las mayores prevalencias de sobrepeso y obesidad del país en adultos entre 18 y 64 años (64.9 %,), se presenta un alto riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y metabólicas tanto en hombres como en mujeres; están en riesgo alto de sufrir enfermedad metabólica el 44,6 % de la población y en riesgo muy alto el 44,4 % en el mismo grupo de edad. (Gobernación del Archipiélago, 2016, p.154)

Los guardianes de semilla visitados enfatizaron que la comida producida en la isla es más sana, alimenticia y sabrosa que la comida importada, dado que es orgánica y no debe viajar largas distancias para llegar hasta el consumidor, por lo que puede completar su ciclo natural de crecimiento y mantener sus características nutricionales:

all the products that grows here on the island has better taste and all their nutritional properties that they supposed to have. The products here develop to the fullest on the tree. In contrast, the fruits that are imported, are green when harvested, they are processed to slow down the ripening process. (Richard, comunicación personal, 26 de febrero de 2019)

Mapeando la diversidad agrícola de San Andrés

A partir de las entrevistas, visitas de campo y taller de cartografía social en San Andrés y Providencia, se realizaron matrices y mapeos comunitarios de la diversidad biocultural (Nazarea, 1995, pp.113-116), haciendo énfasis en la diversidad agroalimentaria local. Las matrices sistematizan información sobre la historia y características de semillas/plantas, incluyendo si son nativas/criollas o recientemente introducidas, usos medicinales o rituales, propiedades agronómicas o nutritivas, formas de cultivo, comercialización y consumo, su abundancia o escasez en los territorios, y su adaptación frente a los efectos del cambio climático en la agricultura.

Los mapas de diversidad biocultural muestran la localización los guardianes de semillas y agricultores, los ecosistemas y sitios de alta biodiversidad agrícola y silvestre de San Andrés. Los sitios de biodiversidad agrícola son los patios caseros y parcelas de las y los agricultores de San Andrés. Los sitios de biodiversidad silvestre –denominados walks por el pueblo raizal– son aquellos lugares públicos y privados donde se encuentra cierta abundancia de plantas alimenticias como escuelas, hospitales, iglesias, lotes abandonados o sitios de conservación ambiental. Los mapas de diversidad biocultural reflejan entonces la visión espacial del pueblo raizal sobre su territorio. Es decir, no se basan ni en las divisiones administrativas/ toponimia de las instituciones estatales ni en la cartografía convencional, sino en la manera en que el pueblo raizal organiza espacialmente su territorio.

Mapas de diversidad biocultural

A partir del ejercicio de cartografía social, se identificó la biodiversidad agrícola y silvestre de la isla (ver mapa 2), haciendo énfasis en:

1. 1. Dónde se encuentran los agricultores/guardianes de semillas y cuáles semillas nativas, criollas y creolizadas conservan, así como los conocimientos agronómicos y culturales asociados a estas semillas;
2. 2. Los ecosistemas importantes en términos de manejo y conservación del agua y de la diversidad biocultural local;
3. 3. Las instituciones públicas y privadas que albergan diversidad alimentaria

La información recogida fue digitalizada, obteniéndose un mapeo comunitario de la agrobiodiversidad de San Andrés. Este mapeo se dividió en un mapa general (mapa 2), uno que localiza los doce agricultores/guardianes de semillas identificados (mapa 3) y la diversidad silvestre (mapa 4) y tres mapas que hacen zoom en la diversidad agrícola y silvestre en el norte, centro y sur de la isla (mapas 5,6,7).

Mapa 2
cartografía social de la diversidad agroalimentaria en San Andrés.
Fuente: Grupo Derecho y Política Ambiental, Universidad Nacional de Colombia, 2019

Mapa 3
mapeo comunitario de la diversidad agroalimentaria en San Andrés.
Fuente: Grupo Derecho y Política Ambiental, Universidad Nacional de Colombia, 2019

Mapa 4
agricultores/guardianes de semillas de San Andrés.
Fuente: Grupo Derecho y Política Ambiental, Universidad Nacional de Colombia, 2019

Mapa 5
diversidad silvestre en San Andrés.
Fuente: Grupo Derecho y Política Ambiental, Universidad Nacional de Colombia, 2019

Zona norte

En la parte norte de la isla o North End se asentaron mayoritariamente los migrantes de la Colombia continental. Esta zona es, entonces, la más urbanizada a partir de la sustracción de tierras agrícolas y el desecamiento de humedales para la construcción de proyectos de vivienda, comercio y el aeropuerto. Como se observa en el mapa 6, esta es la zona de San Andrés donde hay menos agrobiodiversidad.

No obstante, los guardianes de semillas identificaron un agricultor comercial de importancia, Mr. Olostino Escalona, quien se dedica al cultivo de caña de cuatro variedades (Borbón, Ribbon, Bogotá y Paddy). Así mismo, ubicaron dos zonas de diversidad frutícola silvestre con walks de jumbalee (grosella) en la Catedral Sagrada Familia y de hobo, mango, tamarindo y aguacate en la Clínica Villa Real.

Mapa 6
diversidad agroalimentaria en la zona norte (North End).
Fuente: Grupo Derecho y Política Ambiental, Universidad Nacional de Colombia, 2019

Zona Central / La Loma (The Hill)

En la zona central de la isla sobresale La Loma, un asentamiento predominantemente raizal sobre una colina de 120 metros –el lugar más alto de la isla–. La Loma es el centro político, religioso y cultural raizal con su arquitectura típica anglo-afro- caribeña y la Primera Iglesia Bautista, la más antigua de San Andrés. La Loma es también donde se conserva gran parte de la agricultura de subsistencia de la isla. El relleno sanitario Magic Garden y la base naval de la Armada Nacional son las dos obras de infraestructura más importantes que han sustraído tierras para la agricultura raizal y han afectado la biodiversidad.

Como se observa en el mapa 7, la diversidad alimentaria silvestre en la zona central se concentra en la Laguna Big Pond y el Parque Regional Manglares de Old Point. En la Laguna Big Pond, ubicada en La Loma, hay walks de aguacate, caña fístula y mango; y en los manglares de Old Point, frente al Hotel Marazul, además de la diversidad de fauna propia de este ecosistema, se encuentra un walk de icaco.

Otros lugares de diversidad alimentaria silvestre importante son las instituciones públicas y privadas. En la cartografía social sobresalió el ancianato (walks de aguacate y piñuela/pinwing), la Iglesia de San Francisco de Asís (walks de mamey y mango) y el Jardín Botánico de San Andrés. Así mismo, hay walks en lotes abandonados/públicos o en las calles en Harmony Hill (mamoncillo, naranja agridulce, ciruela, árbol del pan y algodón ancestral); cerca al relleno sanitario de Magic Garden (guadua, mango, cacao); en Mount Pleasant (piñuela/Pinwing); y matorrales de matarratón, totumo y sulsul en varios lugares.

Mapa 7
diversidad agroalimentaria en la Zona Central / La Loma (The Hill) .
Fuente: Grupo Derecho y Política Ambiental, Universidad Nacional de Colombia, 2019

En cuanto a la diversidad cultivada, se identificaron dos tipos: aquella de los agricultores comerciales y la de los guardianes de semillas. A diferencia de estos, los agricultores comerciales se especializan en unos pocos cultivos principalmente para el mercado local con muy poco autoconsumo y, por tanto, sus fincas contienen menos agrobiodiversidad.

La agricultura comercial está representada en cultivos de mango dulce de Diana Forbes, cacao de Jorge Muller, caña de Darío Jessie y la producción de la familia Gordon en el Cove con caña (white, Bogotá y ribbon), yuca (6 months y black stick), banano, plátano (miedin, jas, 500, two bunch), ñame (costa rica), papa dulce, patilla y mossmelon, maíz amarillo, pepino, pimentón y tomate.

En cuanto a guardianes de semillas, realizamos la cartografía social con George y Richard en La Loma. George cultiva en un pequeño patio casero una gran cantidad de variedades: caimito, Bird y Basquet pepper, juneplum, plátano, sulsul, algodón y cacao ancestrales, breadfruit, craabo y neem, entre otros. Richard cultiva una gran variedad de frutales (mango, tamarindo, aguacate, coco, caimito, ciruela), nueces como el marañón y conserva el cangrejo black land, endémico de la isla. Su idea es fundar una posada nativa cuyo atractivo sea el turismo agroalimentario para que sus huéspedes pueden conocer sobre la diversidad agrícola de la isla.

Zona Sur / South End

Mapa 8
diversidad agroalimentaria en South End.
Fuente: Grupo Derecho y Política Ambiental, Universidad Nacional de Colombia, 2019

En la zona sur se ubican el 60 % de los agricultores comerciales de la isla cultivando principalmente yuca, papa dulce, ñame, caña, sandía, mossmelon y soril. En cuanto a la diversidad silvestre, se ubicaron walks de mango, breadfruit o árbol del pan, tamarindo, naranja agridulce, coco y mamey en diversos lugares como Piscinita, Elsy Bar, Tom Hooker y Lever South End.

Matrices de diversidad biocultural: territorialidad e identidad raizal

A partir de la información recogida en el trabajo de campo en San Andrés y Providencia, se construyó una matriz de diversidad biocultural que sistematiza las variedades para algunas especies cultivadas en las fincas y patios de los guardianes de semillas (ver Tabla 1).

Tabla 1

matriz de diversidad biocultural.

Fuente: elaboración propia y Ministerio de Cultura, 2016

Los patios raizales son un espacio muy importante de conservación de la diversidad biocultural de las islas. Estos patios son aledaños a la vivienda y tienen una gran variedad de especies para la alimentación y medicinales, en un arreglo de policultivo marcado por el uso de la alelopatía o las asociaciones benéficas entre plantas. La Tabla 2 es un ejemplo de la diversidad biocultural de los patios raizales.

Las plantas y semillas que custodian los guardianes y agricultores de San Andrés y Providencia, nos remiten a la historia y cultura raizal. Por ejemplo, la raíz china (China root) de Providencia que conserva y comercializa la cooperativa Sjogreen, es testimonio de la migración de población de ese país a las islas a principios del siglo XX. Igualmente, el árbol del pan (Breadfruit) y el algodón ancestral de las islas son remanentes de la economía esclavista británica en el Caribe. El árbol del pan, por ejemplo, fue traído de Asia por los británicos para alimentar los esclavos de las plantaciones de algodón en el Caribe, y llegó a San Andrés, probablemente vía Jamaica.

Tabla 2

variedades del patio de Richard.

Fuente: elaboración propia

El coco es una especie importante en la alimentación con al menos tres variedades: Alto Caribe, Enano Malayo e Híbrido entre las dos anteriores. La conservación de estas variedades es importante porque tienen distintos usos alimenticios y culturales. El Alto Caribe –llamado así porque mide entre 15 y 20 metros–, se encuentra distribuido por toda la isla. Esta variedad es de pulpa gruesa y abundante y, por tanto, especialmente adecuada para hacer aceite de coco. El Enano Malayo–que sólo alcanza entre 2 y 5 metros de altura y se encuentra principalmente en los patios caseros, las playas y las zonas verdes de instituciones públicas–, es apreciado para preparar cócteles y artesanías. El Híbrido, entre 7 y 8 metros de altura, no crece silvestremente, sino que es mayoritariamente sembrado en la isla. Se usa principalmente para extraer el agua de coco dada su abundancia frente a las otras dos variedades (funcionario Secretaria de Agricultura del Archipiélago, comunicación personal, 9 de mayo de 2019).

La diversidad biocultural también ilustra sobre la estrecha conexión entre agricultura y territorio/maritorio raizal. Para el pueblo raizal, el territorio/maritorio es fundamental para definir el ser raizal en relación no solo con las islas de San Andrés y Providencia, sino con los cayos y el mar: «without territory we are no one, and we aren’t Raizal. Territory includes the sea, the keys, the shore, the banks, all what God gave us to live on and sustain ourselves, our children and grandchildren» (Richard, comunicación personal, 26 de febrero de 2019). Por esta razón, es tan importante mantener la agricultura y la pesca raizal como parte fundamental de la identidad, las relaciones territoriales del pueblo raizal y los modelos propios de subsistencia:

traditional fishing and agriculture, because that is our most important lifestyle, I would say. If we forget that or put it aside, we will end up been nobody. We will forget our culture, our roots, where we come from. So by keeping it, we will keep been ourselves and we will continue developing ourselves in our way. (Richard, comunicación personal, 26 de febrero de 2019)

El territorio/maritorio es un espacio tanto geográfico como afectivo y social, donde se desarrolla la vida en comunidad a partir de la agricultura y en conexión con las plantas nativas y criollas del archipiélago: Territory is love. Plant and share, live and share, and love one another; that is territory for me (Lucila, comunicación personal, 26 de febrero de 2019).

Finalmente, la diversidad biocultural evidencia las relaciones sociales de la comunidad raizal con otros pueblos anglo-africanos del Caribe occidental. Por ejemplo, Pedro me mostró la yuca plateada (Silver cassava) que es «precoz, tolerante a la sequía, de rápida cocción y buen sabor». Ante mi pregunta sobre cómo la había conseguido, me respondió que se la trajeron de las Corn Islands (Islas del Maíz), testimonio de la «dinámica social sin fronteras del mesocaribe», refiriéndose a las fronteras de los Estados-nación (Pedro, comunicación electrónica, 3 de marzo de 2019).

Conclusiones

El archipiélago de San Andrés y Providencia es un caso de la pérdida de seguridad y soberanía alimentaria en Colombia. Esto se debe a procesos en el marco del colonialismo interno promovido por el gobierno colombiano e, interrelacionado, a poderosos intereses geopolíticos globales. Los efectos del colonialismo interno, especialmente a partir de la declaración de San Andrés como Puerto Libre en 1953, fueron la migración masiva desde la Colombia continental, la urbanización, la expansión del comercio y el turismo de resort, los proyectos de exploración de hidrocarburos en las plataformas marinas cercanas a los cayos, el acaparamiento de tierras, aguas y playas, y la degradación ambiental con la desecación de manglares, la deforestación y el inadecuado manejo de los acuíferos y manantiales de las islas.

En cuanto a los intereses geopolíticos globales, tenemos principalmente a Estados Unidos y más recientemente a China, así como a empresas transnacionales, en una disputa por el control del comercio mundial –vía el Canal de Panamá o el proyecto de canal interoceánico en Nicaragua– y de recursos estratégicos y minero-energéticos como el petróleo y el gas de plataformas marinas. Aunado a esto, se tiene el fallo de la Corte Internacional de la Haya respecto a la disputa entre Colombia y Nicaragua, también cruzado por intereses geopolíticos imperiales (Toro Pérez, 2015).

Tanto los fenómenos asociados a intereses imperiales como al colonialismo interno –además de los efectos del cambio climático– configuraron la crisis de la agricultura y pesca raizal a partir del acaparamiento de tierras y aguas; la falta de mercados, créditos subsidiados e infraestructura y gestión adecuada del agua; y la imposibilidad de competir frente a las importaciones masivas de alimentos de la Colombia continental, Estados Unidos y países centroamericanos. De esta manera, las islas, pero sobre todo San Andrés, ven gravemente amenazada su soberanía alimentaria y configuraron su sistema alimentario alrededor de una dieta neoliberal y la prevalencia de desiertos de comida, en especial en las zonas mayoritariamente habitadas por raizales.

Si bien iniciativas como el Jardín Botánico de San Andrés o las cooperativas promovidas por la cooperación internacional son importantes, consideramos que son los guardianes de semillas y agricultores comerciales los que conservan en mayor medida la diversidad agrícola de San Andrés y Providencia y las tradiciones alimenticias raizales. Ellos y ellas son testimonio de que la producción agrícola en las islas continúa siendo viable a pesar de los problemas mencionados. Esta producción debe ser apoyada y fomentada desde el Estado y los sectores no agrícolas de la isla (como el turismo), por su importancia para la soberanía alimentaria local, y por ser una producción orgánica familiar de alta calidad y relevancia cultural.

La investigación de campo demuestra que existe una rica diversidad biocultural, expresada en prácticas y saberes tradicionales raizales como los abonos y el manejo del agua. En las islas se mantienen especies nativas, criollas y creolizadas de pancoger (yuca, ñame, caña, papa dulce, plátano, árbol del pan, maíz) y frutales (mango, tamarindo, caimito, anón, guanábana, papaya, cítricos, ciruelas, aguacate). Sin embargo, se ha perdido diversidad por ejemplo de mango y sandía nativa resistente a la sequía, lo cual es preocupante sobre todo en escenarios de cambio climático. Así mismo, se ha interrumpido ampliamente el intercambio de semillas y alimentos entre el pueblo raizal y los que habitan a lo largo de la costa y en las demás islas del Caribe.

La matriz de diversidad biocultural, la cartografía social y el resultante mapeo comunitario muestran la estrecha relación entre diversidad biológica y cultural en el archipiélago que caracterizan el territorio/maritorio raizal. Por otro lado, la importancia de la agricultura local se da en términos de una cultura alimentaria saludable y culturalmente relevante que reduce la dependencia del mercado, de los ingresos monetarios y de las condiciones indignas del trabajo por fuera de la agricultura.

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Notas

Notas de autor

Información adicional

Cómo citar este artículo: Gutiérrez Escobar, Laura (2019). Diversidad biocultural, agricultura raizal y soberanía alimentaria en San Andrés y Providencia (Colombia). Tabula Rasa, 32, 195-225.